¿Cuánto dinero se puede ingresar en el banco sin justificar en 2021?

Ingresar un dinero que se tiene en metálico es una práctica habitual del día a día. Todo el mundo guarda ciertas cantidades en casa, ya sea para emergencias o porque prefiere tener ese dinero a mano, pero en cualquier momento puede resultar recomendable hacer un ingreso.

Cuando se introduce en el cajero una cantidad no demasiado elevada, por ejemplo 200, 300 o 400 euros no suele haber dudas: el usuario efectúa la operación sin mayor reparo. 

Sin embargo, cuando se habla de una cifra mayor, como puede ser el caso de 1.000 o 2.000 euros, suele aparecer una pregunta: ¿cuánto dinero se puede ingresar en el banco sin justificar?

Para responder a esta cuestión primero hay que tener en cuenta que tanto el Banco de España como la Agencia Tributaria llevan a cabo una vigilancia minuciosa de las transacciones económicas que se realizan, para así poder combatir la economía sumergida y la evasión fiscal.

Esto supone que los movimientos bancarios de los usuarios quedan bajo esta vigilancia. Si bien el cliente de una entidad puede ingresar el efectivo que considere oportuno, lo cierto es que resulta muy recomendable tener una justificación de la procedencia de este patrimonio.

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Lo habitual es que un ingreso bancario no levante sospechas si es inferior a 3.000 euros, pero una vez que se supera esta barrera la Agencia Tributaria puede abrir una investigación, pedir información a la entidad bancaria y en última instancia contactar con el usuario.

Una de las formas de justificar estos ingresos es declarando el dinero que tienes guardado en casa en la declaración de la renta, ya sea como rendimientos del trabajo, capital mobiliario o inmobiliario o actividades económicas.

El banco no va a poner impedimentos cuando ingreses una cantidad superior a a 3.000 euros, pero sí que va a notificar de este movimiento al Banco de España y a la Agencia Tributaria, por eso debes tenerlo justificado.

En caso de que no puedas demostrar la procedencia del dinero, Hacienda puede considerar que se trata de una carga patrimonial no justificada. Las sanciones en estos casos están contempladas en la Ley contra el blanqueo de capitales, y oscilan entre los 60.000 y los 150.000 euros.