Cuenta atrás para que la tasa Google española entre en vigor: la OCDE asume que no habrá acuerdo hasta mediados de 2021 y Francia exige a la UE que dé "ejemplo"
- La tasa Google ya ha sido publicada en el BOE y entrará en vigor a mediados de enero de 2021.
- Ahora la OCDE dice que el acuerdo global se demorará hasta mediados del año que viene, lo que deja el impuesto español descubierto.
- Francia urge a la Unión Europea a que tome la iniciativa y trabaje en su propia tasa Google comunitaria.
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El BOE publicó este viernes el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. En pocas palabras: la tasa Google.
La nueva norma contempla su entrada en vigor 3 meses después de que se publique, por lo que cabe esperar que España empiece a gravar el 3% de varios ingresos de las multinacionales tecnológicas por sus actividades en el país a partir del 16 de enero.
Pero, a pesar de que ya existe el instrumento jurídico, todo está en el aire.
A principios de esta semana la OCDE concluyó que no habría un consenso global sobre este nuevo impuesto, como mínimo, hasta mediados de 2021. De apurarse los plazos, el nuevo impuesto español entraría en vigor, como poco, 3 meses antes.
Francia tiene aprobada su impuesto a servicios digitales —conocida como tasa GAFA, por el acrónimo de Google, Apple, Facebook y Amazon— desde finales del año pasado. Sin embargo, no ha comenzado a aplicarse, a expensas de cómo se desarrollen las negociaciones a nivel mundial.
Y a expensas, también, de las amenazas de Trump.
Algunos editoriales de medios franceses, como Le Monde, plantean al Gobierno de Macron que no se embarque solo en una guerra comercial con Estados Unidos para la que no cuenta con medios. Que espere a Europa.
El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, llamó hace poco a que la Unión Europea adoptase de forma urgente un impuesto digital para las grandes tecnológicas. "O se acepta otra prórroga de meses, quizá de años, o se considera que los impuestos sobre actividades digitales son urgentes y en este caso Europa da ejemplo".
"Consideramos indispensable que Europa dé ejemplo y adopte un impuesto digital tan pronto como sea posible", incidió, en unas declaraciones que recogió Reuters.
Sin acuerdo, de momento, a nivel global. A principios de este 2020 los 137 países que integran la OCDE se pusieron de acuerdo, irónicamente, en ponerse de acuerdo. La Comisión Europea había amenazado con explorar su propio impuesto apenas unos días antes. También lo hizo en agosto y el mes pasado.
Finalmente, a mediados de octubre la negociación encallaba. Aunque en un principio el acuerdo debía alcanzarse a finales de este 2020, la OCDE reconocía hace apenas unos días que no, que finalmente el acuerdo se tomará bien entrado 2021.
La OCDE teme el estallido de guerras comerciales por impuestos unilaterales
Los siguientes movimientos a esperar son los de la propia Comisión Europea, ahora que la OCDE se ha ratificado en su retraso, y ahora que Francia urge a las instituciones comunitarias a no seguir esperando.
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La propia OCDE se pregunta qué sucederá con países como Reino Unido, Francia o España, que esperan comenzar a recaudar este nuevo impuesto. En el caso del Gobierno de Pedro Sánchez, a partir del próximo mes de enero.
"La ausencia de una solución no consensuada podría provocar que nazcan impuestos a servicios digitales de forma unilateral, lo que aumentaría las tasas dañinas y las guerras comerciales, minando la certidumbre y la inversión", recogía en un comunicado la propia organización del que se hacía eco la CNBC.
"Bajo el peor de los escenarios —una guerra comercial provocada por impuestos digitales en todo el mundo— el fracaso al alcanzar un acuerdo podría reducir el PIB global un 1% cada año", detallaba.
En este marco, las autoridades europeas ya están trabajando en una norma comunitaria, la Ley de Servicios Digitales. Financial Times apuntaba la semana pasada cómo la Comisión Europea estaría creando una lista de grandes 20 corporaciones tecnológicas que tendrán que cumplir con regulaciones más exhaustivas que el resto de empresas del Viejo Continente.
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, defendía en una entrevista en el diario El País que los miembros de esta lista serán compañías "en función de sus características", y formarán parte de la lista por las mismas, "no por el lugar de su sede central".
"Quizá sea una vieja costumbre europea, pero aquí cuando creces en tamaño y poder también aumentan tus responsabilidades", zanjó.
España ya ha movido ficha. Ahora cabe esperar que sea la Unión Europea y la OCDE la que lo hagan. Las negociaciones se tensaron a principios de verano, hasta el punto de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, amenazó a los países que implantasen el impuesto con "consecuencias".
El movimiento de la Administración Trump provocó una respuesta diplomática de varios ministros de Finanzas y Hacienda de los países aludidos, entre los que se encontró la ministra portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero.
Las críticas dentro de España
Reuters
Dentro de España, la tasa Google también ha tenido detractores. Adigital, patronal española de la economía digital, lamentaba en un comunicado de prensa la aprobación de un impuesto de este tipo de forma unilateral.
"Medidas fiscales de este tipo adoptadas en el pasado han demostrado generar una fuerte inseguridad jurídica para ciudadanos, empresas e inversores; suscitando además serias dudas sobre su impacto en términos recaudatorios", denunciaron.
Adigital volvió a referirse a un informe elaborado por la consultora PwC, la propia Adigital y AMETIC, en el que se alertaba de que el impuesto provocaría un impacto de hasta 665 millones de euros en los consumidores españoles, ahora que las empresas digitales actualizarían tarifas por el uso de sus servicios.
Según el mismo documento, las compañías españolas de estos servicios digitales ahora gravados verían reducidos sus beneficios "entre 450 y 562 millones de euros".
Para Adigital, el impuesto "fracciona el Mercado Único europeo y el Mercado Único Digital" y asegura que supondrá "un claro obstáculo para la participación de nuestro país en el debate internacional".
Gravará en un 3%, en concreto, estas 3 concretísimas actividades económicas:
- La prestación de servicios de publicidad online.
- Los servicios de intermediación en línea.
- La venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.
Las empresas que se verán afectadas serán aquellas que ingresen más de 750 millones de euros al año a nivel mundial, y cuyo negocio en España genere más de 3 millones en el mismo periodo.
El propio presidente del Gobierno, en rueda de prensa, advertía a finales de mayo lo siguiente: "Nosotros lo que dijimos es 'vamos a esperar a que decida la OCDE', que inicialmente iba a ser a finales de este año cuando se planteara esa imposición a corporaciones que, insisto, no están pagando impuestos, no los pagan como los autónomos, no los pagan como las pequeñas y medianas empresas, y por tanto introducen una distorsión en el mercado muy importante".
Mariangela Marseglia, country manager de Amazon para España e Italia, también tuvo consideraciones sobre la nueva tasa Google española en una entrevista con Business Insider España: "Estamos absolutamente a favor de una solución compartida dirigida por la OCDE". "Si un gobierno hace algo solo, de manera aislada, creará un terreno de juego desigual".
Igualmente Uber o el expresidente de Cabify para Europa han mostrado su disconformidad con este nuevo impuesto en estas páginas. El primero por entender que la tasa se debería centrar en multinacionales, y no en compañías digitales. Este último, porque cree que el impuesto podría resultar "contraproducente".
Algunas compañías ya han comenzado a subir sus tarifas a clientes ante la eventualidad de nuevos impuestos.
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