Las dos caras del impuesto al carbono en frontera que quiere poner en marcha la Unión Europea para alcanzar una economía descarbonizada

El Pacto Verde ha sido el estandarte de la presente candidatura de la Comisión Europea. En un momento marcado por el impacto del coronavirus, los Estados miembro han hecho de la transición energética su palanca de crecimiento.

“El Pacto Verde europeo es el programa estrella de la Unión Europea. Una estrategia que también es económica y se tiene que adaptar a una realidad que ha cambiado en los últimos meses de forma dramática por la crisis sanitaria y el shock económico más profundo desde 1929”, dice el diputado del Parlamento Europeo, Javier López, en la jornada Pacto Verde y transición Ecológica organizada por el Real Instituto Elcano. 

Se trata de “la primera revolución industrial predecible pero también es incierta”, señala la investigadora del organismo, Lara Lázaro. Son múltiples los mecanismos regulatorios sobre la mesa para garantizar el cumplimiento del los objetivos de descarbonización de la economía de cara a 2050. Uno por el que apuesta con fuerza la Comisión Europea es la tasa al carbono en frontera. Se trata de un arancel a los bienes importados que utilicen en su proceso productivo tecnologías muy intensivas en CO2.

Su objetivo es evitar el dumping medioambiental y se suma a la intención de la Unión de establecer un impuesto a la generación de CO2 en la producción europea. La lógica tras ello es que la UE tendría una producción nacional más limpia, pero si otros países quisieran vender sus productos dentro de la Unión, deberán pagar un arancel o contaminar menos. De esta forma, los bienes importados de fuera de la UE que no cumplan con los estándares de descarbonización deberán que pagar más impuestos.

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El mercado europeo de emisiones se creó con el propósito de reducir las emisiones de CO2 de las industrias más contaminantes. Sin embargo, este mercado sólo cubre el 45% de las emisiones de carbono. Su alcance es limitado por los sectores sobre los que se aplica y, precisamente por ello, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, propone la expansión de estas medidas a otros sectores difusos como el transporte.

Ante esta coyuntura se plantea el impuesto al carbono en frontera. Un mecanismo con el que se trata de evitar la fuga de carbono de otros países, según explica Lázaro. “Nosotros tenemos estándares medioambientales altos y otros países estándares medioambientales bajos. Esta medida evitaría perjudicar a nuestras industrias porque estemos importando productos desde fuera que no estén sujetos a los mismos estándares ambientales”.

La medida serviría para corregir irregularidades en las que ya se incurren actualmente. El ejemplo lo pone López: “En España estamos cerrando térmicas porque emiten demasiado carbono para producir energía. En cambio, estamos comprando electricidad fuera a países que abren térmicas que emiten más CO2 que las que nosotros cerramos”, expone la contradicción el eurodiputado. “Para evitar esto necesitamos que el precio tenga en cuenta las emisiones de carbono, si no lo que estás haciendo es importar emisiones de CO2”.

La experta del Real Instituto Elcano señala que la Organización Mundial del Comercio contempla ciertas casuísticas en las que se puede tener en cuenta el aspecto medioambiental sin discriminar injustamente y sin que disminuya el comercio internacional. 

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Y en un paso más, Lázaro pone sobre la mesa la controversia: “Se critica el uso del medioambiente para promover una política económica proteccionista. Tenemos que tener las reglas claras”. A lo que se refiere es que el impuesto al carbono en frontera debe tener en cuenta la dimensión exterior. De hecho, China ya advirtió a Europa de que tuviera cuidado con el impuesto en frontera porque puede reducir el consenso internacional en cambio climático y la buena voluntad de avanzar en esta ambición. 

Pero hay otros instrumentos regulatorios múltiples que ayudarían a promover la descarbonización, como el mandato y control con estándares que deben cumplirse. “Se usa mucho en política ambiental y climática porque está alineado con el sentido del bien y del mal”, explica Lázaro. La experta insta a las empresas a internalizar el precio del CO2, “la teoría económica dice que tienen que hacerlo”, señala. 

La UE necesita poner en marcha política económica exterior para aumentar su peso geopolítico. En este contexto, China ha corregido su desviación y se ha marcado ser cero emisiones —que no cero emisiones netas— en 2060, mientras Estados Unidos, por su lado, se ha retirado del Acuerdo de París. 

El Pacto Verde Europeo llega con la mente puesta en que las emisiones de CO2 provienen del sector energético, por eso la electrificación es un paso en esta dirección, la vivienda, como fuente de emisiones de efecto invernadero, el transporte, responsable de una cuarta parte de las emisiones y la industria, con ejemplos relevantes como la industria agro. “Habrá que regular una hoja de ruta para cada área”, señala el eurodiputado. 

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Pero otras industrias son responsables de grandes emisiones: la textil, la siderúrgica y la química, “que tienen un impacto muy importante en España”. Sobre la mesa está el debate de que la transición energética sea justa a nivel social. La Comisión Europea ha creado un fondo de transición justa para regiones como las que dependen de la minería o del carbón. 

La transición se pone en marcha, es la carrera por el espacial del siglo XXI, según López, el cambio más importante desde la revolución industrial, dice Lázaro. El plan de recuperación europeo supone un importante paso por la mutualización de la deuda y los 750.000 millones que se pagarán hasta más allá de mediados de siglo que se alcance el objetivo de emisiones netas cero. 

Así es que para modernizar la economía, se requiere de un pensamiento estratégico a largo plazo “para construir inversiones con un impacto positivo a largo plazo, concertación política y público-privada e interlocución institucional entre Gobiernos, comunidades autónomas, ayuntamientos y la Unión Europea”, concluye el eurodiputado.