Varios expertos analizan las opciones que tiene el Gobierno de España para bajar el precio de la luz

En 2017, según la OCU, el precio medio de la luz en España fue de 52,24 euros/MWh. Subió a 57,29 euros en 2018 y se redujo hasta los 47,68 euros en 2019. En lo que va de marzo de 2022, no ha bajado de los 200 euros ningún día y, en la gran mayoría, se ha ido por encima de los 250.

Y eso que, tras marcar su máximo histórico el pasado 8 de marzo (544,98 euros/MWh), comenzó una tendencia bajista que le hizo reducirse hasta en un 62%. 

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Por si la tormenta no era lo suficientemente perfecta en 2021, el año en curso ha llegado con una guerra en el corazón de Europa, cuyos efectos causa temor pronosticar. 

En esta tesitura, el Gobierno de España baraja diversas medidas que sean capaces de abaratar los precios de la electricidad. Correcciones que ciudadanos y empresas reclaman ante una situación que comienza a antojarse crítica. 

Bajar impuestos y detraer los beneficios caídos del cielo de las eléctricas

El Gobierno ya ha maniobrado para tratar de atajar el impulso en el precio de la luz. En septiembre de 2021 decretó una bajada de impuestos con la que, en palabras de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se iba a lograr una reducción del 30% en la factura de la luz. No fue así. 

A pesar de que España tiene un porcentaje de impuestos de los más bajos de Europa, el profesor de EAE Business School Víctor Ruiz Ezpeleta considera que incidir en esta rebaja fiscal es la fórmula más efectiva. La mitad de la factura de la luz son impuestos, señala, “por eso en España ha subido más que en otros sitios, porque ha aumentado la parte de la producción y no la de los impuestos”. 

Cuando el Ejecutivo estatal anunció la reducción impositiva, también se comprometió a detraer los conocidos como “beneficios caídos del cielo de las eléctricas”, pero finalmente la medida no salió adelante. 

Hay que recordar que las 4 compañías con más cuota de mercado en España, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP sumaron unos beneficios netos de más de 7.200 millones de euros en 2021.

Fue un error no poner en marcha esta propuesta, sostiene Marcial González, investigador en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Carlos III de Madrid. 

España ya tenía implementada la medida, recuerda, “de hecho, hasta se publicó un real decreto, pero luego salió otro dando marcha atrás”. 

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En sus palabras, la presión ejercida por las eléctricas y por varios organismos con el argumento de que eso era una intervención del mercado fue clave para dar al traste con esta posibilidad. También, resalta, había un problema legal con los llamados acuerdos bilaterales: “Sólo faltó un poquito de voluntad y un último empujón”.

No cree que sea buena idea el inversor privado y formador en muchosingresospasivos.com, Antonio Fajardo. Para él, “más allá de cuestiones políticas, una intervención de este tipo tendría un impacto muy limitado, porque de cada factura las compañías no se llevan más de 5 euros. Ese no es el problema”. 

También le genera dudas a Ruiz Ezpeleta: “Si nos metemos a regular los beneficios de las empresas privadas, estamos manipulando, alterando, influyendo en el sistema capitalista que tenemos actualmente. ¿Hasta qué punto se puede influir en unos beneficios de unas empresas que están en el sector por eso? Si se hace, a lo mejor ya no les interesa estar”. 

Como una opción a valorar la ve Nacho Bautista, CEO de Fundeen, que se define como “una plataforma de inversión en proyectos de energía renovable para todos los bolsillos”. Este opina que se podrían detraer parte de esos beneficios “y usarlos para que los consumidores paguen menos”. 

Y no sólo los domésticos, indica, sino también las industrias, puesto que, “en un entorno de crisis logística y con los precios de las materias primas disparados, si además hay que hacer frente a unas facturas de la luz altísimas, hay muchas empresas que acabarán cerrando”. 

Sacar el gas del ‘pool’ eléctrico

En un sistema de fijación de precios marginalista, es la tecnología más cara (el gas) la que marca el precio de todas. Por ello, desvincular el gas del pool eléctrico es la medida que parece convencer más al Gobierno de España en pos de bajar el precio de la luz. 

Lo propuso en Europa en octubre de 2021 y la proposición fue rechazada. Meses después, con el agudizamiento del problema (potenciado sobremanera por la guerra en Ucrania), la UE ha empezado a barajar esta opción. 

Es más, Teresa Ribera señaló que confiaba en poder tomar esta medida el próximo mes de abril de 2022.

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“Sería un sistema más justo”, resalta Ruiz Ezpeleta, que, no obstante, ve difícil que se pueda implementar a corto plazo. 

No le convence a Marcial González, que sostiene que esto sería “alterar el mercado directamente”. Por añadidura, apunta que “no se ha sugerido ninguna fórmula, técnicamente viable, para sacar el gas del pool eléctrico”. 

Si se desvincula el gas, se pregunta el investigador universitario, “¿qué otra tecnología fijará el precio? Sólo nos quedarían tecnologías que generan de forma barata, se daría una canibalización de precios, las tecnologías bajarían por debajo de su coste marginal para intentar entrar y producirían a pérdidas”.

En concreto, lo que propuso España en octubre de 2021 para desvincular el gas fue que “el precio de la electricidad se obtuviera como un precio medio con referencia al coste de las tecnologías limpias inframarginales (principalmente las renovables). De este modo, el precio de la electricidad estaría directamente vinculado a los mix de producción nacionales, protegiendo a los consumidores de volatilidades excesivas y permitiéndoles participar en los beneficios que proporciona un mix de generación más barato”.

Poner un máximo al precio de la electricidad, limitar el del gas o subvencionarlo

Fue la propia Teresa Ribera la que, a la vez que se mostraba absolutamente confiada en poder tomar la medida sobre el gas y el pool de la electricidad en abril de 2022, también reconoció que antes habría que tomar otras medidas con carácter de urgencia. 

Por ejemplo, poner un precio máximo al mercado eléctrico, establecer un precio máximo al gas natural o subvencionar este. 

Días más tarde se habló de fijar un máximo para  el precio de la electricidad de 180 euros/MWh, aunque la medida ya ha sido descartada. 

Para Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, “hay una clarísima especulación con los precios de la electricidad. Poner un precio máximo de 180 euros era una tomadura de pelo y demostraría que el Gobierno de España está más preocupado por mantener tranquilos a los oligopolios eléctricos que por los consumidores”.

Lo que proponen desde FACUA, apuntó en declaraciones a Business Insider España, es establecer una tarifa máxima de 50 euros. Cantidad con la que, asegura, “la eólica, la solar, la nuclear y la hidráulica tendrían margen de beneficios de sobra y, si el gas fuera a pérdidas, se le podría compensar con una retribución que saliera del propio sistema eléctrico”. 

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Tampoco le veía futuro Marcial González, que, directamente, afirma que “es una medida que nació muerta, ya que carecía de base técnica. Se dio el titular, pero no se explicaba cómo. Ya se auguraba que no iba a salir adelante”. 

Asimismo, se muestra contrario a subvencionar el precio del gas: “Si incentivas algo, estás fomentando su consumo, y si incentivas el consumo de gas irás en contra de los objetivos de desarrollo sostenible”. 

No comparte su opinión Bautista, para el que, ya que el Gobierno de España está recaudando más impuestos con esta escalada en los precios de la luz, “se podía usar este exceso para subvencionar, por ejemplo, una parte del gas”.