La Defensora del Pueblo Europeo exige una revisión profunda de la relación entre las instituciones de la UE y los grupos de presión de las grandes tecnológicas a raíz de los 'Uber Files'

La Defensora del Pueblo Europeo Emily O'Reilly durante una intervención en el Parlamento Europeo en junio de 2021.
La Defensora del Pueblo Europeo Emily O'Reilly durante una intervención en el Parlamento Europeo en junio de 2021.

La reciente investigación del periódico The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), conocida como los Uber Filesha sacudido las instituciones europeas esta semana.

Gracias a la filtración masiva de miles de documentos y emails por parte de un ex alto cargo de la compañía de transporte californiana, se ha podido saber un secreto a voces en Bruselas; la campaña de lobby que Uber ha llevado a cabo durante los últimos años para presionar a los europarlamentarios y lograr que estos legislaran a favor de su modelo de negocio.

Ahora, mientras los grupos de centro e izquierda de la Eurocámara alzan la voz para denunciar estas prácticas de presión, son muchos los que piden una revisión profunda acerca de las relaciones de los altos representantes políticos en Europa y las grandes compañías, en este caso, tecnológicas.

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En Bruselas se ha construido alrededor de los órganos europeos todo un ecosistema de grupos de presión, tanto de compañías como asociaciones ciudadanas, que están radicados allí y mantienen constantes reuniones con los parlamentarios para hacerles llegar sus propuestas e intentar condicionar las votaciones de estos. 

Según un reciente estudio elaborado por la Corporate Europe Observatory y LobbyControl, 2 organizaciones dedicadas a investigar la influencia de las grandes compañías en Bruselas, los gigantes tecnológicos gastan 97 millones de euros al año y emplean a 1.452 personas, en sus campañas de presión.

Solo Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft destinan en conjunto 23 millones de euros en sus campañas de lobby en Europa. El triple que en 2013, cuando gastaban 7,3 millones.

Aunque la mayoría de las reuniones y encuentros entre empresas y políticos son siempre públicas y quedan registradas en la actividad parlamentaria de los eurodiputados, muchas, como ha sido en el caso de Uber, han sido a puerta cerrada, y poco se sabe de los acuerdos secretos que se han firmado en los despachos a espaldas de los ciudadanos o de cualquier escrutinio público.

Tras el escándalo de los Uber Files, La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha pedido en una carta abierta publicada en Social Europe, una revisión profunda del papel que juegan los grupos de presión sobre las instituciones europeas, ya que pueden socavar la confianza de los ciudadanos sobre sus representantes políticos. 

"Es necesario un cambio de cultura en la cúpula de la Unión Europea, pero también en las administraciones nacionales. Un enfoque laxo de las puertas giratorias o de los grupos de presión puede socavar gravemente la integridad de cualquier servicio público", ha denunciado O'Reilly en su tribuna.

La Defensora del Pueblo Europeo es un cargo homólogo en Bruselas del Defensor del Pueblo que tenemos en España. Esta figura es un órgano independiente e imparcial que se encarga de garantizar que las instituciones de la UE rindan cuentas, así como de promover la buena administración.

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O'Reilly ha subrayado la necesidad de una revisión profunda de la cultura de las instituciones de la Unión Europea, así de una mayor transparencia por parte de los organismos públicos de lo que sucede en Bruselas.

"Este cambio de cultura debe incluir también la voluntad de hacer frente a los nuevos retos, como garantizar que el público pueda seguir controlando la toma de decisiones en una era de información instantánea. La evidencia es que las instituciones de la UE todavía no están abordando esto de forma adecuada", ha recalcado.

"Debería ser obvio, pero los textos filtrados en el marco de las revelaciones sobre Uber demuestran por qué el registro de los mensajes de texto relevantes relacionados con el trabajo es tan esencial para el correcto escrutinio de la toma de decisiones", continúa O'Reilly en su carta.

La Defensora del Pueblo Europeo ha puesto especial énfasis en la facilidad con la que la compañía de movilidad tenía acceso a los altos funcionarios de las UE. Además, hace hincapié en el grave problema que suponen las puertas giratorias entre el sector público y privado.

Según se ha podido saber, gracias a los Uber Files, la exvicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes pasó a ser asalariada de Uber una vez finalizó su etapa como máxima responsable de política digital en el organismo público, y cumplir el período de inactividad que le exige la Eurocámara.

Sin embargo, según la investigación de The Guardian y el ICIJ, Kroes habría aprovechado su influencia política y sus redes de contacto, gracias a su pasado como dirigente europea, para beneficiar a la compañía e incluso fue partícipe de las presiones secretas al gobierno holandés para que regulase en favor de la compañía de transporte.

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Kroes se ha defendido alegando que no tuvo ningún comportamiento inapropiado y se limitó a mantener reuniones con diferentes representantes políticos. 

Varios expertos en transparencia, en cambio, ya han alertado de que la supuesta ayuda encubierta de Kroes a Uber, puede haber infringido las normas éticas de la UE.

"El cumplimiento de las normas éticas, la adaptación de las prácticas de transparencia a los modernos métodos de comunicación y la facilitación del seguimiento de la toma de decisiones de la UE por parte de los ciudadanos pueden aumentar la legitimidad democrática de la Unión y de las administraciones nacionales", ha señalado La Defensora del Pueblo Europeo.

"Las administraciones públicas éticas y responsables son la base de las democracias sanas", ha concluido.

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