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El déficit, la financiación autonómica o la 'tasa Google', los desafíos de Montero como ministra de Hacienda

María Jesús Montero
EuropaPress
  • La nueva Ministra de Hacienda tendrá que decidir si avanza en la línea de la tasa Google planteada por su antecesor Cristobal Montoro.

La que será nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tomará el relevo a Cristóbal Montoro en el departamento con el objetivo de déficit público del 2,2% del PIB comprometido con Bruselas como una de sus principales tareas, así como completar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y proyectar los del próximo ejercicio y tomar decisiones ante la reforma de la financiación autonómica pendiente.

La hasta ahora consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha sido elegida por el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ocupar la cartera de Hacienda, por lo que abandonará el Ejecutivo autonómico andaluz para tomar el relevo al popular Cristóbal Montoro, tras seis años continuados al frente del departamento ministerial.

Aunque es seguro que España saldrá este año del procedimiento de déficit excesivo en el que llevaba inmersa desde 2009, Montero tendrá que trabajar para conseguir cumplir la meta fiscal comprometida con la Comisión Europea, fijada en el 2,2% del PIB para este año, con lo que se deberá hacer un ajuste de unos 10.000 millones para rebajarlo del 3,07% en el que cerró 2017 al 2,2%, un requisito también para poder cumplir la meta de deuda del 97% del PIB.

De hecho, desde Bruselas y la AIReF han advertido ya del riesgo de posible incumplimiento del objetivo de déficit, especialmente por el aumento del gasto recogido en los Presupuestos de 2018 por el alza de las pensiones.

Para alcanzar la meta presupuestaria y hacer frente al aumento adicional en pensiones, Montoro había comunicado a Bruselas la intención de crear un impuesto a las grandes tecnológicas, conocido como tasa Google, que se estudiaría en el marco del Pacto de Toledo, por lo que la nueva ministra de Hacienda deberá decidir si avanza en esa línea impositiva u opta por otras medidas.

De igual forma, Montero asume la cartera de Hacienda en plena tramitación en el Senado de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, elaborados y aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero que el nuevo presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, avanzó que mantendrá tras haber conseguido el apoyo del PNV a su moción de censura. El PP ha decidido ahora presentar enmiendas a sus propias cuentas y retrasar el debate de totalidad, por lo que previsiblemente se dará la paradoja de que Montero tendrá que acudir a la Cámara Alta a defender las cuentas públicas del PP.

El presupuesto alternativo del PSOE a las cuentas del PP contemplaba un aumento del gasto adicional de 8.000 millones de euros, con una recaudación de 6.420 millones a través de subida de impuestos en materia medioambiental a empresas y rentas altas. También proponía hacer frente al gasto en pensiones cargándolo a los impuestos y crear dos nuevos tributos, uno a la banca y otro a las transacciones financieras.

Así, Montero deberá zanjar el asunto de los Presupuestos de 2018 y ponerse de inmediato a trabajar para conseguir los apoyos al techo de gasto de 2019, paso previo y necesario para las futuras cuentas públicas del próximo año.

Otro de los principales asuntos pendientes es el referido a la reforma de la financiación autonómica y local, en un contexto en el que el comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) (en donde Montero ha ocupado un asiento en los últimos años como consejera andaluza) ultimaba sus trabajos y el Gobierno de Rajoy iba a remitir un documento.

Entre las ideas de su antecesor, Cristóbal Montoro, se encontraba la reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas, a lo que se suma la asignatura pendiente de abordar la posible compensación a los ayuntamientos por la pérdida de los ingresos que recibía del impuesto municipal de plusvalía, después de que el Tribunal Constitucional determinase que no se puede aplicar dicho gravamen si la venta de la vivienda se cierra sin plusvalía, es decir, con pérdidas respecto a su valor inicial.

La nueva titular de Hacienda deberá gestionar también el levantamiento del control de las cuentas de la Generalitat de Cataluña, después de que el pasado sábado decayera la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

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