Una subida salarial del 3%: el nuevo índice en el que se fijan Gobierno y economistas para las negociaciones de un pacto de rentas

Un pacto de rentas con el que repartir los costes de la inflación. Este es el acuerdo al que se supone que empresarios y agentes sociales iban a llegar, impulsados por el Gobierno. Pero lleva semanas aparcado. La última reunión fue en julio.

La idea era alcanzar un pacto con el que toda la sociedad se apriete el cinturón en la misma medida, para que no haya ganadores y perdedores en esta crisis. Lo que no está claro es cómo fijar esa medida.

Después de darle muchas vueltas, y con la inflación disparada a niveles no vistos desde los años 80, todo apunta al deflactor del PIB, que ahora mismo está en el entorno del 3%.

El deflactor del PIB es el índice que se utiliza para medir qué parte del crecimiento de la economía se debe al aumento de precios. Los dos componentes principales del deflactor son los salarios y los márgenes empresariales. 

"Es un indicador que ha crecido menos porque los precios que se han disparado son principalmente de bienes que importamos, y los precios de importación no afectan de forma directa al deflactor", apunta Pedro Aznar, profesor del departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade.

Si actualmente el deflactor ronda el 3% significa que, en conjunto, salarios y márgenes no aumentan más de esa cifra. En cuanto al resto de la subida de precios, hasta llegar a la inflación del 10,5% actual, desde Economía explican que se trata de inflación que viene de otros países. 

En otras palabras: que gran parte del fenómeno inflacionista es importado y, en consecuencia, no tiene sentido tomar la tasa general de la inflación como base para una subida salarial. Mientras que el deflactor mide el aumento de precios exclusivamente dentro de nuestras fronteras.

En lugar de eso, fuentes del Ministerio de Economía ponen el foco en el deflactor del PIB como el índice más adecuado para medir el impacto de la subida de precios en la economía. Este es, de hecho, el porcentaje de subida que el Gobierno podría estar barajando para los salarios de los funcionarios.

"Me parece acertado, el deflactor es el termómetro de la inflación que generamos internamente. La diferencia con la inflación lo que nos dice es que una parte importante del incremento de precios viene de fuera (es importada). Eso supone una revisión más comedida y ajustada a la 'inflación' interna", resume María Romero, socia responsable del Área de Economía de Afi.

Antes, en tiempos de inflación raquítica, el Índice de Precios al Consumo (IPC) constituía la tasa de referencia a la hora de determinar una subida salarial: que los sueldos aumentaran más que el IPC era garantía de que los trabajadores mantenían su poder adquisitivo.

Pero eso fue antes de que la subida de precios le prendiera fuego a la economía.

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"El problema es que el IPC, que es el que se ha utilizado recurrentemente para revisar todo tipo de rentas, está en niveles muy altos. Una revisión acorde a ese nivel generaría efectos de segunda ronda perversos y, a la larga, un empobrecimiento y shock económico mucho mayor. No queremos entrar en ese escenario", explica Romero.

Según la última estadística de Convenios Colectivos publicada hoy por el Ministerio de Trabajo, los salarios pactados por convenio subieron un 2,6% hasta agosto, frente al 2,56% de julio, mientras que la inflación se disparó un 10,4%. Eso significa que el coste de vida crece 4 veces más que los salarios para pagarla. 

Hacía falta un pacto de rentas que fijara un reparto de cargas: las rentas y beneficios empresariales tenían que subir menos que la inflación. Pero, ¿cuánto menos?

El foco cambió a la inflación subyacente. Este era el índice que, hace unos meses, recomendaban muchos economistas. Al dejar fuera del cálculo las 2 partidas que más subían (energía y alimentos) los expertos pasaron a considerar esta tasa como la más adecuada para evitar la espiral de precios y garantizar cierta recuperación de riqueza.

Pero era cuestión de tiempo que también la inflación subyacente se disparara. El encarecimiento de la energía y los alimentos se extendieron a otros sectores y ya han contagiado a más de la mitad de la cesta de la compra. 

Ahora, con una inflación en el 10,5% y una tasa subyacente del 6,7%, el pacto queda huérfano de índices de referencia.

"La tasa subyacente ya está muy contaminada por la subida de la energía. Lo que necesitas es algo que no incorpore esas subidas. Si el deflactor va con cierto retraso, puede ser adecuado", coincide Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea. 

También Aznar está de acuerdo en que "utilizar el deflactor tiene sentido, porque contribuye a que el aumento de rentas y de márgenes sea más comedido, y por tanto puede ayudar a formar expectativas de precios futuros con algo menos de inflación, de ahí la propuesta".

El deflactor del PIB: un mal menor

Sin embargo, que no sea una mala opción no significa que anclar el pacto de rentas al deflactor sea la panacea. Los expertos consultados coinciden en que, si es una alternativa adecuada, es porque supone el mal menor.

"Desde el punto de vista del precio al consumo, que es lo más relevante para los salarios porque es lo que indica la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, el deflactor no es lo más indicado. Pero como queremos que no recoja subidas energéticas, esta opción es la menos mala", resume De la Fuente.

Utilizar el deflactor puede contribuir a moderar las expectativas de inflación. Sin embargo, llevará consigo una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. El inconveniente, según explica Aznar, es que, "al no reflejar los precios de importación y consumo, implica que hay pérdida de poder adquisitivo, porque el precio relevante para la cesta de la compra es el IPC".

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Lo ideal habría sido actualizar las rentas con la inflación subyacente, pero es demasiado tarde: la inflación se está incrustando en cada vez más productos, y la tasa subyacente ya se ha disparado a su mayor nivel desde principios de los 90.

"Es normal que estén buscando estrategias o indicadores que puedan servir. El problema es que estos indicadores no nos van acompañando, y vamos con retraso. Cuanto más tardemos, más nos costará doblegar la tendencia alcista de la subyacente. Actualizar rentas con la subyacente ahora, de hecho, generaría un problemón", avisa Romero.

La tasa subyacente, coincide De la Fuente, ha dejado de ser una buena referencia: "habría que haberlo anclado antes de que la subyacente incorporara las subidas".

Para Octavio Granado, colaborador de la Fundación Alternativas y ex secretario de Estado de Seguridad Social, "el tema no es tanto de indicadores, como de sentido común. Se trata de ver la capacidad que tienen sindicatos y empresarios de llegar a acuerdos concretos para un pacto necesario, y de que la sociedad entienda este pacto".

Esto último, enfatiza Granado, es clave. "Si se usa el deflactor del PIB, tiene que entenderlo la gente. La sociedad no debe aceptar una decisión que no conoce. El Ministerio tiene que explicarlo porque, si no se entiende, por útil que sea, la sociedad puede sentirse estafada".

El objetivo, añade, es: "si tenemos que salir de una espiral inflacionista apretándonos el cinturón, esto debe hacerse con la mayor transparencia, teniendo especial cuidado de las personas más vulnerables".

Ahora mismo, los sindicatos están pidiendo a los empresarios un aumento salarial del 3,5% este año, pero a cambio de incluir una cláusula de revisión salarial. Los empresarios aceptan esta subida, pero sin cláusula de salvaguarda.

El problema, matiza Granado, es que no es tan fácil, ni tiene tanto sentido, llegar a un pacto general de rentas. En su lugar, aboga por pactos concretos por sectores.

"Tiene más sentido común un acuerdo de rentas en la negociación concreta que en la general", apunta Granado. 

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Entre otras cosas porque, por mucho que CCOO y UGT pidan una subida salarial anclada a la inflación en la negociación colectiva con la patronal, luego firman convenios donde esa subida está por debajo en varios puntos. "Lo hacen porque las empresas, explicándoles su contabilidad y problemas reales, les indican que no pueden hacer frente a compromisos salariales mayores".

Esta situación lleva a que la CEOE esté pidiendo discutir este pacto en la negociación por sectores. En los que, además, conocen cuáles son las cartas que hay encima de la mesa.

"Mientras las patronales estén consiguiendo acuerdos sectoriales razonables, es normal que no sepan en qué salen ganando con un pacto general de rentas. Sobre todo si este pacto se vincula a otros acuerdos", añade Granado. Es el caso, por ejemplo, del SMI.

Con Granado coincide De la Fuente: "los salarios podrían subir un 3%, pero habría que repartir la carga por sectores, de forma que los mas intensivos en energía puedan repercutir a precios una parte de esa subida de costes, y los menos afectados sean solidarios y accedan a que sus márgenes crecerán menos para asumir un coste que en principio no les llega directamente". 

Si no llegamos a un acuerdo, avisa Granado, "las cosas se pueden poner peor en conflictividad laboral".