Deloitte, condenado a pagar 23 millones de euros por la auditoría fraudulenta de Autonomy

La auditora Deloitte ha sido condenada por un tribunal británico a pagar una multa récord de 15 millones de libras esterlinas más gastos legales de otros 5,6 millones (para un total de 20,6 millones de libras, unos 23 millones de euros) por la audición fraudulenta de Autonomy, un antiguo grupo tecnológico que protagonizó uno de los mayores escándalos contables del Reino Unido, según ha adelantado ha adelantado Financial Times.

Deloitte, una de las consultoras más reconocidas del mundo, no actuó con integridad, objetividad ni escepticismo profesional, dicen los letrados, a la hora de examinar los estados financieros de Autonomy. Contratados por el grupo en 2009, la auditora y dos de sus socios falsearon su evaluación de las cuentas de la empresa para favorecerla, desencadenando su desastrosa adquisición por parte Hewlett-Packard el mismo año.

Esto es, básicamente, que los auditores de Deloitte habrían trabajado en connivencia con los directivos de Autonomy —un importante cliente de la consultora— para ocultar pérdidas, inflar los ingresos y propiciar su venta a HP. Tras adquirirla, la ya desaparecida firma de hardware entró en pérdidas por asumir las calamitosas cuentas de la empresa.

A la venta del grupo le siguió una amortización de 8.800 millones de dólares (7.500 millones de euros) que HP se vio obligado a realizar a causa del valor de Autonomy. A la indemnización le siguió una investigación por fraude y sendos procedimientos judiciales en Reino Unido y Estados Unidos que culminaron en el encarcelamiento del ex director financiero de la entidad, Sushovan Hussain, y la instrucción del fundador, Mike Lynch.

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Además, el tribunal ordenó a Deloitte realizar su propio "análisis de la causa original" de esta conducta indebida y explicar por qué sus sistemas de prevención y protocolos de objetividad no evitaron "fallos graves y en serie" a la hora de realizar la fraudulenta auditoría.

Ahora, con la causa cerrada, el peso de la ley se ha ensañado con Deloitte, sí, pero también con varias personas físicas relacionadas con la compañía. Durante los años 2016 y 2017, el proceso se llevó por delante a dos de los socios de auditoría de la firma para Autonomy: el principal, Richard Knights, vetado de la profesión contable durante 5 años y multado con 500.000 libras esterlinas; y el auditor secundario, Nigel Mercer, penado con 250.000 libras y severamente reprendido.

Las penas son las más severas ordenadas contra una de las Big Four de contabilidad en el Reino Unido. En contexto, el ranking estaba liderado por el fraude de PwC en 2018, penado con 10 millones de libras por mala conducta en sus auditorías del minorista BHS. Finalmente, la multa se redujo a 6,5 millones de libras al llegar a un acuerdo con el organismo de control y a cambio de prohibir el ejercicio de socio principal de auditoría, Steve Denison, durante 15 años.

En lo que respecta a Deloitte, la auditora ha acumulado una amplia factura legal de 5,6 millones de libras para escabullirse de las sanciones, algo que evidentemente no han conseguido. Aún así, defiende la empresa a Financial Times, esta inversión les habría valido para reducir a la mitad las multas que de otro modo deberían haber pagado ante el tribunal.

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Lo cierto es que el equipo legal de la auditora lo tenía difícil. Ya en el inicio del proceso se descubrió que Deloitte había disfrazado importantes pérdidas de Autonomy en la venta de equipos informáticos al asignarlos indebidamente como costos de comercialización, por lo que su estrategia se basó en intentar "perder lo menos posible".

A raíz del hallazgo, el regulador independiente de Reino Unido (FRC) acusó a los socios auditores y al fundador de la firma de negociar con los ejecutivos de Autonomy y enturbiar las cuentas para favorecer a la empresa, una de sus más importantes y rentables clientes. En lugar de impugnar las cuentas, la auditora abogó por Autonomy y la benefició fraudulentamente.

"Las sanciones significativas [...] reflejan la gravedad y el alcance de las faltas de Deloitte y dos de sus antiguos socios en el cumplimiento de su deber de interés público", sentencia Elizabeth Barrett, consejera ejecutiva del FRC. "Los fallos identificados para actuar con integridad, objetividad, escepticismo y competencia profesional van hasta el corazón de la auditoría".

Por su parte, la respuesta de Deloitte no se hizo esperar para asegurar que la situación no es la misma que entonces.

"Lamentamos que el tribunal haya dictaminado que algunos aspectos de nuestro trabajo de auditoría sobre la autonomía entre 2009 y 2011 estuvieran por debajo de los estándares profesionales requeridos. Nuestras prácticas y procesos de auditoría han evolucionado significativamente desde que se realizó esta labor, hace ya más de una década, y seguimos transformando nuestra auditoría invirtiendo en controles, tecnología y procesos en toda la empresa", refleja en un comunicado.

Por su parte, y por medio de portavoces, Knights y Mercer aseguran estar "decepcionados" por la decisión del tribunal. "En todo momento creemos que actuamos profesionalmente, con diligencia y de buena fe, y estamos en desacuerdo con las conclusiones. Agradecemos el apoyo total e inquebrantable de Deloitte en este asunto", cierran.