Denunciar la corrupción sale caro y Europa quería evitarlo, pero así no: alertan a Bruselas de que la ley española llega al Senado con "graves deficiencias"

El Senado vota esta semana en Pleno la esperada ley de protección a los denunciantes, culminando así su proceso legislativo después de que el Congreso de los Diputados diese luz verde a la norma a finales del año pasado. 

Se trata de la adaptación a la legislación española de una directiva europea de 2019 conocida como directiva whistleblower y el nombre con el que se ha dado a conocer no deja mucho espacio a la imaginación. Es, en efecto, una norma que busca dar más garantías a aquellas personas que denuncien casos de corrupción y otras infracciones legales.

Sin embargo, desde la directiva europea a su transposición española se han quedado varias cosas por el camino. Tantas, que un grupo de expertos internacionales ha enviado una carta urgente a la Comisión Europea alertando de las "graves deficiencias" de la ley que las Cortes españolas se disponen a aprobar en cuestión de horas.

Dos organizaciones internacionales, The Signals y la Whistleblowing International Network (WIN, siglas en inglés de Red Internacional de Denunciantes), advierten en la misiva que dirigen a la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea de la preocupación que tienen por esta transposición, que llega un año tarde y, según denuncian, socavando el texto original.

En el escrito, piden a Bruselas que "intervenga con carácter urgente" y advierta al Gobierno español que está en "riesgo" de "incumplir" la directiva aprobada en Europa en 2019.

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Ambas entidades denuncian que el actual texto solo protege a los denunciantes de delitos "graves y muy graves", con lo que deja fuera "infinidad de otras conductas". La directiva europea, sin embargo, "estipula la protección de los denunciantes de abusos de poder o de cualquier otro asunto que amenace o perjudique el interés público".

Tal y como está redactado, el proyecto de ley que el Senado vota en el Pleno de este martes solo protegería a los informadores o denunciantes que sigan "canales oficiales", con lo que si un informador opta por alertar de un ilícito mediante otra vía no se vería protegido por esta norma. "La directiva no lo especifica [el uso de canales oficiales] en ningún momento".

Además, el proyecto legal español "no elimina la responsabilidad legal" de un informador, lo que el texto deja indefensos a ciudadanos como Hervé Falciani, conocido por publicar en 2015 una lista con hasta 130.000 posibles evasores fiscales, o a Edward Snowden, que dio a conocer la existencia de un programa clandestino de escuchas ilegales de la NSA estadounidense.

Aunque la directiva ampara y protege a dos tipos de denunciantes —los anónimos y los no anónimos—, la transposición tampoco establece "requisitos técnicos para los sistemas de denuncia" y "discrimina a quien opta por el anonimato". Además, "otorga a la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante amplios poderes para investigar sin mandato judicial".

Varias propuestas de enmienda ignoradas

X.net, una plataforma española en defensa de los derechos digitales y de los denunciantes de corrupción, forma parte de la Whistleblowing International Network. Como nodo en España de la WIN, X.net lleva semanas alertando de las carencias del proyecto que transpone la directiva europea, y remarcando qué mociones y enmiendas debían ser incorporadas al texto.

Antes de que el texto iniciara su recorrido parlamentario, X.net se pronunció sobre el anteproyecto que dio a conocer el Ministerio de Justicia en marzo del año pasado. Ya entonces, la plataforma denunció "gravísimos ataques a la libertad de información y a la gobernanza democrática" con aquel texto.

"Nuestras conclusiones desgraciadamente son que no se ha tenido suficientemente en cuenta los años de experiencia de las entidades que trabajamos el tema sobre el terreno, de países con más tradición —existen leyes desde 1776— e, incluso, la simple observación de los casos de informantes de corrupción y abusos de nuestro país", expusieron entonces.

Cerca de un año después la norma está a punto de recibir la luz verde en el Senado —el dictamen de la ponencia se aprobó en la Cámara Baja a finales de diciembre— y las previsiones de X.net sobre esta norma no son mejores.

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El Pleno del Senado votará esta semana el proyecto de ley, cuyo nombre oficial es el de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Sobre el texto, X.net vuelve a denunciar "la falta de voluntad política para enmendar un proyecto legal que pone en riesgo los derechos de los denunciantes".

"Esta ley, que debe ser una herramienta clave en la lucha contra la corrupción, acaba siendo un mero trámite para cumplir con la transposición, con retraso, que exige la Unión Europea. Además, por debajo de los estándares que estipula".

Tras una audiencia pública sobre el anteproyecto que tuvo lugar en marzo del año pasado, el Consejo de Ministros registró en septiembre del año pasado en el Congreso esta ley que transpone la esperada directiva europea. En cuestión de medio año la norma está a punto de culminar su tramitación. Lo hace por vía urgente, pero no satisfaciendo a los expertos en la materia.

Además de casos de corrupción, la transposición de esta directiva europea también abría una ventana de oportunidades para que el sector privado fuese más garantista con aquellos ciudadanos que querían denunciar malas prácticas en el ámbito de la ciberseguridad o las fugas de datos, protegiendo a los trabajadores anónimos que se animasen a tomar cartas en el asunto.

La inminente aprobación de este proyecto legal llega apenas unos días después de que Transparency International restase otro punto en su índice de percepción de la corrupción a España, con lo que el país volvía a caer al puesto 35, retrocediendo desde el año 2019.