Gobierno, sindicatos y patronal negociarán a partir del 17 de marzo la derogación de la reforma laboral tras el acuerdo sobre la ley de 'riders'

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

Ministerio de Trabajo y Economía Social

  • La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que, tras el acuerdo para la ley de riders, convocará a sindicatos y patronales el 17 de marzo para comenzar a negociar la derogación de la reforma laboral.
  • Ha asegurado que "hay muchas miradas sobre España" al ser el primer país de la UE que legisla sobre las condiciones laborales de los riders y que el objetivo es que la norma se aplique a todos los trabajadores de plataformas, aunque reconoce que "queda trabajo por hacer".
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Tras el octavo acuerdo del diálogo social en 15 meses, el Ejecutivo se prepara para iniciar las negociaciones con los sindicatos y las organizaciones patronales para uno de los platos fuertes de esta legislatura, la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral aprobada en 2012, que es además una de las principales promesas electorales de los 2 partidos de la coalición de Gobierno

Así, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves en una rueda de prensa sobre el acuerdo para la ley de riders que ha convocado el próximo 17 de marzo a los agentes sociales para iniciar la negociación sobre las modificaciones de la reforma laboral dentro de la mesa de modernización del mercado de trabajo para iniciar "la tarea de las reformas estructurales en nuestro país".

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Díaz ha destacado que a partir de la próxima semana, Trabajo y los agentes sociales retomarán las conversaciones que ya iniciaron en febrero, cuando se derogó el despido por bajas médicas justificadas antes del estallido de la pandemia, respecto a la negociación colectiva, en concreto abordando la prioridad de convenios sectoriales frente a los de empresa, las cláusulas de descuelgue y la ultraactividad de aquellos convenios que hayan caducado.

Además, la ministra de Trabajo ha afirmado que también se negociarán cuestiones como la subcontratación y otras que no forman parte del decreto pero que considera que "precarizan las condiciones de los trabajadores" y que "por primera vez se desarrollarán en España", además de las materias que forman parte de la agenda de reformas que el Gobierno envió a la Comisión Europea para activar la recepción de fondos comunitarios.

Las autoridades comunitarias apremiaron al Gobierno español a finales del mes pasado para avanzar en las reformas estructurales, especialmente en la derogación de la reforma laboral y en la reforma de las pensiones, antes de presentar en abril su proyecto definitivo de proyectos e inversiones que busca financiar con los fondos de recuperación de la pandemia de coronavirus que el país recibirá a partir del segundo semestre.

España, pionera en regular a los riders

De hecho, Yolanda Díaz ha destacado que la ley de riders que acaba de acordar su ministerio con los agentes sociales "forma parte de las 17 reformas estructurales que enviamos a Bruselas y con esta ya se han cumplido 4 de ellas", destacando que la Comisión Europea ya debatió en diciembre sobre las condiciones del trabajo en plataformas y concluyó que "es de máxima urgencia desplegar esta legislación", según la ministra.

Respecto a la ley de riders, Díaz ha felicitado a los agentes sociales por "elevar la mirada y propiciar el octavo acuerdo del diálogo social" y ha reiterado que se ha reconocido que "un trabajador que va por la calle con una bicicleta con un app no es un emprendedor", destacando que la legislación se acoge a la doctrina del Tribunal Supremo que dicta que esas relaciones laborales son ordinarias.

La ministra ha señalado que "hay muchas miradas sobre el país" al ser el primero de la Unión Europea que legisla sobre las condiciones laborales de los repartidores, que ha apuntado que "han sido declarados trabajadores esenciales durante la pandemia y han dado la vida por nosotros", destacando las muertes de riders en accidente laboral y la protección que la ley les otorga a partir de ahora.

Sin embargo, Díaz ha precisado que su ministerio no ha legislado los aspectos económicos de las plataformas, destacando que excede sus competencias y que "han venido para quedarse y es  es estupendo que haya formas nuevas de trabajo que dinamicen el mercado, pero lo que dice el acuerdo es que hay que respetar los derechos laborales y poner los algoritmos en defensa de los trabajadores".

Díaz no descarta ampliarlo a otros trabajadores de plataformas digitales

No obstante, Yolanda Díaz ha señalado que los repartidores "ya son trabajadores asalariados" y que la presunción de laboralidad les afecta en exclusiva, aunque ha apuntado que que la norma podría acabar aplicándose a todos los trabajadores de plataformas, como sí sucede con la información sobre algoritmos que afectan a las condiciones laborales de las tareas de todas las plataformas digitales del país.

La ministra de Trabajo no ha descartado nuevas incorporaciones a la laboralidad pero ha afirmado que hace falta "un debate más sereno y más pautado que ahora mismo no tenemos", destacando que la laboralización hará que "aflore el trabajo de miles de personas, que gozarán de todos los derechos de los trabajadores asalariados, se cotizará por ellos y disfrutarán de la cadena de protección social".

Además, Díaz ha destacado que "no es es elegible la naturaleza de la relación jurídica laboral", en referencia a los colectivos que reclaman el mantenimiento del modelo autónomo, y ha asegurado que "hay muchas empresas en el país que trabajan mediante plataformas y están aplicando convenios colectivos y cotizando por sus trabajadores, y no planteando competencia desleal, que es algo que preocupa a la UE".

Sin embargo, en lo que respecta a las plataformas que subcontratan trabajadores, ha afirmado que ese tipo de relación laboral "forma parte de las atribuciones del empleador". Por otra parte, ha asegurado que las empresas tienen un periodo de adaptación de 90 días, "un margen prudente para que cambien sus modelos operativos", precisando que la Inspección de Trabajo se encargará de vigilar el cumplimiento de la ley.

Respecto al ciberataque al SEPE, Yolanda Díaz ha señalado que se trata de un delito como los que han sufrido varias empresas, como en el caso de Telefónica, y que el servicio criptológico de la administración del Estado está investigándolo. Además, ha pedido "tranquilidad" a los ciudadanos, asegurando que "no hay riesgo respecto a los datos y derechos de los trabajadores, el SEPE propicia cada día una doble copia de seguridad y no están afectadas". 

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