Crece la presión política a los organismos públicos: por qué los acuerdos para renovar las instituciones pendientes están cada día más lejos

Este lunes por la noche se conoció la dimisión de Juan Rodríguez Poo, presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE). En su renuncia, Rodríguez Poo, que llegó al cargo en octubre de 2018, achacaba su decisión a "motivos personales". Sin embargo, las sospechas recaen en el Gobierno, dado que la vicepresidenta Nadia Calviño cuestiona los datos del INE desde hace meses.

La salida de Rodríguez Poo se producía después de que los rumores sobre su continuidad se extendiesen más allá del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Finalmente, el departamento de Calviño reconoció formalmente la dimisión del máximo responsable del instituto estadístico anticipando un cambio de estatutos en este organismo autónomo.

Israel Arroyo, quien dejó la Secretaría de Estado de Seguridad Social hace unos días, se perfila para ocupar el sillón que deja Juan Rodríguez Poo. Pero mientras este nombramiento se produce, la oposición que lidera el Partido Popular ha lamentado el relevo en el INE al considerar que daña "la credibilidad" y "la reputación" de España.Así lo ha hecho saber Alberto Núñez Feijoo.

Más lejos fue el vicesecretario institucional de los populares, Esteban González Pons, que este lunes deslizaba la posibilidad de que el Gobierno pretendiera amañar las elecciones controlando el INE, que elabora el censo, el CIS, que hace las encuestas electorales, e Indra, que "cuenta los votos". 

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También Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, se ha pronunciado sobre el tema, reivindicando que "los organismos independientes deben ser independientes". Por su parte, Héctor Gómez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ha rebatido esas ideas. "Hay que desmontar el argumento de que el Gobierno pretende controlar el INE. En absoluto".

"Este Gobierno pretende actuar con transparencia, no como el anterior del PP que usaba policía patriota para atacar rivales", ha explicitado el diputado en una comparecencia ante los medios.

Lo único cierto es que este cruce de reproches está elevando la tensión política sobre los organismos públicos, tanto autónomos como el INE e independientes como la Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo. Son varias las instituciones españolas que todavía viven una situación de interinidad y todo hace indicar que esa situación se va a extender más en el tiempo.

La del INE no es la única polémica que ha sufrido el Gobierno en los últimos meses en relación con esos organismos adscritos a la Administración General del Estado. La sustitución de Paz Esteban al frente del Centro Nacional de Inteligencia por Esperanza Casteleiro, tras el escándalo del software espía Pegasus, también agitó las llamas en el Hemiciclo.

También la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sigue dirigida por Mar España, que lleva como interina ya varios años. El Consejo de Ministros aprobó una reforma de los estatutos de este ente hace un año e inició el procedimiento para reemplazar la actual Dirección General por una Presidencia, pero los recursos de los candidatos que participaron en la terna han dilatado el proceso.

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De hecho, el procedimiento de la AEPD arrancó poco después de que el año pasado PSOE y el propio PP alcanzaran un acuerdo el año pasado para poner nombres sobre la mesa, tanto para este ente como para el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y cuatro miembros del Tribunal Constitucional.

Exceptuando la AEPD, el resto de cargos ya se han actualizado. Pero en el Constitucional todavía hay cargos cuyo mandato ha expirado, y el Consejo General del Poder Judicial sigue en la interinidad desde hace ya 3 años. El Gobierno abrió la puerta hace unos días a una reforma legal que le permitiría proponer esos cambios sin trabas, generando malestar en el propio CGPJ.

Con aquel movimiento, el Gobierno de coalición da por perdida la posibilidad de alcanzar un acuerdo puntual con el principal partido de la oposición para actualizar esos cargos, algo insólito en varias legislaturas. La controversia suscitada por la dimisión del presidente del INE ahonda todavía más en esa ruptura entre PSOE y PP que aleja la posibilidad de que se alcance ningún pacto.

Un pacto que mantendrá huérfanas entidades como la propia AEPD. En España, es la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público la norma que define a los organismos públicos en función de sus singularidades, a saber en autoridades administrativas independientes, organismos autónomos o agencias estatales, entre otras. 

Entre esas autoridades administrativas independientes se encuentra la propia AEPD, la CNMC, la CNMV, el Consejo de Seguridad Nuclear o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), mientras que organismos autónomos son otras instituciones como el propio INE o el Instituto de Salud Carlos III.