Así está encareciendo la inflación la convocatoria de elecciones

Un hombre con sus papeletas para votar en las elecciones generales.
  • España celebrará elecciones municipales en mayo y generales en diciembre. El Gobierno ya está adjudicando los contratos públicos necesarios para celebrarlas.
  • El valor inicial que se estimó para los grandes acuerdos marco que aglutinan muchas de estas compras se ha encarecido al mismo ritmo que la inflación, un 8,4%.

España vuelve a entrar en ciclo electoral y eso también implica una importante inversión de dinero público que muchos contratistas están intentando aprovechar a toda costa. No es solo organizarlas —el presupuesto de las generales de abril del 2019 lindó los 140 millones de euros—, es dotarlas de todos los servicios y materiales necesarios para que salgan a la perfección.

El Gobierno ha comenzado a adjudicar contratos como la compra de urnas, cabinas y sobres. Estas compras se atienen a los acuerdos marco que el Ejecutivo convoca cada 4 años —por cada ciclo electoral—, que son en realidad dos: un acuerdo marco para la compra de materiales y otro acuerdo marco para la contratación de las plataformas tecnológicas para los escrutinios provisionales.

Estos acuerdos marco son un instrumento con el que la Administración agiliza su contratación: marca unas pautas previas para que los contratos relacionados con un mismo hecho —unas elecciones— cuenten con características similares. Así, encuentra proveedores de referencia para las elecciones y pone topes a las ofertas que los contratistas podrán presentar. 

Los acuerdos marco citados son los del Gobierno central para las elecciones que les compete en este ciclo, que son las municipales y generales, pero también las europeas de 2024. Las comunidades autónomas, por su parte, pueden ir en estos acuerdos marco —es un mecanismo que favorece la centralización de la contratación pública— o convocar sus propios acuerdos o sacar directamente a licitación los servicios que necesiten para sus procesos electorales.

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El acuerdo marco del Gobierno central para la compra del material electoral para estas municipales, generales y europeas tenía un valor inicial estimado de 10,9 millones de euros. La crisis desatada por la guerra en Ucrania y el alza de los precios, en especial en papelería, ha supuesto que varios lotes de este acuerdo quedaran desiertos en sus primeras convocatorias.

Finalmente, el valor de las ofertas aceptadas en los lotes de este acuerdo marco ha crecido en algo más de un 2% hasta los 11,2 millones de euros. No es mucho, pero el encarecimiento no queda ahí.

El otro acuerdo marco, el destinado a contratar las plataformas tecnológicas que agilicen los escrutinios, tenía un valor estimado de 36,3 millones de euros. Ha sido finalmente adjudicado a Indra por 39,3 millones. La firma española llegará a facturar 50 millones estos meses sumando contratos con las autonomías, advertía La Información hace unos días.

Si el valor inicial de ambos acuerdos marco ascendía a 47,2 millones de euros, el valor finalmente presupuestado para las licitaciones relacionadas con las elecciones municipales, generales y europeas alcanza los 51,2 millones de euros. Refleja un encarecimiento del 8,4% que, paradójicamente, es el porcentaje medio con el que escalaron los precios en 2022.

Lotes desiertos una y otra vez por culpa de la inflación

En cuestión de días el Boletín Oficial del Estado publicará la convocatoria de elecciones municipales y autonómicas —habrá comicios en Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, la Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Madrid— y esto ya se empieza a notar en el gasto público.

Un gasto público que se ve afectado por la inflación, aunque por el momento se desconozca el presupuesto total de las convocatorias electorales de este año —el Gobierno aportará los datos de las mismas conforme se acerque la fecha—.

Al coste de organizar unas elecciones en sí —hay que contemplar desde las dietas que reciben los ciudadanos que son convocados a una mesa electoral hasta la inversión que requiere Correos para gestionar todo el voto postal— hay que sumar la compra de materiales —hay que jubilar urnas y cabinas y comprar papel para las papeletas—.

Es en estas últimas compras y contrataciones donde se ha reflejado el encarecimiento de los costes. No solo en el aumento de gasto público: también ha supuesto todo un quebradero de cabeza burocrático.

Los acuerdos marco para el ciclo electoral los convoca la Dirección General de Política Interior, dependiente del Ministerio del Interior. Los anteriores acuerdos marco vencieron el año pasado, con lo que lo esperable era que se hubiesen renovado en 2022. Todos los acuerdos marco tienen un período vigente de 4 años.

Sin embargo, el acuerdo marco de compra de materiales se formalizó a mediados de 2022, mientras que el acuerdo marco para la contratación de las plataformas tecnológicas para el escrutinio se adjudicó en febrero de este 2023. No todo se puede achacar a la subida de precios: esta vez fue un error de Indra, que obligó a Interior a repetir el contrato.

Una cronología rápida de los hechos: la primera vez que el Gobierno mostró intención de adjudicar el acuerdo marco para la compra de materiales fue a mediados del año pasado, que fue cuando se supo que de 5 lotes que contemplaba este acuerdo, 2 se habían quedado desiertos.

Una mujer votando durante las elecciones generales del 10-N de 2019 en Sevilla.

Había 5 lotes de materiales: urnas nuevas, cabinas y carteles, sobres, material impreso y kits de material de oficina. El Gobierno solo pudo adjudicar los lotes de urnas, otros materiales impresos —como actas o manuales para los miembros de las mesas electorales— y el lote de kits de materiales de oficina.

Esto obligó al Gobierno a convocar de nuevo un acuerdo marco específico para sobres y cabinas, aumentando su oferta en un 20% para tratar de responder a la tensión que estaba generando la inflación, como reconoció el propio Ejecutivo. En aquel momento, España no tenía quien le vendiese papel.

A pesar de ello, el Gobierno solo consiguió encontrar a un proveedor de sobres que atendería su demanda por 4,3 millones de euros. El Ejecutivo tuvo que volver a licitar el acuerdo marco, esta vez, solo para la compra de cabinas electorales, que se había vuelto a quedar desierto. En aquella ocasión, el licitante no convenció a la mesa de contratación con la muestra de su material.

Se da la circunstancia de que las cabinas electorales que se dispondrán desde las elecciones de mayo de este año serán nuevas y bien distintas a las que conocías hasta ahora. Las pequeñas modificaciones que se han introducido en ellas buscan optimizar su ensamblaje y permitir el acceso a personas con movilidad reducida.

Hasta ahora, las cabinas disponían las papeletas electorales en una repisa a una altura con la que una persona que va en silla de ruedas no podía alcanzar. Aquí puedes ver un plano de cómo serán. Finalmente, el Gobierno encontró un proveedor de cabinas con una oferta de 2,43 millones. A la tercera fue la vencida.

De este modo, los acuerdos marco dan cuenta de lo que invertirá España en la compra de materiales y servicios para los procesos electorales que competen a la Administración General del Estado —municipales el 28 de mayo, generales en diciembre de 2023 y europeas en 2024—. Un total de 51,2 millones de euros, frente a los 47,2 inicialmente presupuestados.

Por ejemplo, Indra cobrará 39,3 millones por ofrecer su plataforma digital en estos 3 procesos electorales, facturando así unos 13 millones por cada convocatoria.

Las adjudicaciones que ya se están produciendo

Los acuerdos marco son instrumentos con los que la Administración puede agilizar la contratación de servicios o materiales, al haber predefinido meses antes —y para un período de 4 años— las bases y requisitos mínimos que deben contemplar las ofertas que pretenderán responder a las necesidades generadas por la celebración de las elecciones.

Por eso, estos acuerdos no son el último paso a la hora de preparar un proceso electoral. Sin ir más lejos, el pasado 13 de marzo se formalizó un contrato para comprar 16.000 nuevas urnas. En el acuerdo marco el contratista ofertó urnas a un precio de 16,60 euros la unidad, mientras que en el contrato final el precio de la urna se ha conseguido reducir a los 15,49 euros.

Por el momento, y de cara a las municipales del próximo 28 de mayo, ya se han resuelto 5 contratos —el relacionado con la compra de urnas, con la compra y distribución de sobres electorales, la adquisición de manuales para los miembros de las mesas electorales, el de los kits de materiales de oficina y el diseño de la campaña publicitaria que supondrá estas elecciones locales—.

Un ejemplo es esa compra de sobres para las papeletas electorales. El acuerdo marco cerró un presupuesto base de 4,3 millones de euros con el contratista. Para las elecciones municipales, el contratista percibirá 832.400 euros: el resto del dinero del acuerdo marco lo irá cobrando conforme siga entregando el material que se le requiera en las siguientes elecciones.

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También está resuelto por 417.784 euros la compra de manuales para los miembros de las mesas electorales y por 50.000 euros la campaña publicitaria —su diseño, no su inserción en medios— por 50.000 euros.

Ahora se está evaluando la oferta que un licitante ha presentado para ser el que se encargue de adecuar el Centro de Difusión Nacional de Resultados (CDN). El botín, en ese caso, asciende a 420.000 euros. También se acaba de publicar la licitación del "servicio de restauración" en IFEMA —por ser el lugar desde donde se hará seguimiento de la jornada electoral— por 40.000 euros.

Todavía queda trabajo por hacer, pero si la inflación subyacente no se contiene se podrán ver estampas dantescas, como ofertas muy ajustadas sobre contrato porque la situación económica del contratista del acuerdo marco —o la situación económica del país— hayan cambiado súbitamente.

El secretario de Estado de Economía advertía en una reciente entrevista con Business Insider España que la inflación subyacente alcanzaría su pico en el primer semestre del año. Por ahora, y ya con la vista puesta en finales de año, ya se han anunciado 3 contratos para las elecciones generales.

Un contrato para los manuales e impresos electorales —500.000 euros—, el diseño creativo de las campañas institucionales para las elecciones generales —300.000 euros— y los servicios necesarios para adecuar el Centro de Difusión Nacional de resultados. Otros 420.000 euros. Eso sí, en esta ocasión el Gobierno no apurará tanto los plazos: estas licitaciones arrancarán en mayo.

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