El encarecimiento de la madera, la piedra y el cobre paraliza el sector de la construcción: más de un 75% de las empresas del sector advierte de que ha sufrido desabastecimiento, dice la CNC

El sector de la construcción se enfrenta a su segunda crisis de manera consecutiva. 

Después del impacto provocado por la pandemia de coronavirus, ahora las empresas han notado con fuerza la escalada internacional de los precios de las materias primas. Este fenómeno ha llevado ya a cuatro de cada diez compañías a suspender su actividad.

Una encuesta elaborada por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha revelado que el 39,5% de los negocios del sector se ha visto obligado a cancelar o paralizar temporalmente sus obras debido al encarecimiento de los materiales, que está lastrando la rentabilidad de los proyectos que ya tenían en marcha.

El resultado de el alza de los precios es que el coste final de una obra de construcción se ha disparado un 22,2%, lo que amenaza la viabilidad de buena parte de las empresas del sector en España. En los últimos tres meses, la madera se ha disparado un 125%, la piedra ha crecido un 68% y el cobre un 63%.

El encarecimiento de los materiales se ha producido en un momento clave para las compañías que han fiado buena parte de la recuperación económica a la inyección económica que llegará desde Bruselas en los próximos 5 años. 

“La subida de las materias primas es una de las principales amenazas para la implantación de los fondos europeos”, ha lamentado el presidente de la CNC, Pedro Fernández.

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Las empresas se enfrentan a penalizaciones por paralizar las obras

El encarecimiento de las materias primas ha provocado un efecto colateral. El 75,6% de las compañías han advertido que han sufrido desabastecimientos o retrasos inusuales por parte de sus proveedores en los últimos tres meses, debido a la volatilidad del mercado. Los problemas de suministro se centran fundamentalmente en la madera, el acero y el aluminio.

Las dificultades para acceder a los materiales ha llevado a buena parte de las compañías a reprogramar sus obras, aunque la decisión puede acarrear una penalización económica. En función del tipo de contrato, la indemnización puede ascender a un 0,02% del presupuesto o a una multa ordinaria de hasta 2.000 euros por cada día de retraso.

Ante esta situación, la patronal ha exigido al Gobierno que ponga en marcha un nuevo modelo normativo que permita una ampliación de los plazos de manera excepcional para situaciones como esta en las que se haya producido una “ruptura del equilibrio económico contractual”.

La Confederación Nacional de la Construcción concentra actualmente a empresas que representan casi una décima parte del Producto Interior Bruto (PIB) de España y que dan trabajo a casi 1,3 millones de personas en diferentes puntos del país.

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