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Las energéticas plantean medidas para acelerar la transición ecológica: eliminar el límite máximo de inversión, crear un marco regulatorio estable y no cerrar la puerta a los biocombustibles

El consejero delegado de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán
El consejero delegado de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán Reuters
  • Las principales empresas del sector de la energía reclaman un marco jurídico y regulatorio estable para atraer las inversiones necesarias para afrontar la transición ecológica.
  • El consejero delegado de Iberdrola, Ignacio Galán, aboga por acercar a 2025 el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que plantea un horizonte inicial hasta 2030. Este acelerón tendría un "importante efecto en la economía, equilibrando la balanza de pagos".
  • Francisco Reynès, presidente de Naturgy, pide establecer un marco regulatorio estable para saber también “en qué marcos se establecen las relaciones laborales y erradicar la economía sumergida”.
  • El presidente de Repsol, Antonio Brufau, aprovecha para hacer un llamamiento a la neutralidad tecnológica por parte del Gobierno, ya que considera que en el futuro convivirán las renovables con otras tecnologías verdes como los biocombustibles, o los fueles sintéticos.
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El sector energético aúna voces en sus reclamaciones para afrontar la recuperación económica del coronavirus. Las principales compañías del sector reclaman un marco regulatorio estable que incentive la inversión en un contexto en el que la transición energética se articula como palanca de salida de la crisis para la Unión Europea. El sector pone sobre la mesa acelerar a 2025 esa transición planteada por el Plan Nacional de Energía y Clima con un horizonte marcado en 2030. De paso, reclama eliminar el límite máximo de la inversión del 0,13% del PIB y la neutralidad tecnológica que permita se desarrollen combustibles renovables. 

Las principales empresas del sector de la energía reclaman un marco jurídico y regulatorio estable para atraer las inversiones necesarias para afrontar la transición ecológica. Fue la constante en el discurso de los principales ejecutivos de las mayores empresas de energía del país. “Algunos países, como Alemania o Francia, ya tienen planes en este sentido”, apuntó el consejero delegado de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán en su intervención en la cumbre Nuestro futuro común. Empresas españolas liderando el futuro, organizada por la CEOE. 

Galán se refirió a las medidas puestas en marcha por el ejecutivo alemán y que pasan por plantear inventivos a la electrificación de la economía. Alemania ha planteado poner un precio mínimo a las emisiones de CO2, y utilizará esa recaudación para reducir los costes de la factura eléctrica, ejemplificó el ejecutivo de Iberdrola.

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Otro de los aspectos en los que hubo un consenso casi generalizado fue el llamamiento a eliminar el límite máximo de inversión fijado en el 0,13% del PIB, ya que la transición energética requerirá pero también atraerá inversiones muy potentes. “Este límite debe ser eliminado o ajustado con los planes de inversión acordados con cada Comunidad Autónoma”, sugirió Miguen Antoñanzas, presidente de Viesgo y presidente del Club Español de la Energía. “Ahora mismo no podemos alcanzar una inversión superior a 1.000 millones de euros” apuntó el ejecutivo de Viesgo que puso de relieve la dinamización que supondría en creación de empleo las zonas rurales despobladas.

El consejero delegado de Iberdrola abogó por acercar a 2025 el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que plantea un horizonte inicial hasta 2030. Este acelerón tendría un “importante efecto en la economía, equilibrando la balanza de pagos. Para ello es importante fomentar la inversión en redes de distribución eléctricas para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones”. 

Una idea que recogía el consejero delegado de Endesa, José Bogas, que matizó que acelerar un 30% las aspiraciones del PNIEC entre 2021 y 2022, podrían incrementar el PIB en más de 5.000 millones de euros y crear 67.000 puestos de trabajos. En este sentido, el directivo de Endesa avanzó que de darse las condiciones regulatorias necesarias el grupo incrementaría un 30% las inversiones hasta 2022, hasta los 7.500 millones de euros. 

En este marco, Francisco Reynès, presidente de Naturgy, apeló a establecer un marco regulatorio estable para saber también “en qué marcos se establecen las relaciones laborales y erradicar la economía sumergida”. El ejecutivo hizo un llamamiento a fijar unos salarios adecuados, fomentar planes de formación para aumentar el nivel de capacitación de la fuerza laboral.

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Pero fue Bogas quien abordó con mayor profundidad los cambios que reclama el sector, como reducir el coste de la electricidad y hacerla más competitiva frente al resto de los países europeos, eliminar barreras y restricciones burocráticas en ministerios o el propio organismo de competencia  (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), facilitar una normativa de acceso de conexión de red, dar señales para la implementación de renovables, estimular planes de conexión a las islas, impulsar la electrificación con medidas fiscales y medidas para garantizar una transición justa. 

La presidenta no ejecutiva de Red Eléctrica España, Beatriz Corredor, recogió el testigo y para acelerar los trámites administrativos que retrasan el desarrollo de nuevas plantas renovables, sugirió declarar proyectos de interés general “cuya tramitación pudiera reclamarse como preferente”. Además, hizo hincapié a la necesidad de seguir trabajando en las interconexiones con Francia para mejorar la competitividad del sector energético español. 

Los biocombustibles tuvieron su espacio particular entre las reclamaciones de la industria energética. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, aprovechó para hacer un llamamiento a la neutralidad tecnológica por parte del Gobierno, ya que considera que en el futuro convivirán las renovables con otras tecnologías verdes como los biocombustibles, o los fueles sintéticos. Lo hizo en un contexto en el que Repsol inauguraba, hoy mismo, una de las mayores plantas de producción de combustibles cero emisiones con energía verde y una planta de producción de gas a partir de residuos urbanos en Bilbao.

“Partimos de una premisa falsa, que las distintas rutas tecnológicas son excluyentes y deben seleccionarse unas y no otras”, introdujo el primer ejecutivo de Repsol. Brufau instó a las autoridades a aplicar una óptica de neutralidad de todo tipo, especialmente tecnológica. No somos capaces de predecir cuáles tendrán más éxito. El determinismo tecnológico nos ha hecho cometer muchos errores en el pasado", subrayó.  

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Es necesario promover una política industrial que desarrolle la industria nacional en cuanto a renovables, infraestructura de recarga eléctrica, tecnologías nuevas como el hidrógeno verde o las redes de distribución, a juicio de Galán. “Necesitamos más masa crítica concentrando en el corto plazo más volúmenes de inversión para que los fabricantes de equipos alcancen un mayor tamaño”, sugirió el ejecutivo para consolidar la transición energética tras el coronavirus. “Si no lo hacemos nosotros, lo harán otros”.

En este sentido, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, puso de manifiesto la necesidad de establecer una colaboración público privada para la recuperación económica y la creación de empleo. Mientras el presidente de Enagás, Antonio Llardén, se refirió a la reindustrialización de la cadena de suministro “No podemos depender de un suministro que se encuentre en un sólo país”; señaló.

Al final la transición energética se articula como una de las palancas de la propia estrategia de la Unión Europea para salir de la crisis económica del coronavirus, con iniciativas como la rehabilitación de edificios, el desarrollo de renovables, de la economía circular o de la movilidad limpia. “No podemos llegar tarde a la nueva revolución industrial. Tenemos ventajas competitivas que debemos aprovechar”, apuntó el ejecutivo de Iberdrola. 

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