"Estoy convencido de que habrá ley de vivienda en el plazo establecido, antes del 30 de septiembre"

Sobre la mesa del despacho de David Lucas (Madrid, 1968) hay varias montañas de papeles escrupulosamente ordenados. El secretario general de Vivienda se incorpora y abre una puerta de la hilera de armarios que hay tras él, donde todavía guarda más documentos.

Cada día hay más frentes abiertos en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En la cartera de Vivienda, lo último fue la aprobación del límite del 2% a la revalorización de los alquileres para contratos en vigor. 

Atrás quedó la ley de vivienda. Costó sudor y tiempo sacarla adelante, más de un año de negociaciones entre los socios de coalición, y un debate monopolizado por la pregunta aparentemente simple: Control de precios, ¿sí o no? 

Hoy la ley de vivienda ha quedado enterrada en la larga tramitación parlamentaria en la que entró a primeros de febrero. Pero el Gobierno se muestra firme: saldrá adelante dentro del plazo marcado.

"Estoy convencido de que se aprobará, que habrá una ley de vivienda en España, y que esa ley además saldrá adelante en los plazos preestablecidos", asegura Lucas, secretario general de Vivienda, en una entrevista con Business Insider España.

En el horizonte, la meta del 30 de septiembre. Es entonces cuando caduca el compromiso fijado con Bruselas: si España quiere seguir recibiendo el dinero de los fondos europeos, tiene que hacer los deberes.

"El compromiso con la Comisión Europea es que la ley está aprobada por el Parlamento antes del 30 de septiembre. Es uno de los hitos ligados al plan de recuperación, transformación y resiliencia", precisa Lucas.

El Gobierno solicitó cursar la futura norma a través del trámite de urgencia en el Congreso, que acorta los plazos a la mitad. "La norma está ahora mismo en fase de que los grupos parlamentarios elaboran sus enmiendas, con comparecencias también de expertos que van a manifestar su opinión".

Pero eso no significa que vaya a ser un camino de rosas. Como ocurrió con la reforma laboral, esta nueva regulación encuentra múltiples enemigos en el Congreso.

Nada más aprobarse en Consejo de Ministros, el PP anunció que llevaría la norma al Tribunal Constitucional, al denunciar que medidas como el control de alquileres vulneran el derecho constitucional a la propiedad privada. 

Visión que comparten expertos y actores privados del sector inmobiliario, y que podría generar una ola de reclamaciones en tribunales, como también dejó entrever el Poder Judicial en sus advertencias.

"Que la ley de Vivienda genera mucho debate ya lo sabíamos, lo lleva generando desde que nos propusimos elaborarla. Pero es que es la primera ley de vivienda en la democracia. En España nunca había habido una ley general de vivienda antes", aclara Lucas.

Para el secretario general, se trata de una ley que "intenta garantizar derechos", y cuando se producen avances sociales de esta magnitud, señala, "siempre hay quien se revuelve". 

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Lucas recuerda otros ejemplos en el pasado, como las leyes de dependencia, del matrimonio entre personas del mismo sexo, contra la violencia machista o del aborto: "Siempre  que se produce un avance social significativo ha habido algún sector que se ha opuesto, pero no es nada que esté al margen de lo que nosotros entendemos que se tenía que producir".

Por el momento, insiste Lucas, "la tramitación es la esperada. Quedan todavía 5 meses. Hay tiempo suficiente para poder sacarla adelante. Vamos bien y estoy convencido que habrá ley".

¿Podrían incluirse cambios en la ley como los que pide ahora Podemos?

El problema es que ni siquiera los socios del Gobierno de Unidas Podemos se han privado de estoquearla. A pesar de nacer de un acuerdo entre socialistas y la formación morada, Podemos ha presentado varias enmiendas a la misma.

Esta semana, Unidas Podemos presentó varias enmiendas a la norma que ellos mismos han pactado. "Esas propuestas van a estar en el debate ahora para conformar el texto definitivo", expone Lucas. Pero eso no significa necesariamente que se vayan a incorporar.

La formación morada presiona ahora en el Congreso para incluir medidas como obligar a los grandes propietarios a destinar un 30% de sus inmuebles a alquiler social. También quiere que la Sareb dedique como mínimo un 75% de sus activos a esto mismo.

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La estrategia de Unidas Podemos en materia de vivienda siempre ha sido tensar la cuerda al límite, con propuestas que han llegado a poner al sector inmobiliario en pie de guerra. Un riesgo, teniendo en cuenta que el raquítico parque de vivienda pública que hay en España deja en manos del sector privado el poder de sacar oferta al mercado.

Pasó con el control de alquileres, que ahora Unidas Podemos quiere endurecer más. La formación propone rebajar el umbral para poder aplicar los topes.

La ley pactada dice que habrá topes en áreas tensionadas, y que para declarar estas zonas hace falta que los alquileres hayan subido 5 puntos por encima del aumento medio del IPC en los últimos 5 años. Podemos quiere que en lugar de 5 puntos, ahora baste con que los alquileres hayan subido 2 puntos por encima del IPC medio.

"Cualquier otra propuesta que se plantee habrá que analizarla. Habrá que verla con rigor. Pero creo que ya las medidas que contempla la ley son muy equilibradas. Son muy necesarias y muy ajustadas a las necesidades sociales existentes", defiende Lucas.

De la misma manera que la realidad pospandemia provocó un desplome en los alquileres en grandes plazas como Madrid y Barcelona, hasta el punto de que los expertos se preguntaban qué sentido tenía sacar adelante un control de precios que no iba a reflejar la nueva realidad del mercado; con la crisis de Ucrania la situación ha dado otro vuelco: los alquileres vuelven a subir por la inflación.

Como respuesta, el Ejecutivo aprobó un límite temporal a la revalorización de los alquileres. Una medida no menos polémica, pero que no viene para quedarse mucho: en principio hasta junio. El problema de introducir modificaciones como las que pide ahora Podemos, que se apoyan en una realidad cambiante, es que la realidad volverá a cambiar, pero la ley no, y los efectos podrían volverse en contra.

"Yo me quedo con lo que dice la ley de Vivienda, el proyecto que blinda los parques públicos, que intenta garantizar derechos a propietarios y a compradores, arrendadores y arrendatarios, que intenta incrementar las viviendas sociales en alquiler, y con las medidas que hemos establecido de control de precios para que no haya movimientos especulativos", añade Lucas.

Todo lo demás, aclara, entraremos en profundidad a analizarlo y lo debatiremos. Pero bueno, yo creo que lo que ya contempla la ley es lo que yo creo que la ley debe tener".