"El límite del 2% es una medida equilibrada y razonable. No es lógico que el incremento de los alquileres sea del 9,8% como el IPC"

Lucía vive en un estudio en el madrileño barrio de Tetuán. Antes pagaba 550 euros al mes por el piso, pero en febrero le subieron el alquiler con la inflación, que se había disparado un 7,6%. Al cabo del año, Lucía tendrá que hacer frente a un alquiler 500 euros más caro.

El impacto de la inflación en los alquileres ha sido la gota que colma el vaso para unos hogares desbordados que llevaban meses perdiendo poder adquisitivo: hacer la compra es más caro, pagar las facturas cuesta más y, ahora también hacer frente al pago del alquiler. 

Hace 2 semanas, el Gobierno optó por cortar el problema de raíz, al aprobar un límite del 2% a esas subidas, al menos temporalmente. Un límite que no aplica para los contratos con revisión en marzo, que podrían tener una actualización de hasta el 9,8%, según el dato de inflación de hoy.

"Creo que un crecimiento en estos momentos del 2% es razonable, sobre todo para que las economías familiares no se vean tan castigadas por este incremento tan importante en la actualización de los contratos", explica el secretario general de Vivienda y agenda urbana, David Lucas (Madrid, 1968).

En una entrevista con Business Insider España, Lucas defiende que el límite aprobado es una medida equilibrada y proporcional. En cambio, recalca: "No parece lógico que el incremento pudiera ser del 9,8% como está el IPC en estos momentos".

"Nosotros hemos intentado establecer una medida equilibrada, proporcional y proporcionada, y esa medida lo que intenta es salvaguardar un incremento razonable en el precio del alquiler, que puede suponer un ingreso para los propietarios para gastos que puedan tener las viviendas, pero permitiendo que ese incremento sea proporcionado", añade Lucas.

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Un jarro de agua fría para los propietarios

Pero la medida no ha estado exenta de polémica. En el inmobiliario, el anuncio sentó como un jarro de agua fría, y los expertos avisan de los fallos de este tope a las subidas.

Por ejemplo, que deja fuera a 3 de cada 4 inquilinos, que puede provocar inseguridad jurídica a los propietarios. Eso, y que para aliviar el esfuerzo del pago a unos hogares (los inquilinos), se carga el peso sobre los hombros de otros hogares (los propietarios, en su mayoría particulares). 

El secretario general, sin embargo, se muestra disconforme con estas declaraciones: "Seguramente si le preguntamos a casi todos los agentes sociales, económicos, colectivos, entidades, ciudadanos... yo creo que estaremos de acuerdo en que ninguno defendería unos incrementos desproporcionados en los costes de los alquileres".

Pero para muchos propietarios el problema está en que el Ejecutivo no les haya tenido en cuenta a la hora de fijar el límite. El Gobierno se sentó con la CEOE para negociar un pacto de salarios, dio marcha atrás con el hachazo a las eléctricas, anunció que compensaría a las gasísticas, pero el límite del 2% para los propietarios no se ha pactado.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) permite a los propietarios que puedan subir el precio de la vivienda que tengan alquilada conforme a la subida de la inflación. El problema es cuando la inflación anda desbocada. En marzo, la inflación escaló al 9,8%, la mayor subida registrada desde 1985.

En Madrid o Barcelona, donde el alquiler mensual ronda los 1.200 - 1.300 euros, la vinculación al IPC de marzo supondría un aumento de unos 85 euros al mes, lo que resultaría en el pago de casi una mensualidad extra a final de año.

En lugar de anclar las subidas al IPC, el nuevo límite toma como referencia el Índice de Garantía de Competitividad, que ahora mismo está en un 2,02%. ¿Por qué este índice? No es arbitrario, aclara el secretario general: "Este índice se utiliza menos, pero ya estaba contemplado también en la LAU". 

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¿Prórroga del tope más allá de junio?

Por lo pronto, el tope del 2% tiene fecha de caducidad. Aplicará a todos los contratos de alquiler que tengan su revisión anual entre el 1 de abril y el 30 de junio. A partir de julio, dejará de estar en vigor este límite.

Pero, ¿y qué pasa si en julio la inflación continuara siendo un problema, como viene siendo desde mediados de 2021? Entonces, explica Lucas, el Gobierno evaluará la situación:

"No se qué va a pasar el 30 de junio porque la realidad es muy cambiante. Cuando llegue ese momento se valorará. Quiero pensar que de aquí a entonces la situación pueda resolverse, y que el 30 de junio volveremos a la normalidad. Si no es así, pues en ese momento habrá que valorar".

Lucas recuerda que es lo que ha ocurrido con la mayoría de medidas del escudo social lanzado durante la pandemia, en los peores momentos de 2020. Muchas de estas ayudas se han ido prorrogando, y algunas, como la suspensión de los desahucios o la prohibición de corte de suministros para personas y familias vulnerables, siguen en vigor.

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"Las medidas extraordinarias que adoptamos con el escudo social en pandemia se pensaron también para un periodo concreto y luego, como las necesidades se mantenían, se fueron prorrogando. Cuando llegue ese momento se hará la valoración oportuna de cómo está la situación", concluye.