Gonzalo García, secretario de Estado de Economía: "La decisión sobre el salario mínimo es del Gobierno"

El Gobierno se fijó ayer un objetivo claro: antes de que terminara el día tenía que conseguir un pacto para subir el salario mínimo en 2023. El acuerdo estaba bloqueado por las diferencias entre el aumento del 8% que pedían los sindicatos, y los empresarios, que rechazaban subirlo por encima del 4%.

Finalmente, ese pacto llegó. Antes de las 17 horas se había decidido que el salario mínimo subiría un 8% este año, hasta los 1.080 euros al mes. Una decisión tomada sin el acuerdo de la patronal de empresarios. La CEOE se negó a acudir a las reuniones convocadas ayer. 

El desplante de la patronal en una reunión clave para definir el salario mínimo interprofesional (SMI) fue tachado de "irresponsabilidad" por parte del Gobierno. "Yo creo que una medida que afectará a millones de personas no puede tener una patronal ausente [...] Es una irresponsabilidad", dijo ayer el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Con el año empezado, el Ejecutivo se había marcado definir la subida del SMI cuanto antes. Que para hacerlo decidiera consultar a los agentes sociales era algo voluntario, ya que la decisión puede tomarla con o sin su acuerdo. 

"La decisión sobre el salario mínimo es una decisión del gobierno", aclara Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa; "pero es importante consultar a los agentes sociales para esta decisión".

En una entrevista con Business Insider España, García Andrés destaca que, aunque no hay que olvidar que la tarea de fijar el SMI corresponde en exclusiva al Gobierno, en los últimos meses "el diálogo ha sido fundamental. Lo fue para superar la pandemia, y también lo ha sido para preparar todo el programa de reformas estructurales y del Plan de Recuperación y llevarlas a cabo".

"Y ahora lo sigue siendo. Más allá de que cada uno tiene que tomar sus decisiones y que luego está el ámbito de decisión también propio de los agentes sociales, que es la negociación colectiva, creemos que esa consulta y esa participación sigue siendo esencial", añade el secretario de Estado.

A principios de septiembre de 2022, el Ejecutivo encargó a una comisión de expertos la misión de estimar el salario medio neto de 2022, para calcular el 60% de dicho valor y proponer cuál debería ser el SMI para 2023. En diciembre, los expertos concluyeron que dicha subida debería estar entre el 4,6% y el 8,2%, lo que dejaría el SMI entre 1.046 y 1.082 euros al mes.

CCOO pedía que la subida estuviera entre 1.082 y 1.100 euros, y UGT quería llevar directamente el SMI hasta los 1.100 euros mensuales. En cambio, CEOE había propuesto una subida del 4%, lo que suponía no pasar de los 1.040 euros al mes.

Finalmente, el Gobierno se decantó por la banda alta de la recomendación de los expertos: la subida anunciada ayer, del 8%, supone alcanzar un salario mínimo de 1.080 euros al mes, desde los 1.000 euros que había.

En palabras de García Andrés, se trata de "un gran avance que se ha producido en la subida del salario mínimo durante la legislatura, en realidad incluso desde 2018, con una subida del 36%, y un aumento sin precedentes del poder adquisitivo de los trabajadores".

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"Hace falta plantear un pacto de rentas en conjunto"

Pero para el secretario de Estado de Economía, ese pacto del SMI no debería plantearse como un elemento aislado, sino que debería ir acompañado de un gran pacto de rentas, esa fórmula que llevan recomendando los economistas desde que estalló la crisis de precios, y que desde el Gobierno se ha tratado de impulsar durante meses.

"Para nosotros es importante mirar estas cuestiones en conjunto. Porque el salario mínimo es un elemento importante, pero afecta a un colectivo, mientras que los trabajadores afectados por la negociación colectiva son muchos más", aclara García Andrés.

"Esto afecta al empleo, afecta a la productividad, a la inflación y por lo tanto es bueno tener este enfoque general. Pensamos que es muy importante tener ese marco de estabilidad, ese marco que permita avanzar en los salarios, y que también permita seguir con la creación de empleo y con el crecimiento. Creo que eso es fundamental", reflexiona.

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Un pacto de rentas con el que repartir de forma justa las cargas de la inflación. Este era el acuerdo al que se suponía que empresarios y agentes sociales iban a llegar en 2022, impulsados por el Gobierno. Pero la última reunión fue en julio del año pasado.

Para el secretario de Estado de Economía, sin embargo, más allá de la negociación con los agentes sociales, "ese pacto de rentas ha sido un poco la orientación de la respuesta del Gobierno al impacto de la guerra".

Los diferentes paquetes de medidas lanzados por el Gobierno para aliviar el impacto de la inflación en el bolsillo de hogares y empresas "están inspirados por esta idea de que hay que repartir el impacto de la guerra".

"Hemos movilizado 45.000 millones de euros justamente para hacer ese reparto", recalca García Andrés, que cita como ejemplos el resultado de unos precios energéticos más baratos, la bonificación de los carburantes o el límite del 2% a la revalorización de los alquileres en vigor. Pero también los impuestos temporales para reducir los beneficios extraordinarios de las energéticas y la banca.

"Ahí ha habido claramente un reparto de las cargas de la guerra y, de hecho, si vemos el comportamiento del consumo durante 2022, ha sido superior al 4% en un año muy complicado, con una inflación relativamente alta. Esto, en parte, responde a esta política, que ha permitido amortiguar el efecto y repartirlo".

Aun así, el secretario de Estado anima a los agentes sociales a llegar "a ese acuerdo de rentas, porque nos parece muy útil. Es fundamental".