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La era Pedro Sánchez: más impuestos, más gasto social

Equipo de Pedro Sánchez
Getty Images

La falta de un pacto de gobierno en la investidura de Pedro Sánchez genera todo tipo de dudas sobre sus facultades para transformar los presupuestos actuales elaborados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Sánchez quiere dar un acento social a su gobierno y ya ha comenzado a diseñar sus prioridades, a pesar de las limitaciones que provocan sus precarias y múltiples alianzas.

Con Sánchez, el gasto social podría incrementarse hasta 10.000 millones de euros, para lo que será necesaria una subida de impuestos de 6.500 millones, según los cálculos de Expansión.

La posible agenda social pasa por un aumento del IRPF. De esta manera se podría atender la propuesta de un "ingreso mínimo vital" y el objetivo de que la recaudación del Estado sea del 42% del PIB en el largo plazo, frente al 38% que se produjo durante la era Rajoy.

Uno de los pasos documentados en los presupuestos alternativos de Sánchez es crear un nuevo impuesto de la renta que empiece en el 26,5% para los ingresos de más de 250.000 euros anuales.

El ingreso mínimo vital que propone el PSOE es una ayuda de entre 600 y 1.800 euros para las familias con ingresos inferiores a los 17.238 euros al año, lo que costaría unos 2.400 millones de euros.

Leer más: Los retos económicos del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez

Sánchez también buscará gravar a las empresas con 4.000 euros más mediante una subida media del 17,3% en el Impuesto de Sociedades, así como un gravamen extra no deducible a la banca por valor del 8% de la base imputable.

Unos nuevos impuestos al gasóleo podrían reportar 600 millones de euros al Gobierno, que a su vez puede ingresar otros 1.500 millones si eleva el tipo del ahorro hasta el 30% para los contribuyentes con ingresos anuales superiores a los 150.000 euros.

En cuanto a las pensiones, Sánchez es partidario de actualizarlas con el IPC. Además, el aumento de la protección por desempleo por el que apuesta costaría 1.200 millones.

Por otro lado, la lucha contra el fraude traería 1.500 millones de euros al Estado y el ahorro público podría llegar a ser de 2.500 millones, aunque la formación no ha explicado cómo.

La agenda económica de Sánchez tiene cabida para más propuestas, como ampliar el permiso de paternidad, destinar casi 800 millones a la cooperación al desarrollo y la cultura, y crear nuevas estructuras ministeriales como Industria, Ciencia y Transición Ecológica.

   

  Artículo original de Economía Digital.

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