España descarta fijar un techo de 180 euros al precio de la luz, aunque baraja otras fórmulas para frenar el impacto

El órdago de fijar precios de la electricidad incluso de forma unilateral, lanzado por Pedro Sánchez hace 10 días, se ha apagado: España ha renunciado a poner un tope de 180 euros/MWh al precio de la luz.

Esa idea ya "está totalmente descartada", según han compartido a El Periódico de la Energía fuentes cercanas al Gobierno. 

La semana pasada el gobierno español aseguró que, junto a Portugal, propondrían al resto de miembros de la Unión Europea un tope para la factura de la luz en el mercado mayorista, con el objetivo de reducir el impacto en los bolsillos y en una inflación descontrolada, y que podrían imponerlo de forma unilateral si no conseguían convencer a un bloque que no parecía por la labor.

Si bien hace 2 años fijar un techo de 180 euros "parecía una locura a la que nunca se llegaría y hoy está ampliamente superada", es "poco discutible que debe ser el tope máximo que debemos aceptar en nuestro mercado", declaraba la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Control de precios para combatir una inflación descontrolada: ¿es una buena idea para España?

Sin embargo, España ha decidido no elevar esa propuesta en la reunión del Consejo Europeo de esta semana en Bruselas y valorar alternativas —que puedan aceptar los demás países— con el mismo objetivo: frenar la subida de precios y desvincular el precio del gas del de la electricidad.

La medida con más opciones de salir hacia delante es que el propio sistema eléctrico sea el que pague la diferencia con los ciclos combinados, plantas generadoras con gas, a través de una especie de prorrateo horario, de forma que el precio quede más bajo para los usuarios al reducirse los amplios beneficios de las centrales eléctricas no emisoras, informa El Periódico de la Energía.

En cualquier caso, el Gobierno se ha comprometido a "bajar el precio de la luz, la gasolina y el gas", ante el descontento y la escalada de la electricidad —con máximos que han llegado a los 500 euros— a través de una batería de medidas que podrían incluir alguna fórmula de retroactividad, según fuentes oficiales, recoge El País.