El Gobierno delega en multinacionales como Accenture, Indra o Deloitte el despliegue del pasaporte COVID español y su integración con el resto de Europa

La Unión Europea ya ha puesto en marcha la plataforma común a través de la que viajarán las firmas electrónicas que autenticarán los conocidos como pasaportes COVID que permitirán impulsar los viajes intracomunitarios.

El Certificado Verde Digital, nombre oficial del proyecto, se pondrá en marcha de forma oficial el 1 de julio. El próximo lunes 7 de junio se espera que Bruselas apruebe formalmente la regulación de este instrumento, y será el mismo día en el que precisamente España entre en la plataforma comunitaria para hacer sus pruebas, tal y como avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace unos días.

Pero estas pruebas comenzaron mucho antes, al menos desde principios de mayo. Para ello, el Ministerio de Sanidad de Carolina Darias ha vuelto a confiar en multinacionales como Accenture, Deloitte, Indra o Atos, según ha podido confirmar Business Insider España a través de diversas fuentes.

Para entender la complejidad del pasaporte COVID hay que detenerse primero en la diferencia entre lo que ya ha puesto en marcha Europa y lo que tiene que hacer ahora España.

El gateway comunitario es una plataforma que han diseñado multinacionales tecnológicas como T-System y SAP y que se aloja en los centros de datos de la Comisión Europea, en Luxemburgo. 

Esta plataforma permitirá que las tecnologías que implementen los distintos Estados miembros pueda ser compatible: es una plataforma que garantiza la interoperabilidad de los certificados de vacunación, similar a la plataforma que hizo compatible la app de rastreo de contactos RadarCOVID con las análogas de otros países como Alemania.

A través de la plataforma comunitaria viajarán las firmas electrónicas de los pasaportes COVID, unos certificados (códigos QR) que requerirán de la validación en frontera. Para tal fin, la Comisión ha creado un repositorio público en GitHub que permite comprobar cómo diversos países europeos están haciendo las comprobaciones pertinentes antes de desplegar su tecnología.

La tecnología de cada estado miembro, por su parte, se encargará de la emisión de los códigos QR. Cuando una persona se vacune, recibirá ese código QR o bien impreso, o bien en formato digital para poder enseñarlo en, por ejemplo, un aeropuerto.

España no ha detallado cómo emitirá estos certificados

A este respecto, el Gobierno de España todavía no ha dado muchos detalles. Sánchez prometió que España entraría en el piloto el próximo lunes, pero no se ha desvelado ni quién ni cómo se está desarrollando esta tecnología que emitirá estos códigos QR, ni bajo qué estándares de encriptación y seguridad, esenciales para garantizar la protección de datos sanitarios, como qué vacunas se han puesto los ciudadanos.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado a Business Insider España que estos códigos QR serán entregados por las comunidades autónomas, que serán, "con carácter general", las "autoridades competentes" para emitir esos certificados "en formato electrónico y en papel", y que cada una de ellas podrá contar con su propio socio tecnológico.

El Ministerio se reserva el rol de "proveedor adicional de este servicio únicamente en formato electrónico". "Actuará como emisor de certificados en sus ámbitos de competencia", detallan fuentes ministeriales.

Además, el Ministerio de Sanidad es el encargado de "coordinar la implantación del certificado en todas las comunidades", "habilitando todos los cauces de comunicación y brindando el soporte necesario para garantizar la emisión en tiempo y forma".

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Sanidad, al mismo tiempo, ha corroborado a Business Insider España que hay "múltiples empresas adjudicatarias que colaboran con el Ministerio en el sistema que permite esta emisión".

El Ministerio detalla que los certificados de inmunidad deberán cumplir "con las especificaciones contenidas en la normativa europea que se aprobará el 7 de junio". Firmas que ya ofrecen estas tecnologías de emisión destacan que la regulación europea planteará que una única administración coordine este despliegue tecnológico en cada estado.

El pasado 20 de mayo la Comisión Europea anunció el acuerdo político que sienta las bases de la regulación que se aprobará el lunes. Según ese texto, esta suerte de pasaportes inmunitarios serán certificados que abarcarán tanto la vacunación como los test de COVID o la inmunidad al haber superado la enfermedad, estarán disponibles tanto en formato impreso como en digital, serán gratuitos, fáciles de obtener, y los países miembros también los podrán usar "con fines nacionales".

En resumidas cuentas: cada país debe encargarse de desarrollar la tecnología para emitir los certificados, y la plataforma europea será el puente por el que se podrá verificar los certificados de los estados miembros. En el caso español, el Gobierno ha vuelto a delegar en multinacionales como Accenture, Indra, Deloitte o Atos el desarrollo de esta tecnología.

Accenture e Indra, entre las principales adjudicatarias

Junto con Accenture, el Gobierno también confió en Indra a finales del año pasado para gestionar el plan de vacunación en España, unas licitaciones íntimamente ligadas con el despliegue de este pasaporte inmunitario —ya que el certificado se deberá entregar en el momento en el que se inyecta la pauta completa—. Lo avanzó El Confidencialen diciembre del año pasado.

Según aquellos contratos, Indra se encargaría de dar la asistencia técnica para definir los procesos del plan, mientras que Accenture explotaría los datos de dicha estrategia. Meses después el Boletín Oficial del Estado ratificaba uno de los contratos a Indra: 800.000 euros.

En mayo del año pasado, todavía durante la primera oleada de la pandemia, La Información revelaba que el Gobierno había encargado a Accenture trabajos para el posteriormente aplaudido informe de seroprevalencia que revelaba la incidencia real del coronavirus en la población española, más allá de los datos oficiales. Solo 6 meses después, el Gobierno reconoció que el valor de estos contratos ascendieron hasta los 600.000 euros.

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A pesar de la implicación tecnológica que tiene este desarrollo, el Ministerio de Asuntos Económicos y su Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial no han participado en el proyecto del Certificado COVID que han liderado el Ministerio de Sanidad en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La Secretaría de Estado de Digitalización sí fue responsable del desarrollo de la app de rastreo de contactos que trataría de frenar los contagios, RadarCOVID, y ya fue en coordinación con Sanidad. Entonces, Indra recibió un contrato para desarrollar la app piloto superior a 300.000 euros. En octubre del año pasado se conoció un segundo contrato de 1,7 millones de euros para que continuase el desarrollo de la plataforma durante dos años.

Todas estas fueron adjudicaciones por la vía de emergencia, mediante procedimientos no negociados.