El Gobierno inicia la reforma de la ley que regula los salarios de los directivos tras la amenaza de sanciones por parte de Bruselas

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
  • El Consejo de Ministros ha aprobado iniciar la reforma de la ley de sociedades de capital que regula la transparencia en los salarios de los directivos y los derechos de los accionistas.
  • La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que se transpondrá la directiva comunitaria de 2017 a través de un proyecto de ley tras recibir el informe del Consejo de Estado.
  • La semana pasada, la Comisión Europea abrió expediente a España y otros 6 países por retrasarse en aplicar esta directiva europea, debería haber sido incluida en la legislación de los 27 antes de junio de 2019.
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En plena gira diplomática del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para intentar avanzar en la negociación del fondo europeo de recuperación del coronavirus, el Ejecutivo acaba de anunciar que aplicará a la legislación española una directiva europea sobre transparencia de las sociedades cotizadas apenas una semana después de que Bruselas amenazase con sanciones por el retraso en aplicar esta normativa.

En concreto, la CE abrió expediente a España y a otros 6 países por su retraso de más de un año en aplicar la directiva europea, que regula los salarios de los directivos de empresas y los derechos de los accionistas a través de criterios de transparencia corporativa, que fue aprobada hace 3 años y que debería haber sido aplicada a la normativa de cada estado miembro antes de junio de 2019.

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Tras la advertencia de Bruselas, España, Portugal, Grecia, Chipre, Rumanía, Eslovenia y Bulgaria contaban con un plazo de 3 meses para responder a Bruselas y trasponer la directiva a sus respectivas legislaciones. En caso de volver a demorarse más allá de octubre, la CE abrirá un proceso contra los países infractores ante el Tribunal de Justicia de la UE, que podría derivar en sanciones.

Sin embargo, el Gobierno no ha querido agotar el plazo dado por Bruselas y el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el proyecto de ley que modifica la ley de sociedades de capital y que, como ha explicado la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, "va a contribuir a sostener el crecimiento económico, así como la creación de empleo y de valor para el conjunto de las sociedades", como recoge Europa Press.

Montero ha destacado que los ministerios de Justicia y Economía han trabajado conjuntamente en el proyecto de ley que aplicará a España la directiva europea sobre sociedades de capital, señalando que tendrá "importantes repercusiones positivas en la sostenibilidad de las empresas, el bienestar de los trabajadores y la competitividad de los mercados".

La directiva europea se aprobó en 2017 como vía para garantizar que los accionistas de las compañías estén amparados por criterios de transparencia que garanticen su control sobre la gestión de los directivos en materia de riesgos, remuneraciones, votaciones, pagos, acuerdos y responsabilidad social.

La Comisión elaboró esta normativa como respuesta a la opacidad en la gestión de los directivos durante la pasada crisis económica, para lo que cuenta con mecanismos de confirmación de voto y publicación de decisiones corporativas y de control de las remuneraciones variables de los directivos, sobre los pagos diferidos y las estrategias de inversión.

Con esta decisión, el Gobierno evita una nueva llamada de atención por parte de la Comisión Europea por retrasarse en trasladar las normativas comunitarias a su propia legislación. De hecho, España es desde 2017 el país de los 27 que ocupa la primera plaza en la lista de países más penalizados por incumplir normativas comunitarias, con 54 millones de euros en multas y 96 procesos abiertos.

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