Los españoles en riesgo de pobreza que viven solos dedican 7 de cada 10 euros que ingresan al alquiler, casi el doble que en Alemania, Portugal o Francia

Los precios del alquiler en España copan el debate político desde hace meses, poniendo de relieve las dificultades de acceso a una vivienda asequible, especialmente entre los jóvenes, y en el esfuerzo económico que supone para muchos hogares hacer frente al alquiler. Ante esta situación, el Gobierno prevé ofrecer soluciones en la nueva Ley de Vivienda, pero su elaboración se está complicando por los desacuerdos en el seno de la coalición.

La regulación de los precios del alquiler se centra especialmente en los llamados mercados tensionados, en los que los precios de arrendamiento han subido más de un 5% más que la inflación en el último lustro y en los que el gasto medio por familia supere el 30% de sus ingresos, tal y como recomiendan los expertos inmobiliarios para evitar un esfuerzo económico que lastre su bienestar.

Actualmente, en España hay 109 ayuntamientos y 36 distritos en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga en las que se sobrepasa esa cota del 30% de las rentas del hogar destinadas al alquiler, segúnEl País. Esta situación afecta especialmente a los jóvenes, como desvela el último informe del Injuve, en el que se desvela que 9 de cada 10 menores de 35 años están de acuerdo o muy de acuerdo con la necesidad de regular los precios del alquiler.

De hecho, las cifras oficiales muestran que los españoles destinan desde 2018 una media de sus ingresos a pagar el alquiler que supera el 30%, según la oficina estadística comunitaria. Así, España es el país de la Unión Europea en el que los hogares destinan un mayor porcentaje de su renta a costear su arrendamiento, con un 32,1% en 2019, superando por una décima a Luxemburgo y por 1 punto porcentual a Suecia.

Sin embargo, como muestra la gráfica siguiente, el porcentaje de ingresos que dedican de media los hogares españoles al alquiler se dispara muy por encima del 30% entre la población en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, los hogares en los que se ingresa menos del 60% de la renta mediana disponible, que se dispara hasta un 45,7%, un porcentaje solo superado por Luxemburgo.

La gráfica desvela además que España se ha mantenido a lo largo de la última década como el segundo país con mayor esfuerzo económico vinculado al alquiler entre la población en riesgo de exclusión, con entre un 41% y un 45%, aunque el máximo histórico se alcanzó en 2019, cuando el promedio se elevó 4,6 puntos porcentuales en apenas un año, superando en más de 8 puntos la media europea.

Dentro de los hogares en riesgo de pobreza, los que sufren un mayor esfuerzo económico para vivir de alquiler son los hogares monoparentales, en los que un adulto convive con uno o varios hijos dependientes, con un 70,6% de sus ingresos absorbidos por el alquiler en España, que casi duplican la media de la UE, fijada en un 38,7%, y superan al 57,7% de Italia, el 55,5% de Luxemburgo o el 46,5% de Suecia.

Por otra parte, España también lidera de forma muy destacada la clasificación de países de la UE según el porcentaje de ingresos que destinan al alquiler las personas en riesgo de exclusión social que viven solas, como se refleja en la gráfica anterior, lo que refleja las crecientes dificultades de emancipación en España, que provocan que un 55% de los jóvenes entre 25 y 29 años sigan viviendo con sus padres en 2020, 6,5 puntos porcentuales más que hace 7 años.

Así, según las cifras de Eurostat, los españoles en riesgo de pobreza que viven solos dedicaban en 2019 un 69,1% de su sueldo al alquiler, disparándose en apenas un año respecto al 53,1% de gasto en vivienda que asumían en 2018. De hecho, con las cifras de 2019, España pasa del cuarto al primer lugar en cuanto al esfuerzo económico de este segmento de población para costear su vivienda.

Ante estos datos, son comprensibles las expectativas puestas en la futura Ley de Vivienda en cuanto a su capacidad para moderar el encarecimiento del alquiler. Sin embargo, la experiencia en otros países y ciudades de Europa y EEUU refleja que no todas las iniciativas hayan conseguido esa meta, según los expertos inmobiliarios, lo que no ha impedido que más territorios, como es el caso de Países Bajos hace unas semanas, sigan aprobando límites a las subidas de precios del alquiler.