Un informe desvela qué esperan conseguir España, Alemania o Francia de la nueva regulación europea contra las tecnológicas

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager.
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager.
  • Un informe para los eurodiputados recoge las expectativas y esperanzas de varias instituciones europeas sobre la nueva regulación contra las grandes tecnológicas.
  • Desde las autoridades de la competencia de Cataluña y País Vasco a ayuntamientos de más de 20 ciudades del Viejo Continente: esto es lo que esperan diversas instituciones.
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El próximo 9 de diciembre la Comisión Europea aprobará la Digital Services Act y la Digital Market Act, dos nuevos paquetes repletos de nueva legislación contra las grandes tecnológicas.

Se hará en una reunión bajo la tutela de la danesa Margrethe Vestager, vicepresidenta para la Era Digital de la Comisión además de comisaria de Competencia. Los dos nuevos paquetes legislativos van a poner contra las cuerdas a gigantes tecnológicas como Google, Apple, Facebook, Amazon o Airbnb. Pretenden introducir regulaciones sobre el tratamiento y posesión de los datos de los usuarios, así como directrices sobre las barreras de entradas que imponen en el mercado tecnológico.

Grandes think tanks estadounidenses consideran que se trata de una regulación única y exclusivamente contra compañías del país norteamericano. Si bien no está claro qué ocurrirá con la llegada de Biden al Gobierno de EEUU, lo cierto es que organizaciones como el CSIS apuntan a un nuevo choque de trenes en la Organización Mundial del Comercio, de prosperar esta nueva legislación.

Por el contrario, en Europa parece que hay mucho interés por que prospere la misma. Un documento elaborado por investigadores de la Unión, para facilitarle el trabajo a los parlamentarios de la Eurocámara, recoge testimonios, opiniones e informes de varios países miembros, así como de administraciones regionales o locales, sobre la idoneidad de que esta nueva regulación llegue a buen puerto.

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Se trata de un documento que hace las veces de briefing y que pretende ser una síntesis de las posturas locales, regionales y nacionales de los estados miembros frente a la nueva ordenanza tecnológica.

La pertinencia de que estos paquetes legislativos salgan adelante ya se han escuchado en sectores tan diversos como el mercado financiero. Esta semana, el ex-CEO de HSBC reconocía en una tribuna publicada en el Financial Times que la industria tecnológica muestra los mismos alarmantes síntomas que mostró la banca antes de la crisis económica de 2008.

En el plano administrativo, estas son las posturas que han recogido en la Unión Europea sobre los estados miembros.

En España, Cataluña y País Vasco reclaman más poder para sus autoridades de competencia

En el ámbito regional, el informe destaca las posturas de los organismos de competencia de dos comunidades autónomas españolas, la catalana y la vasca. Es la única participación española en el informe que utilizarán los eurodiputados para tomar una decisión ante la nueva legislación.

En el caso de la Autoritat Catalana de la Competència: quiere imponer multas más altas y tener acceso más rápido y masivo a toda la información de mercado. Proponen incluso que su gestión se apoye en la inteligencia artificial. Contempla, incluso, que bajo el paradigma legal europeo actual, las agencias antimonopolio como la catalana solo funcionan como organismos que eviten abusos de las grandes corporaciones frente a los usuarios.

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Con el nuevo reglamento en la mano —cuyos detalles todavía están por conocer—, la Autoritat Catalana espera que instituciones como la suya adopten nuevas funciones para velar por un buen funcionamiento del mercado. Para ello, eso sí, exigen herramientas más rápidas.

En lo mismo cae la Autoridad Vasca de la Competencia. Esperan que el nuevo reglamento contemple "nuevas herramientas" para ellas, ya que en el mercado actual existen "altas barreras" que impiden a las pymes acceder. Barreras que son creadas "artificialmente" por los principales competidores. La región alemana de Renania del Norte-Westfalia también comparte esta idea, aunque teme que los nuevos paquetes legislativos supongan algún obstáculo para pymes o startups europeas.

Las entidades locales le quieren poner coto a plataformas como Airbnb

La nueva Digital Services Act pretende regular varios conceptos, obligar a las principales plataformas a compartir sus datos con sus rivales, y en definitiva, cambiar internet durante décadas. Pero dentro del concepto de gatekeeper con el que la Comisión Europea va a definir a las grandes plataformas, hay un sinfín de matices.

Uno es que las grandes plataformas no son solo Google, Apple o Facebook. También son compañías como Airbnb, o sistemas de vehículo compartido. La ocupación del suelo público o el uso de datos urbanos suelen ir, además, de la mano de su modelo de negocio.

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Firmas que, irremediablemente, tienen un impacto directo en la movilidad urbana y en el mercado inmobiliario. El informe para el Parlamento Europeo recoge por ejemplo el testimonio de las urbes que forman parte de la red Eurocities, así como recuerda la jurisprudencia de ayuntamientos como el de París en zonas de alquiler tensionado.

De hecho, recuerda cómo a principios de marzo 22 de estas ciudades lanzaron un comunicado conjunto pidiendo la aplicación de nuevos mecanismos legales para poder hacer frente a estas nuevas realidades laborales, urbanísticas y tecnológicas en el ámbito de las entidades también locales.

Un debate nacional en varios estados miembros

El informe también abunda en cómo el debate de una nueva normativa para las multinacionales tecnológicas ya es de calado nacional en países miembros como Francia, donde el Parlamento recogió un informe similar; o comentarios recurrentes del Gobierno danés o austriaco. En Dinamarca el Ejecutivo considera que una regulación europea es la forma más eficaz de dar certidumbre legal sobre estos mercados.

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Lo mismo ocurre con un Consejo Asesor para Asuntos de Usuarios que depende del Ministerio de Justicia alemán, que defiende que la regulación en defensa de los intereses de los usuarios debería llevarse a cabo teniendo en cuenta los diversos ámbitos en los que esta nueva economía digital puede afectar a los ciudadanos.

La Digital Services Act y el Digital Market Act serán presentados el 9 de diciembre tras su votación en la Comisión Europea, después de que desde septiembre se hayan rechazado varias enmiendas y aprobado su informe preliminar. Aunque todavía se tienen que conocer muchos flecos, este debate está presente en varios países, como los referidos antes. También en Austria, donde consideran que la regulación europea debe garantizar que las tecnológicas sean más transparentes.

En España, por ahora, todavía no se ha transpuesto ninguna idea a la política nacional que sí tocarán estos dos nuevos paquetes legislativos. Salvando las distancias, la controvertida normativa del Gobierno español sobre las fake newses una primera aproximación.

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