El Estado compensará los alquileres impagados a los propietarios afectados por la prohibición de desahucios

El próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, después de varios meses de negociaciones en el seno del Gobierno de coalición para acordar los detalles de esta medida, lo que ha provocado que su aprobación se haya retrasado a la última reunión del año del Ejecutivo en pleno.

El decreto antidesahucios, además de paralizar los lanzamientos por impago de alquiler para familias vulnerables si no cuentan con alternativa habitacional, como ya se ha aplicado parcialmente durante la pandemia, también incluye la posibilidad de que los propietarios de vivienda que se vean afectados por esta medida reclamen una compensación económica al Estado por el perjuicio que les supone dejar de percibir esas rentas.

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Esa compensación no se otorgará de oficio, sino que será el propietario el que tenga que reclamarla, acreditando las pérdidas que la suspensión del desahucio le supone y en un plazo de hasta un mes después de la vigencia del actual estado de alarma, segúnLa Información, que desvela que esa compensación se calculará según la renta media de la zona donde se sitúe la vivienda afectada.

De este modo, ese cálculo se realizará teniendo en cuenta a "un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento, más los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador", según el borrador del decreto publicado por este medio.

La normativa contempla que se cubrirán los gastos "por el período que medie entre que se acordare la suspensión y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o por finalizar el estado de alarma" y establece que se podrá solicitar si no se consigue alternativa habitacional en 3 meses después de que servicios sociales emita su informe sobre el caso.

Otra de las novedades de última hora del decreto antidesahucios es que todo tipo de propietarios podrán solicitar esa compensación, una posibilidad que había provocado división de opiniones en el seno del Gobierno. De este modo, tanto propietarios particulares como grandes tenedores de vivienda, como fondos de inversión o bancos, tendrán la posibilidad de pedir indemnizaciones por las pérdidas que les genere esta medida.

Además, la normativa establece el reparto de competencias, con los servicios sociales municipales o autonómicos emitiendo los informes de vulnerabilidad que las familias necesitan para los juzgados les permitan acogerse al decreto antidesahucios y con las comunidades autónomas encargadas de buscar una alternativa de vivienda digna, en el que la familia ha de instalarse antes de que se permita ejecutar el lanzamiento.

La prohibición de desahucios busca evitar agravar las desigualdades en cuestión de vivienda en un país en el que la vivienda social se ha visto reducida a un 2% del total, en el que el alquiler es más asequible que la compra de vivienda en 15 de las 17 comunidades autónomas y en el que hay entre 30.000 y 40.000 personas sin techo, segúnInside Housing.

A esta medida solo le quedaría un fleco pendiente, según La Información, el de cuándo se aprobará la prohibición del corte de suministros básicos a familias vulnerables, propuesto por la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, que podría incluirse en el decreto antidesahucios si la coalición consigue un acuerdo al respecto.