Las arcas del Estado tendrán que asumir una inversión extra de 4.900 millones de euros para 2022 en las pensiones, debido al incremento de los precios

España tiene que afrontar una gran reforma en el apartado de las pensiones. En la actualidad, según los últimos datos recogido por Europa Press, las pensiones de jubilación suponen el mayor gasto para las arcas del Estado, con 7.340,71 millones de euros. 

Un gasto que reforzaba la idea de que las pensiones de jubilación debían revalorizarse acorde al Índice de Precios al Consumo (IPC). Aun así, la edad media de jubilación de la población española es relativamente tardía, a los 64,5 años en 2020.

A todo este problema sistémico hay que sumar que la deuda de la Seguridad Social, desde mayo de 2017 hasta mayo de 2021, se ha cuadriplicado, de 17.172,64 millones de euros hasta 85,353,51 millones.

Todo ello hizo que gobierno, patronal y sindicatos se sentaran en una mesa a pensar cómo reformar las pensiones, tras 5 años de negociaciones fallidas.  

Finalmente, en junio de este mismo año llegaron a un acuerdo, derogando la reforma unlitareal anterior del ejecutivo de Mariano Rajoy, mediante la cual se desvinculaba la cuantía de las pensiones de la evolución de la inflación.

España es el cuarto país europeo con las mejores pensiones: los jubilados españoles cobran más de lo que han cotizado

Con una reforma en 2 fases aprobada por la Unión Europea, en la primera, se revalorizó la cuantía de las prestaciones en relación a la evolución del ICP durante los 12 meses anteriores. 

Su objetivo reside en desincentivar la jubilación anticipada, así como fomentar la ampliación de la vida laboral con el incremento de la esperanza de vida. Otro de los cambios supone que el déficit mencionado de la Seguridad Social se sufragará a través de impuestos, en lugar de cotizaciones de trabajadores y empresas.

Todo ello repercutirá en las previsiones de gasto del gobierno, que tendrá que asumir un sobrecoste de 4.900 millones de euros para 2022.

Los cálculos del ejecutivo ya no sirven

Según diferentes casas de análisis citadas por El País, la inflación media que estimaba el ejecutivo de Pedro Sánchez era de un 0,9% para 2021. Sin embargo, el IPC alcanzó en junio el 2,9%, el valor más alto desde 2017, provocando que el gobierno sitúe ahora sus previsiones en un 1,9%.

Esto se traduce en que los cálculos del gobierno se han quedado obsoletos, aunque los analistas reconocen la transitoriedad en el incremento de los precios.

Las causas más recientes: la elevada factura de la luz, el incremento sobre el precio del petróleo o los problema de suministros electrónicos para móviles y coches, entre otros.

Eduardo Bandrés, director de Economía Pública y Bienestar de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), ha explicado a El País que las cuentas de la seguridad social se verán realmente afectadas por la situación de inflación que se vive en España.

Aparte, ha recalcado que el retraso en la edad de jubilación y las penalizaciones a las personas que decidan prejubilarse son deseables, por supuesto, pero solucionar el problema solo en parte.

“No me parece una medida dolorosa, pero quizás habría que pensar en redefinir el número de años que hace falta haber cotizado para recibir una pensión mínima (actualmente 15 años)", ha detallado. "

"Alargar el número de años es perfectamente justificable en términos de equidad y contributividad. De una u otra manera habrá que asumir que la ratio pensión y salario tiene que disminuir si queremos que el sistema sea sostenible”.

Aun así, habrá que esperar si los diferentes agentes sociales deciden sentarse a pensar en una situación que afecta al conjunto de la sociedad española, con temas sobre la mesa como la cotización de los autónomos o el incremento de la esperanza de vida y la sostenibilidad.