Las infracciones relacionadas con el uso de drones se disparan un 350%, pero nadie sabe exactamente por qué
Reuters
- Las infracciones en las que hubo uno o varios drones implicados de las que tuvo conocimiento la policía en España se dispararon un 350% en el año 2020.
- La razón no está muy clara, pero un abogado detalla que la mayoría de las infracciones fueron administrativas, con lo que se impondrían multas: "Se está administrativizando".
- Los datos provienen del Sistema Estadístico de Criminalidad, lo que refleja que cada vez se detectan más infracciones relacionadas con estos dispositivos aéreos.
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En 2020 se registraron como "hechos conocidos" hasta 769 infracciones en las que, en sus medios empleados, los infractores emplearon al menos un dron. Del total, 7 infracciones fueron penales y las 762 restantes fueron administrativas.
Los datos no resultarían extraordinarios de no ser porque estas cifras suponen un crecimiento del 352,3% sobre infracciones relacionadas con drones con respecto al año inmediatamente anterior, 2019.
Las cifras que el Sistema Estadístico de Criminalidad ha recogido en los tres primeros trimestres de 2021 vaticinan un saldo final similar para este año: hasta la fecha se han detectado como hechos conocidos 711 infracciones con drones como "medios empleados".
La diferencia con las cifras que se recopilaban en 2017, 2018 o 2019 son abismales. En aquellos años el portal del Ministerio del Interior detectó 117, 88 y 170 hechos conocidos relacionados con infracciones tanto penales como administrativas relacionadas con el uso de estos vehículos no tripulados.
Los datos los ha aportado el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria que se publicó este mismo lunes en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados. La respuesta, que puedes consultar aquí, incluye una tabla con las estadísticas desde 2015 sobre infracciones relacionadas con drones.
El Ejecutivo responde así a una pregunta parlamentaria que formuló el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu el pasado mes de octubre. En un escrito presentado en la Cámara Baja, Iñarritu pedía datos mediante cuatro preguntas. La tabla estadística que ha aportado el Gobierno en realidad solo da respuesta a dos de ellas, la tercera y la cuarta:
"¿Cuántas personas han sido sancionadas o denunciadas por el uso de drones de manera irregular o en zonas restringidas? ¿En cuántas actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido interceptados drones que habían sido utilizados para actividades delictivas?".
A pesar de que el diputado solicitaba mediante su pregunta información muy concreta, las estadísticas que el Servicio Estadístico de Criminalidad aporta no permiten profundizar en los detalles.
Las preguntas del diputado Iñarritu nacían después de que los perfiles oficiales de distintos cuerpos, como la Policía Nacional o la Guardia Civil, presumiesen de poseer un rifle antidrones. Las primeras referencias que las fuerzas y cuerpos de seguridad hacen sobre el mismo se remontan a 2019, cuando aseguran que ya había sido "usado" en encuentros deportivos.
¿Qué ha pasado para que se haya producido este salto exagerado? Business Insider España se ha puesto en contacto con Interior, con la Agencia Española de Seguridad Aérea y con un abogado especializado en sistemas aéreos no tripulados.
La respuesta, sin embargo, no está muy clara.
A qué se debe el brutal incremento de las infracciones con drones
La primera pista la da la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), uno de los organismos que velan y supervisan el vuelo de drones en el país. En su propia web, la AESA detalla que la normativa europea de UAS (sistemas aéreos no tripulados) sería de aplicación a partir del 31 de diciembre de 2020, lo que afectaría "a todos los drones independientemente de su uso o tamaño".
Sin embargo, la propia Agencia estipula que muchas de estas directivas llevaban en vigor desde 2019, y que su aplicación progresiva se iría produciendo en España desde finales de 2020.
La pregunta es pertinente: si la normativa entró en vigor a finales del año 2020, ¿cómo explicar el incremento de un 350% en las infracciones, esencialmente en las administrativas? Business Insider España se ha puesto en contacto con la propia AESA para saber si sus estadísticas son similares o aproximadas a las del Sistema Estadístico de Criminalidad.
No lo hacen. Los expedientes y sanciones que elevan la AESA se realizan sobre unas infracciones muy concretas estipuladas en la normativa europea. De hecho, la propia Agencia confirma a Business Insider España que entre 2019 y septiembre de 2021 han impuesto "un total de 664 sanciones" por un importe total de 928.000 euros.
En 2019 la AESA impuso 90, en 2020 impuso 171, y en 2021 impuso hasta 401. El crecimiento también es notable.
Lo que recogen estas estadísticas son "hechos conocidos", que no tienen por qué ser necesariamente "hechos esclarecidos". Los cuerpos policiales del país son los encargados de rellenar unos informes con fines estadísticos para que figuren estos delitos en la base de datos del Ministerio de Interior.
Además, en esos informes los agentes deben detallar "los medios empleados en la ejecución del hecho". De esta manera se descarta la posibilidad de que la estadística en sí esté reflejando aquellas infracciones de los que los cuerpos de seguridad han tenido constancia gracias al uso de drones policiales y otros dispositivos de titularidad pública.
"Se recogerán todos los medios empleados en la ejecución del hecho, hasta un total de tres, atendiendo a la naturaleza del medio que se trate, y no a la utilización que se realice del mismo (ejemplo: si en un robo con violencia se utiliza una escopeta y se golpea a la víctima con ella, se consignará "arma larga" y no "objeto contundente", resume Interior en una ponencia sobre estos informes.
Las infracciones administrativas se multiplican
Otras posibles razones que explicarían el incremento de más de un 350% en hechos conocidos por la policía en los que participaron drones es que el mercado se abre y estas aeronaves no tripuladas son más frecuentes en el país. También cuando se emplean en ilícitos.
Este mismo año la Policía Nacional se incautó en Málaga de un enorme dron de cuatro metros y medio de envergadura que soportaba cargas de hasta 150 kilogramos. Su autonomía permitía a una mafia de narcotraficantes trasladar droga directamente 'importada' desde Marruecos hasta Almáchar, un pueblo de Málaga, según detalló entonces el diario El País.
Efrén Díaz es abogado en el bufete Mas y Calvet, en Madrid. A él también le sorprende el sustancial incremento de hechos conocidos relacionados con drones. Arroja una idea: una infracción con un dron no es únicamente hacerlo volar en un lugar de servidumbre aeroportuaria o sin la preceptiva autorización.
Una infracción con un dron también puede suponer un allanamiento de morada, a tenor de una sentencia del Supremo de 2016 que ya declaró ilegal que la policía utilizase prismáticos para ver una vivienda sin permiso del juez. Los drones y otros "instrumentos de intrusión" podrían vulnerar la "inviolabilidad del domicilio", recogía también El País.
Pero Díaz no lo tiene claro. "Sin tener datos concretos es difícil pronunciarse", reconoce. Pero también le sorprende estos números porque revelan "que se está despenalizando y se está administrativizando".
En lo que va de 2021, las estadísticas que el Gobierno ha compartido con su respuesta parlamentaria revelan que hay un 3.185% más de infracciones administrativas que de infracciones penales.
Hace 6 años, en 2015, la balanza se inclinaba hacia el otro lado. De 121 hechos conocidos de infracciones que se detectaron entonces, la mayoría (84) eran infracciones penales. En 2021, de 711 hechos conocidos de infracciones, solo 21 son penales y 690 son infracciones administrativas.
Por eso, la principal conclusión directa que el letrado de Mas y Calvet hace llegar a este medio es concisa. "No se está judicializando. Se están administrativizando esos expedientes. No se imponen condenas. Se imponen multas económicas".
Y eso, asegura el abogado, "es un grave problema para el sector".
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