Vía libre en Bruselas: la decisión sobre Google Shopping de la justicia europea ofrece nuevas armas que la Comisión aprovechará contra otras grandes tecnológicas

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager
Reuters
  • La decisión del Tribunal General de la Unión Europea, que confirma una multa de 2.400 millones de euros a Google, valida las políticas antimonopolio de Bruselas.
  • La Comisión Europea no tendrá que esperar a que entre en vigor su futura regulación tecnológica (la Digital Services Act) y podrá acelerar sus investigaciones.
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Europa ha tocado blanco en la primera de las tres multas antimonopolio que ha impuesto a Google y a su matriz, Alphabet. Y no solo va a afectar al gigante del buscador.

Bruselas podrá utilizar la decisión del Tribunal General de la Unión Europea como un precedente legal e inmediato, sin necesidad de tener que esperar a que se apruebe y entre en vigor las futuras regulaciones tecnológicas de la Unión Europea, para las que podrían quedar años.

Dicho de otra forma: la decisión del Tribunal General, contra la que Google todavía puede interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sirve a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, para seguir escrutando el papel que juegan las grandes tecnológicas en el mercado del Viejo Continente.

Aunque la nueva regulación europea no haya entrado en vigor, Europa cuenta con nuevas armas para hacer frente a los abusos de las grandes multinacionales.

Este mismo miércoles el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) fallaba a favor de la Comisión Europea sobre una sanción que impuso al gigante del buscador en 2017: más de 2.400 millones de euros al entender que Google beneficiaba en sus resultados de búsqueda a su propio servicio de comparación de precios, Google Shopping, en detrimento de sus competidores.

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En sus conclusiones, el TGUE desestimaba la mayor parte del recurso que interpusieron tanto Google como Alphabet, y concluía que la sanción antimonopolio de Bruselas era pertinente. El gigante tecnológico todavía puede recurrir esta decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En un comunicado, la Comisión Europea consideraba que la decisión judicial trasladaba "un claro mensaje": que "la conducta de Google fue ilegal" y que era necesario trasladar "claridad" al mercado. "La Comisión seguirá usando todas sus herramientas para escrutar el papel que juegan las grandes plataformas digitales".

Google, por su parte, consideró que el dictamen era sobre "hechos muy específicos" y que aunque lo mirarían "con mucho detalle", la plataforma ya realizó cambios en 2017 "para cumplir con la decisión de la Comisión". "Estos cambios han funcionado de manera exitosa generando mil millones de clicks para más de 700 servicios de comparación de precios".

"Los anuncios de Google Shopping siempre han ayudado a las personas a encontrar aquellos productos que estaban buscando de una manera rápida y sencilla, y a los comerciantes a alcanzar a potenciales compradores", defendió un portavoz de la compañía.

Así ha cambiado la estrategia legal de Google

Era la primera vez que la Justicia europea se pronunciaba sobre una sanción antimonopolio de Bruselas a Google, y la decisión abre la puerta a que damnificados reclamen en juzgados nacionales daños y perjuicios si se consideran afectados por el abuso de su posición de dominio que Google ejerció priorizando su comparador de precios en los resultados de búsquedas.

Esta primera multa de 2.400 millones de euros se propuso contra Google en 2017, pero no es la única a la que se enfrenta la empresa tecnológica en el Viejo Continente. En 2018 llegó otra sanción todavía mayor, de 4.340 millones de euros, al considerar que Google favorece sus propias aplicaciones (Gmail, YouTube, Google Search) en el ecosistema Android, del que es propietario.

Cuando se anunció, el CEO de la multinacional, Sundar Pichai, aseguró que esa sanción y esas conclusiones de Bruselas podrían "desequilibrar" Android. De hecho, este verano la firma avanzó sus planes de pelear en los juzgados esa multa, lo que se acabó concretando en un recurso que se presentó el pasado septiembre y sobre el que también tendrá que pronunciarse el Tribunal General.

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Un año después, en 2019, Google sufrió otro varapalo tras una tercera investigación antimonopolio de la Comisión Europea. Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia, explicaba que la nueva sanción de 1.490 millones de euros se debía a que el gigante tecnológico había abusado de su posición de dominio al impedir a sus rivales colgar anuncios en algunas páginas.

Esta tercera multa se anunció apenas unas horas después de que Google anunciara cambios tanto en Google Shopping como en AdSense for Search para tratar de contentar a Bruselas. Fue en balde.

Ya en 2021 la Comisión anunciaba la apertura de una investigación que examinaría si la compañía había distorsionado la competencia restringiendo a terceros el acceso a los datos con fines publicitarios de los usuarios, quedándose con algunos de los detalles para sí misma. Ante este caso, el gigante deslizó en varios medios que tratarían de llegar a acuerdo antes que ir a juicio.

La postura de Google se comprende mejor si se tiene en cuenta que en octubre del año pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación contra el gigante tecnológico por la misma razón.

Las tecnológicas se lo pensarán más contra Bruselas

Sundar Pichai, CEO de Google.
Sundar Pichai, CEO de Google.
REUTERS/Yves Herman

Las investigaciones antimonopolio que cursa Bruselas no tienen como único objetivo Google. En noviembre del año pasado la Comisión Europea señalaba a Amazon por posibles prácticas anticompetitivas contra sus propios usuarios, los terceros vendedores que utilizan al gigante del comercio electrónico como su plataforma de venta.

No obstante, lo último que se supo al respecto en marzo de este año es que los investigadores europeos estaban teniendo problemas al recabar información sobre el algoritmo que emplea la compañía fundada por Jeff Bezos.

Google acumula frentes. El resto de tecnológicas también. La decisión del Tribunal General de la Unión Europea abre la puerta a que algunas investigaciones o acusaciones que se habían realizado contra las enormes plataformas digitales prosperen. Una de ellas es, por ejemplo, las demandas que habían hecho las plataformas turísticas como Expedia o Booking contra la firma de Mountain View.

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El hecho de que Google priorizase sus servicios de comparación de precios en sus búsquedas es algo fácilmente extrapolable a otros sectores, tanto en los que hay investigaciones en curso como en los que no.

El fallo del Tribunal General supone un respiro para el equipo de Margrethe Vestager, la comisaria de Competencia, que ya vio cómo en el pasado se le escapaban algunas tecnológicas como Apple después de que el TJUE dictaminara que el fabricante del iPhone no tendría que pagar hasta 13.000 millones de euros en impuestos en Irlanda. Se le acusaba de eludirlos.

Aquella decisión del TJUE pilló a Vestager en una reunión de la Comisión, con lo que a pesar del shock se vio obligada a mantener su compostura, según reconoció recientemente en un podcast producido por Politico.

Bruselas prepara nuevas armas legales

También este mismo verano el mismo órgano judicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, concluía que plataformas como YouTube no eran responsables de alojar contenidos que vulnerasen derechos de autor, una sentencia que escoció en la Comisión Europea.

Pero en este último caso la Unión Europea ya ha movido ficha con la Directiva de Mercado Único Digital (MUD) y su controvertido artículo 17, que se transpuso a la legislación española hace escasos días y abre la puerta a la censura previa algorítmica, según han denunciado diversos expertos.

Por este mismo motivo es de esperar que la Unión Europea siga presentando investigaciones antimonopolio contra distintas plataformas digitales, más cuando en su horizonte inmediato se trabaja en la Eurocámara en el paquete legislativo de Servicios Digitales, DSA en sus siglas en inglés.

Este paquete regulatorio incluye dos normas, la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercado Digital, que buscan fijar los límites y garantías que deberán asumir las grandes plataformas en el mercado económico común. La Comisión confía en que estas regulaciones se conviertan en estándares globales, como lo logró el Reglamento de Protección de Datos.

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A pesar de que las discusiones sobre este paquete de servicios digitales en el Parlamento Europeo habían encallado, según avanzaba el Financial Times hace poco más de un mes, dos importantes hitos se han dado esta misma semana que permiten su desbloqueo.

El primero: la comparecencia en la Eurocámara de Frances Haugen, extrabajadora de Facebook y responsable de la filtración de miles de documentos de la compañía de Mark Zuckerberg en los que se desvela cómo la firma optó siempre por las decisiones que la beneficiarían a sí misma, aun a pesar de poner en riesgo el bienestar de sus propios usuarios.

El segundo es el fallo del Tribunal General de la Unión Europea sobre la primera de las grandes sanciones que percibió Google por parte de Bruselas.

Alec Burnside, abogado de uno de los portales de comparación de precios que se vieron afectados por el abuso de Google, reconocía al Financial Times que esta decisión da "vigor e inmediatez" a las actuales normas antimonopolio europeas, "sin la necesidad de esperar a que entren en vigor las futuras regulaciones".

Andreas Schwab, eurodiputado que lidera los debates sobre la Ley de Mercado Digital que se incluye en el DSA, lo confirmaba. "Desafortunadamente hemos perdido mucho tiempo tratando de imponer nuestras normas a las plataformas. Esto cambiará pronto con la Ley de Mercados Digitales. En el futuro serán las autoridades las que puedan aplicar estas normas a tiempo".

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