Los accionistas de las grandes farmacéuticas han recibido más de 21.000 millones de euros en dividendos y recompra de acciones en plena pandemia

Las juntas de accionistas de las grandes farmacéuticas empiezan a celebrarse esta semana, pero ya hay estimaciones de los beneficios que está reportando la pandemia. 

La Alianza Popular para las Vacunas calcula que Pfizer, Johnson & Johnson y AstraZeneca han pagado 26.000 millones de dólares en dividendos y recompra de acciones a sus accionistas en los últimos 12 meses.

La Alianza Popular para las Vacunas es una coalición de organizaciones y activistas que busca, entre otras cosas, liberar las patentes de propiedad intelectual de las vacunas contra el coronavirus para permitir que otros fabricantes puedan producirlas. 

La alianza estima que Pfizer ha pagado 8.440 millones de dólares en dividendos, Johnson & Johnson 10.500 millones de dólares en dividendos y 3.200 millones de dólares en recompra de acciones, y AstraZeneca 3.600 millones de dólares en dividendos, según informa Oxfam, que forma parte de la coalición. 

"Esto sería suficiente para pagar la vacunación de al menos 1.300 millones de personas, el equivalente a la población de África", asegura el organismo, que denuncia que los accionistas estén obteniendo beneficios en medio de una pandemia.

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"Se trata de una emergencia de salud pública, no de una oportunidad de beneficio privado", afirma la responsable de políticas sanitarias de Oxfam, Anna Marriott. "No deberíamos dejar que las empresas decidan quién vive y quién muere mientras aumentan sus beneficios. Necesitamos una vacuna para las personas, no para el beneficio", señala. 

AstraZeneca ha confirmado a The Guardian los pagos a los accionistas, que, según ha explicado, asumieron los riesgos que permitieron a la empresa invertir en la vacuna. Un portavoz ha señalado que había sido responsable de 37 millones de los 38 millones de dosis de vacunas distribuidas a 100 países a través de la colaboración de Covax desde que Ghana recibió la primera entrega el 24 de febrero.

Sarah Gilbert, investigadora de la Universidad de Oxford a cargo de la vacuna de AstraZeneca, señaló a Financial Times que es razonable que las farmacéuticas quieran sacar beneficios de los países ricos después de haber hecho un esfuerzo tan grande. 

La coalición activista recuerda la financiación pública que han recibido las empresas y pide liberar las patentes 

A pesar de las declaraciones de las compañías sobre las inversiones privadas, la Alianza Popular para las Vacunas señala que Moderna, Pfizer/BioNtech, Johnson & Johnson, Novavax y Oxford/AstraZeneca recibieron miles de millones de dólares en financiación pública y pedidos anticipados garantizados. 

Además, una investigación reciente del grupo activista Universidades aliadas para los medicamentos esenciales de Reino Unido reveló que al menos el 97% de la financiación para el desarrollo de la vacuna COVID-19 de la Universidad de Oxford y AstraZeneca ha venido de fondos públicos y donaciones.

El análisis ha indagado en la financiación obtenida desde el año 2000 y señala que la inmensa mayoría del dinero, especialmente en las primeras fases de la investigación, procedía de departamentos gubernamentales del Reino Unido, institutos científicos británicos y estadounidenses, la Comisión Europea y organizaciones benéficas como el Wellcome Trust.

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"Tenemos que dejar de perpetuar la narrativa en la que el sector privado y el beneficio son los únicos impulsores de la innovación, y reconocer que la tecnología de la vacuna ChAdOx, que salva vidas, se ha desarrollado casi en su totalidad con financiación gubernamental y benéfica", señalan los investigadores.

La Alianza Popular para las Vacunas pide, por tanto, que se liberen las patentes de propiedad intelectual para permitir la producción acelerada de las vacunas en todas las partes del mundo. 

De hecho, India y Sudáfrica han solicitado a la Organización Mundial del Comercio que suspenda los derechos de patente sobre diversas técnicas, vacunas y medicamentos de COVID-19 para poder producir sus propios tratamientos para hacer frente a la pandemia. 

La propuesta ya ha sido respaldada por más de 100 países, pero no ha tenido tanto apoyo por parte de la industria y los gobiernos occidentales. 

La nueva directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweal, ha propuesto una solución alternativa por la que se concederían licencias solo de fabricación para garantizar el suministro, pero manteniendo la protección de la propiedad intelectual. 

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El propio Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha asegurado que, aunque que está a favor de se liberalicen patentes de las vacunas del coronavirus “al máximo posible”, es necesario garantizar que las farmacéuticas obtengan beneficios para no desincentivar la innovación. 

El experto ha señalado que no liberar todas las patentes no es incompatible con garantizar que la población "tenga acceso razonable a todos los recursos sanitarios para tener mejor salud". 

Sin embargo, la Alianza Popular de las Vacunas desafía esta narrativa y asegura que "en estos tiempos sin precedentes, las empresas deberían compartir sus conocimientos y no imponer los derechos de propiedad intelectual en interés de la salud pública". 

"Pero la propiedad intelectual no es el único obstáculo. Las vacunas no son tan fáciles de copiar como muchos otros medicamentos y muchas están hechas de material biológico. Por lo tanto, es importante que las empresas e instituciones de investigación también compartan los conocimientos técnicos, el material biológico y la tecnología que hay detrás de su vacuna con otras empresas que podrían fabricarlas", añade.