Un estudio macroeconómico desmiente que los solicitantes de asilo sean una carga para las economías europeas
Los solicitantes de asilo tienden a generar un impacto positivo en la economía del país que los recibe. Los efectos de su entrada son visibles en todos los aspectos de la economía del país: desempleo, PIB y finanzas públicas; y compensa ampliamente el gasto público que suponen, según los datos que se desprenden de un estudio basado en datos macroeconómicos publicado en la revista Science Advances.
El estudio, dirigido por Hippolyte d'Albis, profesor de la Paris School of Economics, ha utilizado datos estadísticos anuales de los países que reciben la mayoría de solicitudes de asilo en Europa (89% en 2015): Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Islandia, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Portugal, y Reino Unido. El periodo estudiado comprende desde 1985 a 2015 y analiza los efectos económicos y fiscales de las entradas de solicitantes de asilo en Europa Occidental.
La investigación concluye que la llegada de este grupo tiene efectos positivos en la economía de los países europeos ya que aumenta significativamente el producto interno bruto per cápita, cae el desempleo y mejoran los saldos de las finanzas públicas, lo que compensa el gasto público que implica su entrada.
Los solicitantes de asilo pueden obtener la protección siempre y cuando puedan demostrar que provienen de un país en conflicto donde las circunstancias le obligan a buscar refugio fuera de sus fronteras. Por su parte, el inmigrante es aquel que habiendo dejado su lugar de residencia o domicilio habitual busca mejorar su nivel de vida, en un país distinto al de origen, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Las diferentes situaciones conllevan diferentes impactos en la economía.
La investigación también compara el impacto de los solicitantes de asilo con el de los inmigrantes.
De los 630 pasajeros que rescató el buque Aquarius y que han sido acogidos por España, más de la mitad ha solicitado el asilo en el país de acogida mientras que el resto, el 43,4% ha pedido la protección a Francia. En el caso de España, es el Ministerio del Interior el que valorará si las circunstancias de cada solicitante merecen la protección y en caso afirmativo, se le concede el asilo que es de carácter permanente.
España ha rechazado el 65% de las peticiones de asilo del 2017, que batió todos los récords respecto a años anteriores, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). El presidente de la organización denuncia que en febrero de 2018 un total de 42.025 personas aguardaban la resolución de su expediente.
Datos no muy esperanzadores teniendo en cuenta que la Comisión augura un nuevo récord de solicitudes de asilo para este año, que a mediados de mayo registraba ya 17.000 peticiones.
El impacto positivo de los solicitantes de asilo tarda más en llegar
Mientras que la llegada de inmigrantes supone un efecto positivo desde el primer año y su impacto se mantiene durante al menos dos años —de acuerdo con los datos del citado informe—, en el caso de los solicitantes de asilo ese efecto se hace notar en el PIB de 3 a 7 años después de su llegada, según defienden los autores.
Esto se debe a que los solicitantes de asilo no siempre permanecen en el país que los acoge, y, además, hasta que se les otorga la protección, están sujetos a restricciones legales que dificultan su acceso al mercado laboral.
Los efectos en la población de los flujos de solicitantes de asilo se posponen y se reducen potencialmente porque no todos los solicitantes obtienen el estatuto de refugiados, según explica la investigación.
Sin embargo, aunque su impacto no sea tan fuerte y llegue más tarde que el de los inmigrantes, también influyen de manera positiva en la economía tal y como explica el estudio, que determina que existe evidencia macroeconómica que demuestra que los solicitantes de asilo no son ninguna carga para los países occidentales.
Conceder el asilo no debería depender de preocupaciones económicas
Los autores ponen de relieve que sus conclusiones contrastan con la percepción de que la llegada de solicitantes supone una carga económica inasumible para el país. La investigación afirma que el gasto público adicional requerido para apoyar a los solicitantes de asilo está más que compensado por un aumento relacionado en los ingresos fiscales de este grupo en poco tiempo.
De hecho, los autores aseguran que los desafíos políticos que supone acoger a los solicitantes de asilo se "pueden abordar más fácilmente si se puede disipar el cliché de que el fenómeno de la migración esté asociado a una 'carga' económica".
Los autores dicen que sus resultados sugieren quela crisis migratoria que experimenta actualmente Europa probablemente no provoque una crisis económica, sino que podría ser una oportunidad económica.
"Creemos que el mecanismo de asignación para los solicitantes de asilo debe depender más de consideraciones políticas y diplomáticas que de preocupaciones económicas.", concluyen los autores.
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