La Comisión Europea abre la puerta a regular el internet de las cosas tras señalar las malas prácticas de las 'big tech' en el sector

No les convence nada. El camino que ha tomado el sector del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), lejos de entusiasmar a las instituciones europeas, está a punto de convertirse en un importante quebradero de cabeza regulatorio.

Así lo ha señalado la propia Comisión Europea, que en su último informe, que lleva la fecha del pasado jueves, ha emitido sus conclusiones sobre cómo se está desarrollando el sector del IoT. 

Este, señala la propia Comisión en un comunicado, plantea posibles problemas de competencia en los mercados dado el rápido crecimiento de productos y servicios relacionados con este servicio.

"Las conclusiones confirman las preocupaciones señaladas en el informe preliminar. Se trata de un mercado con grandes barreras a la entrada, unos pocos agentes integrados verticalmente y motivos de preocupación en lo relativo al acceso a los datos, entre otras cosas", ha señalado al respecto Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia.

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Y añade: "Confiamos en que las conclusiones de la investigación sectorial proporcionarán orientaciones sobre la futura actividad reguladora y de ejecución de la Comisión. También esperamos que anime a las empresas a tomar la iniciativa de responder a esas preocupaciones".

Los resultados de la investigación indican, por una parte, que el IoT está creciendo rápidamente y se está convirtiendo cada vez más en parte de nuestra vida cotidiana. 

Además, señala el estudio, cada vez abundan más los asistentes de voz que hacen de intermediarios entre los clientes y las empresas que los desarrollan.

Y ahí empiezan muchos de los problemas.

Los asistentes de voz y el manejo de datos, entre las principales preocupaciones

Muchos de los participantes en la investigación señalaron que la principal barrera de entrada en el sector era el coste de la tecnología, especialmente en lo relacionado con los asistentes de voz. 

Esto, a ojo de los investigadores, impide la entrada de nuevos competidores en el sector y deja el camino libre para apenas un puñado de grandes empresas tecnológicas que son las desarrolladoras de estos dispositivos.

A ello se añade el hecho de que estas empresas, además, están integradas verticalmente y han creado sus propios ecosistemas dentro y fuera del sector del IoT. 

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En concreto, el estudio pone el ejemplo de Google, Amazon y Apple, que proporcionan la mayoría de los sistemas operativos de los smartphones.

Estas preocupaciones palidecen, sin embargo, ante prácticas como que no se puedan usar distintos asistentes de voz con un mismo dispositivo, por ejemplo.

De facto, esto convierte a los asistentes de voz en simples intermediarios entre usuarios y ciertas empresas.

"Esta posición, combinada con su papel clave en la generación y recogida de datos, les permitiría controlar las relaciones con los usuarios. A este respecto, las partes interesadas también expresan su preocupación en relación con la visibilidad de sus servicios del IoT", explica la Comisión Europea.

El acceso a grandes cantidades de datos y su acumulación permiten a los proveedores de asistentes de voz, a ojos de la Comisión, mejorar su posición en el mercado y aprovechar más fácilmente los mercados que vayan surgiendo al hilo de esta tecnología.

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Como consecuencia, unos pocos proveedores de asistentes de voz y sistemas operativos controlan unilateralmente los procesos y son capaces de limitar las funcionalidades de los dispositivos inteligentes y los servicios de IoT.

La investigación sectorial sobre la internet de las cosas de consumo se puso en marcha en julio de 2020 como parte de la estrategia digital de la Comisión. 

Durante la investigación, la Comisión ha recopilado información de más de 200 empresas de diferentes tamaños con sede en Europa, Asia y los Estados Unidos. 

Además, estas empresas han comunicado en este tiempo a la Comisión más de mil acuerdos. Esta también ha recibido 26 contribuciones de las partes interesadas durante la consulta pública tras emitir su informe preliminar.