Las familias españolas asumen un gasto anual de más de 9.000 millones de euros en mascarillas

El COVID-19 ha supuesto un cambio sustancial en la forma de vida de los ciudadanos: desde el modo de trabajar al consumo de productos nunca antes utilizados de forma habitual. La obligatoriedad del uso de la mascarillas para circular por la calle ha provocado que, según cálculos tributarios oficiales, las familias tengan que afrontar un gasto anual de más de 9.000 millones de euros en estos productos, tal y como recoge Cinco Días. 

Aunque el Ejecutivo no ha hecho aún un cálculo oficial sobre la carga que supone para los españoles la adquisición de estos productos, lo cierto es que a tenor de un consumo diario de 50 millones de mascarillas, el artículo establece que el desembolso total de las familias para un ejercicio completo superaría los 9.200 millones de euros. 

Conviene recordar que cuando el Gobierno rechazó en octubre disminuir el IVA de las mascarillas desde el 21% al mínimo del 4% e indicó esta rebaja supondría 1.568 millones de euros de menor recaudación al año, teniendo en cuenta un consumo diario de 50 millones de mascarillas, según recogía El Mundo, para luego acabar acordando la bajada en el mes noviembre. 

Así bien, el precio de las mascarillas quirúrgicas ha ido oscilando en cuestión de meses. Desde los 0,96 euros que el Gobierno fijó cuando su precio se disparó durante los primeros meses de la pandemia, a la bajada de 0,72 euros el pasado noviembre; y así hasta llegar a los a 0,62 euros por unidad al aplicarse el tipo general del IVA al superreducido del 4%.

Tomando como punto partida este último precio y teniendo en cuenta que la vida útil del producto es de unas cuatro horas, para una familia de dos adultos y dos niños, en la que uno de los miembros teletrabaje y el resto acuda diariamente a su centro laboral, el artículo apunta a un gasto mensual que puede rondar los 80 o 100 euros. 

Este hipotético caso supone elevar el gasto en mascarillas hasta los 1.200 euros en un año completo —más de 1.800 al precio oficial inicial—, y siempre teniendo en cuenta el uso de las más económicas y no las mascarillas que disponen de filtro FFP2 o FFP3, más duraderas, que aún mantienen de momento un precio libre y un IVA del 21% , pese a que países como Francia o Alemania ya comienzan a recomendarlas. 

La lucha por las mascarillas

En enero de 2020, aún sin ningún caso registrado en España, la venta de mascarillas en las farmacias del país se triplicaron, hasta alcanzar las 111.844 unidades, al tiempo que se producía un sustancial incremento de las ventas ( un 265 %), de forma que durante ese mes y solo por esos productos estos establecimiento facturaron casi un millón de euros, según publicaba la Agencia Efe.

Esta situación no mejoró cuando la pandemia comenzó a ser en España una realidad más que palpable. El país sufrió un severo desabastecimiento de mascarillas en los primeros meses de 2020, provocando, incluso, la falta de estos productos entre los sanitarios que se encontraban en la primera línea en la lucha contra el  COVID-19. 

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Como añade Cinco Días, con el tiempo, y los esfuerzos de las distintas administraciones por proveerse de ellas y de los fabricantes y distribuidores españoles por facilitarlos, su uso fue generalizándose hasta hacerse obligatorio su uso en verano, esta imposición abrió el debate sobre la bajada del precio de las mascarillas. 

El pasado 16 de octubre, el Gobierno y en palabras de la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba que la normativa europea impedía rebajar el IVA de las mascarillas, tal y como recogía Europa Press, a pesar de que Bruselas llevaba informando desde primavera a los socios comunitarios de que no les sancionaría por incumplir la directiva comunitaria al respecto.

Ante este panorama,  un mes después al Gobierno no le quedaba otra alternativa que acordar una bajada del IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Esta decisión se producía solo después de que la Comisión Europea confirmase por escrito que no abrirá procedimiento de infracción por incumplir la directiva comunicativa respecto al IVA, tal y como explicaba El Confidencial.