Una investigación reivindica que el sector privado no es el único motor de la innovación científica: la vacuna de AstraZeneca ha sido financiada en su mayor parte por fondos públicos

Al menos el 97% de la financiación para el desarrollo de la vacuna COVID-19 de la Universidad de Oxford y AstraZeneca ha venido de fondos públicos y donaciones.

Así lo determina una de las primeras investigaciones que se ha enfrentado a la falta de transparencia de la industria para intentar averiguar quién ha pagado por los años de investigación que han dado lugar a la vacuna contra el coronavirus, según recoge The Guardian. 

La investigación, que todavía no ha sido revisada por pares y se ha publicado online, ha sido realizada por el grupo activista Universidades aliadas para los medicamentos esenciales de Reino Unido y ha indagado en la financiación obtenida desde el año 2000. 

La inmensa mayoría del dinero, especialmente en las primeras fases de la investigación, procedía de departamentos gubernamentales del Reino Unido, institutos científicos británicos y estadounidenses, la Comisión Europea y organizaciones benéficas como el Wellcome Trust, concluye el documento. 

Menos del 2% de la financiación identificada procedía de la industria privada, subraya. 

Sin embargo, las cifras no pueden ser dadas como definitivas. Esto se debe, en parte, a que el progreso científico no es lineal (los estudios se basan en otros anteriores), pero también a la falta de transparencia sobre quién paga la investigación pública y privada, explica The Guardian. 

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Sin embargo, los autores creen que es suficiente como para desmontar la idea de que el sector privado asume los riesgos de la innovación y está por tanto legitimado a obtener beneficios. 

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"Tenemos que dejar de perpetuar la narrativa en la que el sector privado y el beneficio son los únicos impulsores de la innovación, y reconocer que la tecnología de la vacuna ChAdOx, que salva vidas, se ha desarrollado casi en su totalidad con financiación gubernamental y benéfica", señalan los investigadores.

El propio equipo de investigación reconoce que la falta de transparencia impide que ninguno de sus métodos empleados pueda conocer el escenario en su totalidad, pero asegura que es suficiente para determinar que la inmensa mayoría de la financiación de la vacuna procede de los gobiernos, las universidades o las organizaciones benéficas, y no de la industria.

La situación de emergencia por la pandemia de coronavirus ha provocado que muchas voces exijan la liberación de las patentes para permitir la producción de vacunas y medicamentos a menor coste y más velocidad en todo el mundo. 

De hecho, India y Sudáfrica han solicitado a la Organización Mundial del Comercio que suspenda los derechos de patente sobre diversas técnicas, vacunas y medicamentos de COVID-19 para poder producir sus propios tratamientos para hacer frente a la pandemia. 

La propuesta ya ha sido respaldada por más de 100 países, pero no ha tenido tanto apoyo por parte de la industria y los gobiernos occidentales. 

La nueva directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweal, ha propuesto una solución alternativa por la que se concederían licencias solo de fabricación para garantizar el suministro, pero manteniendo la protección de la propiedad intelectual. 

El propio Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha asegurado que, aunque que está a favor de se liberalicen patentes de las vacunas del coronavirus “al máximo posible”, es necesario garantizar que las farmacéuticas obtengan beneficios para no desincentivar la innovación. 

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El experto ha señalado que no liberar todas las patentes no es incompatible con garantizar que la población "tenga acceso razonable a todos los recursos sanitarios para tener mejor salud".

En la misma línea que Simón ha hablado también Sarah Gilbert, investigadora a cargo de la vacuna de la Universidad de Oxford, señala que es razonable que las farmacéuticas quieran sacar beneficios de los países ricos después de haber hecho un esfuerzo tan grande. 

"En esta pandemia, muchas de las acciones que estamos realizando muchas empresas son a riesgo", recordaba también Miguel Fernández, CEO de Merck España, en una entrevista anterior con Business Insider España. "Estamos invirtiendo ingentes cantidades de dinero en algo que, si sale mal, se pierde".

Sin embargo, el grupo activista autor del estudio insiste en desmontar esa teoría. "Nuestro estudio muestra que es todo lo contrario: la inversión pública y la colaboración internacional nos dieron las vacunas COVID-19", dice el equipo de investigadores, en un comunicado recogido por The Guardian. 

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En un principio, la Universidad de Oxford dijo que cualquier vacuna que desarrollara estaría abierta a los fabricantes para que la produjeran sin tener que pagar derechos de autor, y con un precio de coste o con un pequeño beneficio. 

Sin embargo, en agosto de 2020, al parecer a instancias de la Fundación Bill y Melinda Gates, la universidad llegó a un acuerdo de licencia exclusiva con la farmacéutica AstraZeneca, que no tenía experiencia en vacunas.

En un primer momento, los derechos para desarrollar y fabricar la vacuna eran propiedad de Vaccitech, una compañía fundada por la profesora Sarah Gilbert y Adrian Hill, ambos investigadores a cargo de la vacuna. 

Los científicos abandonaron la empresa para centrarse en la investigación en la Universidad y pronto quedó claro que necesitarían un socio para liderar el proceso de fabricación y comercialización. 

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Tras negociaciones con varios socios potenciales Vaccitech devolvió los derechos a la universidad, lo que permitió a Oxford firmar un trato exclusivo con AstraZeneca.

La farmacéutica pagó a la universidad una cuota inicial de 10 millones de dólares (unos 8,5 millones de euros) y ha prometido otros 80 millones de dólares (unos 67,9 millones de euros) en concepto de "pagos por hitos".

AstraZeneca solo obtendrá beneficios cuando el COVID-19 no esté ya causando una situación de crisis y la universidad recibirá unos royalties del 6% sobre las ventas de vacunas, mientras que Vaccitech recibirá el 24% de esos derechos.

Sí es cierto que AstraZeneca se ha comprometido a vender la vacuna sin ánimo de lucro durante toda la pandemia y su producto tiene el precio más bajo comparado con el resto de las rivales. A tan solo 1,78 euros la dosis, la inyección de la farmacéutica contrasta con la etiqueta de otras como la de Pfizer (12,00 euros cada dosis) o Moderna (en torno a 15 euros). 

Además, en junio de 2020, el Instituto Serum llegó a un acuerdo con la empresa para fabricar 1.000 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus. 

"Somos plenamente conscientes de la importancia de las vacunas para las personas y los países. Por ello, comunicamos nuestro compromiso conjunto de facilitar el acceso mundial a nuestras vacunas COVID-19", señalaron las dos empresas en un comunicado.

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El fabricante indio está comprometido con vender las vacunas a países de menos ingresos y la OMS dijo recientemente que esperaba que el Instituto Serum suministrara 240 millones de dosis de esa vacuna a COVAX —la principal iniciativa mundial para garantizar una distribución justa y equitativa de las vacunas COVID-19— en la primera mitad de 2021.

La colaboración entre la compañía y el Instituto Serum se ha hecho en un marco similar a la propuesta de la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweal, que aboga por no liberar las patentes, pero permitir la fabricación. 

"Muestra el potencial de los acuerdos de licencia. Sin cancelar las patentes, el Instituto Serum puede obtener derechos para fabricar vacunas a gran escala, y eso es bueno", dice también Daniel Hemel, profesor de Derecho de la Universidad de Chicago.