Ampliar el escudo social contra el coronavirus requerirá ampliar el presupuesto: moratorias de crédito e hipotecas, ERTE y cese de actividad de autónomos, en el aire

Esta semana, el Gobierno ha alcanzado un acuerdo con los agentes sociales para ampliar la vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos hasta el 31 de mayo, evitando que ambas medidas decayesen el próximo 31 de enero dejando a miles de trabajadores y empresas sin apoyos ante el coronavirus.

Con este último acuerdo social, el Ejecutivo consigue mantener vigente gran parte del escudo social y económicoque puso en marcha en marzo para intentar contener el impacto de la pandemia, valorado en 200.000 millones de euros, de los que 117.000 millones saldrían de las arcas públicas. Sin embargo, el coste del coronavirus y las sucesivas ampliaciones de las medidas de este escudo han ido consumiendo gran parte de esos fondos.

El sector privado seguirá apoyándose en fondos públicos mientras dure la recuperación del coronavirus, según los expertos

De hecho, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dedicó entre enero y julio del año pasado unos 23.300 millones de euros a pagar prestaciones de ERTE, autónomos y de desempleo, 2.000 millones más de los que España tenía asignados del programa europeo SURE para hacer frente al coste de los los ERTE, las prestaciones para autónomos y las de desempleo durante la pandemia.

Posteriormente, en septiembre, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoció que el coste de los ERTE, las exoneraciones de cuotas sociales a empresas, las prestaciones extraordinarias para autónomos y las incapacidades temporales derivadas de la pandemia habían consumido 22.000 millones de euros, el 95% del coste que el gobierno auguraba para estas medidas, segúnEl Independiente.

Un nuevo plazo para solicitar moratorias hipotecarias

De hecho, según las previsiones de gasto público enviadas a Bruselas, el coste de los ERTE se cifraba en 17.840 millones de euros, mientras que el de las prestaciones por cese de actividad de los autónomos alcanzaba los 3.766 millones. Debido a la prolongación de la pandemia más allá de las previsiones iniciales, esas 2 medidas se han seguido prorrogando y encareciendo, mientras otras partes del escudo social han decaído después del verano.

Ese es el caso de las moratorias sobre hipotecas de vivienda habitual, alquileres y suministros, que vencieron a finales de septiembre tras haber beneficiado a más de 600.000 contribuyentes, pero que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha anunciado esta semana que volverán a extender su plazo de solicitud hasta el 31 de marzo, al igual que sucede con las moratorias de créditos al consumo.

Estas moratorias no tienen un coste directo para las arcas públicas, pero sí acumulan un volumen multimillonario de saldo vivo, según el Informe de Estabilidad Financiera de Otoño de 2020 que publicó el Banco de España y que aseguraba que "el número acumulado de solicitudes de moratoria ha crecido en el tiempo", como refleja la gráfica siguiente, que también refleja su importe y el de las moratorias sectoriales.

Así, las entidades españolas habían concedido hasta noviembre 226.523 moratorias hipotecarias y 366.669 sobre créditos al consumo, destacando que "en términos del saldo vivo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos, las moratorias hipotecarias han suspendido el pago de operaciones por más de 20.500 millones de euros, muy por encima de los casi 3.000 millones de las moratorias para crédito no hipotecario".

Salvo que el nuevo plazo para solicitar estas moratorias modifique sus condiciones, podrán beneficiarse de la suspensión temporal del cobro de letras de su hipoteca las familias que destinen más del 35% de sus ingresos a pagar ese crédito y los suministros del hogar, cuya renta no supere los 1.613 euros al mes y que hayan sufrido el impacto económico del coronavirus.

Un presupuesto insuficiente para ERTE y autónomos en 2021

En cuanto a las medidas que sí generan gasto público, como las prestaciones y exenciones fiscales que incluyen los ERTE y  la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, José Luis Escrivá ha anunciado que su coste será de 5.000 millones y 2.000 millones de euros, respectivamente, lo que supone más de 4 veces más de los fondos previstos por el Gobierno para ambas medidas en los presupuestos para 2021.

Así, la partida para financiar los ERTE supera los 1.100 millones de euros, casi 300 más de los inicialmente previstos y muy lejos de los 17.800 millones que costó esta medida en 2020, lo que daba a entender que el Gobierno no preveía prorrogarlos más allá del mes de enero. Sin embargo, desde el Gobierno se ha asegurado que hay flexibilidad en las cuentas públicas de este año para trasladar fondos entre partidas.

En el caso de las prestaciones para autónomos por cese de actividad, los 2.000 millones de euros de coste que prevé Escrivá son casi 4 veces más que los 521 millones presupuestados para esta medida. En 2020, esas ayudas extraordinarias supusieron un coste total de 5.790 millones de euros, lo que supone 2.000 millones más de lo inicialmente estimado por el Gobierno cuando aprobó la medida en marzo.

Esta brecha entre el coste previsto de estas medidas y el gasto presupuestado para financiarlas ha llevado a la patronal a criticar a mediados de enero que los presupuestos de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social para 2021 habían subestimado los gastos de las medidas de estímulo ante el coronavirus, aunque la Seguridad Social ha justificado que el coste va ligado a la evolución de la pandemia y que la cobertura está garantizada.