El fraude fiscal de los más ricos supone 4.500 millones menos para las arcas públicas cada año: qué proponen los expertos

El fraude en el IRPF supone una merma recaudatoria de 7.000 millones de euros anuales y el 0,1 % más rico de España oculta un 23% de su fortuna.

Lo revela el capítulo “el fraude fiscal genera desigualdad”, coordinado por Sara Torregrosa, que forma parte del informe Desigualdad y pacto social, elaborado por la Fundación La Caixa y coordinado por el catedrático y economista Luis Ayala Cañón.

Sin embargo, los datos son positivos, ya que el cumplimiento tributario es de un 80% entre los asalariados y los autónomos, siguiendo una tendencia alcista.

El problema radica en que más de la mitad del fraude lo provocan las grandes fortunas. De los 7.000 millones anuales que se dejan de recaudar, 4.500 millones provienen de fortunas ocultas, provenientes de capital financiero.

Esta circunstancia es especialmente sensible, ya que el contribuyente medio se siente estafado por el sector más rico, una tendencia que se suele agravar en tiempos de crisis y que perjudica la confianza del contribuyente en el sistema impositivo. 

"Cada vez son más los que atribuyen el fraude a una Administración Tributaria que no lo persigue eficazmente”, afirman los economistas del estudio. Además, estiman que el 45% de la población siente que Hacienda no está persiguiendo el fraude fiscal con la suficiente contundencia y un 75% considera que en ningún caso el fraude es justificable.

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Para elaborar el estudio, se ha analizado tanto la recaudación del IRPF, el impuesto redistributivo que comenzó a recaudarse en 1979, como la recaudación de la Contabilidad Nacional del INE, tomando en cuenta, además, diversos estudios económicos.

El objetivo del informe es identificar cuáles son los indicadores del fraude fiscal en España y proponer medidas para reducirlo. 

Los paraísos fiscales y la evasión fiscal

Los paraísos fiscales esconden rentas financieras de la parte más rica de la población. 

Se entiende por renta financiera al capital procedente de intereses, por ejemplo de valores bursátiles, de dividendos de acciones y de otros productos financieros más opacos, como los pagarés al portador.

En concreto, las rentas ocultas en paraísos fiscales podrían alcanzar un 30% de las rentas financieras declaradas totales. 

Si el total que Hacienda recauda al año por rentas financieras es de unos 15.000 millones de euros, el estudio refleja que ese 30% que se esconde supone que las arcas públicas dejan de recaudar unos 4.500 millones de euros al año.

En este porcentaje de contribuyentes que se escapa, su evasión fiscal aumenta con su renta; ya que el 1% más rico de la población evade hasta el 61% de su renta financiera, depositada en paraísos fiscales.

“Desde el punto de vista de la desigualdad, un tipo de fraude al que merece la pena prestar especial atención es el procedente de los rendimientos de inversiones no declaradas en el exterior, dado que el uso de paraísos fiscales suele estar protagonizado por grandes fortunas.”, señala Torregrosa.

El pasado año, el Gobierno promulgó la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, en la que denomina a los paraísos fiscales como “jurisdicciones no cooperativas’ y propone actualizar la lista de países continuamente para identificar mejor qué fortunas españolas operan allí.

Ahora bien, no pensemos que el fraude se limita exclusivamente a que hay contribuyentes que esconden parte de sus ganancias. Existe, según identifica el estudio, “una amplia área gris que es objeto de controversia judicial”.

En concreto, Torregrosa afirma que “la existencia de diferenciales fiscales entre regiones incentiva cambios en la residencia fiscal de los contribuyentes”. Algo que muchas fortunas hacen, por ejemplo, trasladando su residencia a Andorra.

¿Qué proponen los expertos?

“La armonización fiscal podría limitar la competencia que se puede generar entre países o regiones a la hora de ofrecer gravámenes cada vez más bajos”, recoge el informe. 

Esto es, mermar las diferencias entre regiones y países con relaciones internacionales para eliminar los incentivos que supone depositar el dinero en otro lugar.

Los autónomos declaran menos capital del que deberían

El 80% por ciento de los autónomos cumplen rigurosamente con sus obligaciones fiscales, frente al 20% que no lo hace. Aunque es una cifra muy positiva, los expertos señalan que es preciso seguir reduciendo la brecha impositiva en este sector. 

“La renta del autoempleo, por su parte, también ha escapado –y escapa– de la información automática, y, en la parte acogida a estimación objetiva, ha sido estimada muy por debajo de su valor real por la normativa tributaria”, afirma Torregrosa.

Un problema que el Gobierno comparte y que pretende atajar con el nuevo sistema de cotización de autónomos, que se habilitará en enero de 2023 y que contará con revisiones trienales en un periodo de 9 años. 

Según reza el prólogo del Real Decreto-ley 13/2022, el sistema impositivo de los trabajadores por cuenta propia es "un régimen deficitario, cuya sostenibilidad, en un sistema de Seguridad Social regido por los principios de contributividad y de solidaridad, depende de las aportaciones de otros regímenes”. 

Además, señala que el decreto busca no solo garantizar que el sistema de prestaciones públicas, como desempleo o pensiones, alcance a los autónomos que ahora no pueden acceder a él, sino también adecuar “la cuantía de las cuotas a los ingresos reales y con ese fin seguir mejorando los instrumentos de verificación de esos rendimientos para evitar supuestos de elusión de cotizaciones”.

El cambio del sistema podría mejorar la fiscalidad de este sector de la población, pero existen más medidas que podrían tomarse.

¿Qué proponen los expertos?

Torregosa sugiere que se creen más medidas de control sobre los ingresos de los autónomos que permitan reducir la economía sumergida. Y señala que la tendencia es muy favorable; en los últimos veinte años la economía sumergida se ha reducido al 20% y continúa decreciendo.

Los contratos precarios aumentan la economía sumergida de los asalariados

La inestabilidad de contratos señala que existe parte de economía sumergida también entre los asalariados.

En torno a un 20% de los asalariados oculta parte de su renta, y lo hace generando ingresos por encima de las condiciones que aparecen en su contrato. Por ejemplo, un camarero contratado a media jornada que trabaja todo el día y cobra parte de su salario sin declararlo.

Torregrosa y su equipo señala que “España está entre los países con mayor desigualdad salarial de Europa. La principal razón, aunque no la única, fue el aumento de los contratos temporales y parciales entre los que tenían los salarios más bajos y entre las personas trabajadoras más jóvenes.”

En tiempos de crisis, las empresas utilizan este recurso para reducir sus gastos impositivos y los más jóvenes, así como las mujeres, son los grupos de población más vulnerables a estas prácticas.

El Gobierno, con su reforma laboral que entró en vigor el diciembre pasado, proponía reducir los contratos temporales, con nuevas fórmulas flexibles como el de fijo - discontinuo y promoviendo la contratación indefinida.

¿Qué proponen los expertos?

Al margen de los resultados que esta reforma tenga en atajar la precariedad laboral e, indirectamente, reducir el fraude, Torregrosa sugiere otras medidas.

Entre ellas, rediseñar la educación obligatoria, introduciendo más horas lectivas dedicadas a la enseñanza en nuevas tecnologías, que mejoren el perfil de contratación de los jóvenes. 

Asimismo, aumentar las prestaciones sociales para los hogares más vulnerables y “evaluar la pertinencia o no de otros instrumentos, como pueden ser los créditos fiscales a personas trabajadoras con salarios bajos”.