El freno a la negociación colectiva en los servicios en la UE resta cada año 25.000 millones de euros en sueldos y 28.000 millones en impuestos y cuotas sociales, según UNI Europa

La negociación colectiva está en retroceso en la Unión Europea. Así lo advierte la federación sindical europea UNI Europa, que representa a 7 millones de trabajadores del sector servicios pertenecientes a 320 sindicatos de 50 países del continente, que acaba de presentar este martes un informe en el que asegura que la cobertura de la negociación colectiva está disminuyendo en Europa, pasando de un 72% de trabajadores cubiertos por convenios salariales colectivos en 2010 a un 66% en 2018.

El estudio de UNI Europa, presentado durante la conferencia anual de la federación, se centra en las consecuencias del freno a la negociación colectiva en el sector servicios, destacando que los trabajadores excluidos de los convenios colectivos en la UE están dejando de percibir 25.000 millones de euros al año en salarios. No obstante, señala que los porcentajes varían entre países y que en Francia o Alemania su aplicación supondría un alza salarial de un 18% y un 19%, respectivamente.

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Por este motivo, la federación sindical ha iniciado con este estudio una campaña para defender el derecho a la negociación colectiva e incrementar el número de trabajadores europeos amparados por ella, en la que se destaca que el impacto del retroceso de los convenios colectivos afecta tanto a la sociedad como a los salarios de los trabajadores, con pérdidas para los ingresos públicos de 28.000 millones de euros anuales en impuestos y contribuciones a la Seguridad Social.

"La causa clara de este declive es que durante los últimos 20, 30 o 40 años hemos estado bajo una política, denominada neoliberalismo, lo que implica básicamente que el Estado se ha reducido, nos hemos abierto al comercio y la negociación colectiva sigue siendo básicamente un asunto nacional, por lo que ha sido cada vez más difícil", asegura a Business Insider España el secretario regional de UNI Europa, Oliver Roethig.

"Las respuestas para la negociación colectiva solo pueden alcanzarse a una escala europea y global", afirma Roethig, como una vía para evitar aprovechar la interconexión económica para evitar la competencia desleal por parte de compañías multinacionales que pueden mover su actividad de un país a otro en caso de un conflicto laboral o en los países que aplican dumping social para atraer empresas.

Roething alude a varios estudios del Fondo Monetario Internacional y la OCDE que respaldan la utilidad de la negociación colectiva para incrementar los derechos laborales y el poder adquisitivo de los trabajadores y reducir la desigualdad. "Si hay negociación colectiva, puede no ser positivo para la gente en las empresas que solo busca beneficios, pero es positivo tanto para las empresas como para la sociedad a largo plazo" para poder afrontar crisis como la del coronavirus, añade.

Así, el informe de UNI Europa destaca que en la UE, el salario medio más alto en el sector servicios lo reciben los trabajadores amparados por convenios de empresa en España, Francia, Alemania, Austria, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Hungría y Eslovaquia, mientras que en Bélgica, Chipre, Finlandia, Reino Unido, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Rumanía y Suecia son los empleados cubiertos por convenio sectorial.

"Para ser más ambiciosos, si todos los trabajadores de servicios estuvieran cubiertos por el convenio colectivo salarial que con mejores condiciones de sueldo de su país y sector, el salario bruto de los trabajadores aumentaría en 145.000 millones de euros al año", asegura el estudio, que calcula que los ingresos totales en toda Europa aumentarían en 108.000 millones de euros cada año. 

"Para lograr el máximo impacto, todos los trabajadores en Europa deben beneficiarse de un convenio colectivo sectorial como así como uno de empresa que parta de ese convenio sectorial", destaca el informe de UNI Europa, que afirma que esa situación se produce en los países en los que los sindicatos tienen mayor fuerza negociadora, como en Escandinavia o Bélgica, aunque también en menor medida en España, Francia, Suiza y Reino Unido.

Limitar los contratos públicos a empresas sin negociación colectiva

El porcentaje de un 66% de trabajadores cubiertos por convenios colectivos supone situarse por debajo de las recomendaciones de la Comisión Europea, según señala el informe, que recuerda que Bruselas propuso recientemente fijar el 70% como meta para la cobertura de la negociación colectiva, mientras que en el Parlamento Europeo, donde la campaña de UNI Europa ha recabado apoyos en los principales grupos políticos, se ha propuesto elevar ese objetivo hasta el 90% en 2030.

De hecho, varios europarlamentarios de distintos grupos han respaldado la reclamación de UNI Europa de no conceder contratos públicos a empresas que no cuenten con convenios colectivos. "La contratación pública equivale a 2 billones de euros cada año, este dinero, si se gasta a través de las administraciones públicas, puede ser una fuerza beneficiosa", ha asegurado Agnes Jongeriuis, europarlamentaria del Partido Laborista holandés.

Por su parte, Leïla Chaibi, eurodiputada de La France Insoumise, ha apoyado que los contratos públicos solo se concedan a empresas que respeten los derechos de sus trabajadores, una reclamación compartida por el europarlamentario conservador alemán Dennis Radtke, que ha reclamado que se escuche a los trabajadores de limpieza, de centros de atención al cliente, del servicio postal y cuidadores, que han sido cruciales para contener la pandemia.

Mientras, Kira Marie Peter-Hansen, eurodiputada del Partido Popular Socialista danés, ha afirmado que la UE solo pide a sus países miembros que tengan en consideración el precio cuando otorgan contratos a empresas privadas, lo que ha significado, en su opinión, que los fondos públicos han motivado a algunas empresas a saltarse las normas para ponerse en ventaja.

Para Oliver Roethig, es importante que la Comisión Europea respalde la meta del 70% de cobertura de la negociación colectiva en los planes nacionales de los 27, pero reclama que esos planes se concreten y se apliquen del mismo modo a grandes empresas y pequeños comercios. Respecto a la contratación pública, señala que el 40% del PIB europeo procede de empleados del sector público, de los que critica que muchos están "en muy malas condiciones laborales".

Por ello, señala que para amparar a los empleados de limpieza, de seguridad, del sector de los cuidados, que destaca que en la mayoría de los casos no están amparados por convenios colectivos, es necesario que los contratos públicos solo se ofrezcan a compañías que respeten este derecho. "Es muy sencillo, solo hay que cambiar una frase en la ley europea, replicarlo a escala estatal y ya lo tendríamos", asegura, señalando además el respaldo de los 2 mayores grupos de la Eurocámara.

Además, el secretario regional de UNI Europa afirma que estos cambios no solo beneficiarían a los trabajadores del sector público, dado que las empresas que acceden a concesiones públicas también trabajan en otros sectores, que prevé que se beneficiarían si las empresas aceptan la negociación colectiva, dado que en los casos en los que no les ampara este derecho, sus salarios apenas superan el mínimo interprofesional.

Las multinacionales como espacio clave para ampliar la cobertura de los convenios

El informe presta especial atención a las multinacionales, afirmando que emplean a unos 40 millones de europeos, casi un 18% de los trabajadores de la UE, lo que refleja la importancia de estas compañías para el avance de la negociación colectiva. UNI Europa destaca que algunas multinacionales se han comprometido en la defensa de los derechos de sus empleados, mientras otras, entre las que señala a Amazon y Teleperformance, han destacado por minar la negociación colectiva.

Para conocer cómo están operando estas empresas en Europa, el estudio incluye un sondeo que refleja que las multinacionales tienen convenios salariales en una media del 62% de países donde están presentes que amparan a un 89% de los empleados en cada país, aunque los porcentajes varían entre sectores, con un 56% en el comercio a mucha distancia del 74% que se registra en el sector financiero.

Sin embargo, el informe de UNI Europa destaca que existe una presión a la baja sobre la cobertura de los convenios salariales sectoriales y de empresa durante las últimas décadas, que señala que ha supuesto entre 2010 y 2018 un retroceso medio 5% en los sectores privados de servicios en toda Europa, que superan a los de la anterior década y que son más destacados en Centroeuropa, los países bálticos, los Balcanes y los países intervenidos por la troika durante la pasada crisis.

El secretario regional de UNI Europa alude al traslado de beneficios por parte de las multinacionales de unos países a otros y destaca que los convenios colectivos ayudan evitar el círculo vicioso que lleva a la devaluación de los salarios y, por tanto, a la caída del consumo y de los ingresos públicos, al tiempo que facilitan que las empresas paguen los impuestos y cuotas sociales que les corresponden en casa país.

Para evidenciar hasta qué punto han caído los salarios, Oliver Roethig alude al fat cat date, el momento en el que los ingresos de un directivo de una gran empresa supera el salario medio anual de sus empleados, que señala que se alcanzó a mediados de enero, por lo que, extendiendo el cálculo a lo largo del año, cifra el sueldo anual de un consejero delegado o un presidente en 15 años de salario para sus empleados.

A la espera de avances sobre convenios colectivos en la negociación sobre la reforma laboral en España

Mientras, en España, los avances para evitar el freno en la negociación colectiva están pendientes de la negociación entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y las patronales respecto a la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, que se reinició a mediados del mes pasado y que forma parte de las medidas e iniciativas que el Ejecutivo enviará a Bruselas como parte de su Plan de Recuperación.

"En España, se empezó a sufrir este lamentable proceso fundamentalmente a raíz de la reforma laboral de 2012, presentada por el PP, que atacó de raíz a la propia negociación colectiva sectoral, primero con la pérdida de actividad de los convenios colectivos y, por otro lado, con la prioridad aplicativa de los convenios colectivos de empresa sobre los sectoriales", asegura a Business Insider España Paloma Vázquez, secretaria de Política Institucional y Empleo de CCOO, que forma parte de UNI Europa.

"Esta normativa ha propiciado una disminución de la tasa de cobertura, es decir, al decaer los convenios al tener la ultraactividad limitada, determinados colectivos de trabajadores se quedaron sin ese convenio de referencia y debían ir al de ámbito superior si existía o al Estatuto de los Trabajadores, y esto ha supuesto un retroceso en los avances sociales conseguidos con anterioridad", añade Vázquez, destacando la petrificación de los convenios para no perder lo conseguido.

La responsable de CCOO afirma que la prioridad de los convenios de empresa ha hecho retroceder los derechos de los trabajadores, señalando también a la proliferación de organizaciones sindicales promovidas por las empresas para alcanzar acuerdos que empeoran las condiciones de los convenios colectivos sectoriales. "Desde CCOO, como sindicato de clase, creemos que carece de sentido y genera competencia desleal con empresas del sector que sí están sujetas a convenios", destaca.

En cuanto a la mejora de la normativa de contratación pública, Paloma Vázquez señala las conclusiones del informe 2020 del observatorio sectorial que publica anualmente su sindicato, que revisa más de 10.000 expedientes de contratación pública del año pasado y en el que concluye que a pesar de la nueva Ley de Contratos del sector público de 2017, todavía sigue primando el criterio del precio sobre el de calidad a pesar de que la norma estipula lo contrario.

"Esos 10.557 expedientes de contratación pública han supuesto una gestión de más de 4.878 millones de euros licitados por los 3 niveles competenciales de la administración pública en todo el territorio nacional y, en el desarrollo de los procedimientos, los organismos gestores han dejado nada más y nada menos de invertir en los servicios públicos más de 717 millones de euros, es decir, una rebaja promedio de casi el 15%", señala.

En su opinión, esta rebaja, que se evidencia mes a mes en la gráfica anterior, perjudica tanto a la calidad del servicio prestado como a las condiciones laborales de los trabajadores y no se puede atribuir a criterios de eficiencia sino a la búsqueda de la oferta más baja para cumplir el contrato al menor coste posible, lo que se traduce en impagos a empleados, incumplimientos de obligaciones fiscales o medios insuficientes para proteger la salud.