Galicia aprueba una ley que prevé multas de hasta 60.000 euros por no vacunarse

Galicia se ha convertido en la primera región española en contar con un marco legal propio que cuestiona el carácter voluntario de la inmunización contra el coronavirus.

Se trata de la reforma de la Ley de Salud Pública, una modificación de un texto previo de 2008 impulsada por Alberto Núñez Feijóo que ha sido aprobada este martes en el Parlamento gallego con el voto mayoritario del Partido Popular, y que establece multas de hasta 60.000 euros para aquellas personas que no quieran vacunarse.

Si bien la nueva legislación no impone de manera obligatoria la vacunación, sí ofrece a la Xunta de los mecanismos necesarios para exigir la obligatoriedad de la inmunización en el caso de considerarlo necesario por la situación epidemiológica.

Según el texto, al que ha tenido acceso el medio Redacción Médica, se recogen hasta tres tipos de sanciones, que van desde multas leves (que oscilan entre los 1.000 y 3.000 euros), graves (de 3.001 a 60.000 euros) y muy graves (de 60.001 a 600.000 euros).

Así la "negativa injustificada a someterse a medidas preventivas, consistente en la vacunación o inmunización prescrita por las autoridades sanitarias, de acuerdo con establecido en esta ley" implicará una sanción de entre 1.000 y 3.000 euros, que puede ascender hasta los 60.000 euros en los casos en los que no vacunarse  “suponga un riesgo o un daño grave para la salud de la población". 

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Las infracciones pueden llegar a ser catalogadas hasta "muy graves", lo que acarreará multas de entre 60.001 euros hasta los 600.000 euros. En estos casos se incluyen el incumplimiento de las medidas sanitarias, (por ejemplo un profesional sanitario que no cumpla una cuarentena). Y es que la nueva legislación también contempla fórmulas de control que incluyen sancionar la "falta de cumplimiento voluntario de la medida de aislamiento" o de la "obligación de cuarentena".

La normativa, pionera en España, claramente pone en duda el carácter voluntario de la vacuna del COVID-19, defendido siempre por Sanidad.

A este respecto, la nueva legislación cuenta con la oposición frontal del resto de grupos políticos. Tanto socialistas como nacionalistas gallegos consideran que la norma "vulnera derechos fundamentales" y no pasará el filtro del Tribunal Constitucional, según recoge Euronews.

En opinión de la portavoz de sanidad hospitalaria del BNG, Iria Carreira, en declaraciones recogidas por El Mundo, la ley pretende "tratar a los gallegos como sospechosos habituales" e introduce medidas coercitivas ya que faculta a las autoridades sanitarias a requerir la identificación de personas y emitir órdenes de "obligado cumplimiento".