El gasto en pensiones aumentará sobre 3.500 millones en 2022, un 2,3% más, por el alza de la inflación

Gobierno, sindicatos y patronales continúan inmersos en la negociación para la reforma del sistema público de pensiones, uno de los principales proyectos legislativos incluidos en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas y con el que se busca cerrar un acuerdo que lleva discutiéndose durante los últimos 5 años con un borrador de reforma que el pasado octubre consiguió el consenso casi unánime del Pacto de Toledo.

A pesar de los desencuentros a lo largo de la negociación entre el Ejecutivo y los agentes sociales, la reforma parece encarrilada para incluir una cláusula de actualización de las pensiones de acuerdo a la inflación de los últimos años, que no se compensará a la baja en caso de que el IPC sea negativo ante el rechazo de los sindicatos, además de la modificación del periodo de cálculo de la pensión y la derogación del factor de sostenibilidad para sustituirlo con un mecanismo de solidaridad generacional.

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De este modo, la propuesta del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, implica revalorizar las pensiones según la evolución de los precios en los 2 años anteriores en lugar de al pronóstico del IPC para el año siguiente, lo que busca mantener la vinculación entre el valor de las prestaciones de jubilación y la evolución de los precios, como ya se aplicaba antes de la última reforma del sistema, realizada en 2013.

En caso de que la negociación siga el calendario que el Gobierno acordó con Bruselas para la aprobación por fases de la reforma de las pensiones a partir de 2022, el gasto público para prestaciones crecerá el año que viene en torno a unos 3.500 millones de euros, un 2,3% más, debido a la evolución prevista de la inflación este año y a la paga compensatoria de la diferencia entre la subida de las pensiones de 2021 y la evolución media del IPC durante el año, segúnLa Información.

De este modo, si la inflación cumple los pronósticos que augura el panel de analistas de Funcas, su crecimiento en 2021 será de un 1,6%, lo que acarreará un alza de 2.500 millones de euros en el gasto en pensiones de 2022, mientras que la diferencia entre ese porcentaje y el 0,9% que se incrementaron las prestaciones en 2021 implica el 0,7% restante, que se traduce en otros 1.000 millones de euros, sobre el que el Gobierno tiene potestad para elegir sobre su reparto.

Este último aumento previsto para 2022 se percibiría por parte de los beneficiarios en un pago único que se cobraría en torno a febrero, siempre y cuando el acuerdo entre las patronales, los sindicatos y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se cierre antes del final de 2021, lo que permite que la revalorización entre en vigor con el nuevo sistema para evitar la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones de jubilación, según el digital.

Además, la reforma incluirá una regla adicional para evitar la pérdida de poder de compra de las pensiones y el bienestar económico de sus beneficiarios, que consiste en una revisión periódica del sistema cada 5 años por parte de Gobierno y agentes sociales para valorar que el mecanismo de revalorización anual de las prestaciones funciona de la manera prevista por el Pacto de Toledo.