Gestha cifra en 59.000 millones la pérdida recaudatoria de España y achaca la mayor parte a la economía sumergida

Redacción Europa Press,
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo
  • El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) cifra en 59.000 millones de euros la menor recaudación de España respecto a lo que le correspondería de tener una presión fiscal media con la UE-28.

  • Además, achaca la mayor parte a la economía sumergida y plantea que si se redujese en 10 puntos se podría recaudar unos 38.000 millones de euros.

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El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) cifra en 59.000 millones de euros la menor recaudación de España respecto a lo que le correspondería de tener una presión fiscal media con la UE-28, y achaca la mayor parte a la economía sumergida, ya que si se redujese en 10 puntos se podría recaudar unos 38.000 millones de euros.

Estos son los cálculos realizados por Gestha sobre las diferencias de presión fiscal de España respecto a Europa en 2018, en el que cifra en 58.907 millones de euros la pérdida de recaudación en España por la menor presión fiscal con la UE-28 y en 75.738 millones la pérdida respecto a la de la zona del euro.

Los datos, recogidos por Europa Press, apuntan que, respecto a la media de la UE-28, el mayor déficit recaudatorio se registra en los impuestos sobre la renta y el patrimonio de las personas (20.400 millones), seguida de las contribuciones sociales (10.800 millones).

En relación con la zona del euro, el mayor 'gap' recaudatorio se registra en las contribuciones sociales (33.600 millones) seguidas de los Impuestos sobre la renta y el Patrimonio de las personas (28.800 millones).

Economía sumergida, sociedades e IRPF

Según Gestha, el diferencial de la presión fiscal española se debe en primer lugar a la abultada economía sumergida española, que se sitúa casi 10 puntos por encima de la media del resto de los países de la Eurozona. Si el volumen de economía sumergida se redujera en 10 puntos se podrían recaudar unos 38.000 millones de euros anuales entre impuestos y cuotas de la Seguridad Social defraudadas, según sus cálculos.

La elusión de las grandes fortunas, seguida por el déficit de la progresividad de la renta dual y de las escalas de gravamen en el IRPF, así como las altas bonificaciones autonómicas en el Impuesto de Patrimonio y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones son las causas principales la brecha recaudatoria en los impuestos personales.

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Por otra parte, los técnicos de Hacienda apuntan que el Impuesto de Sociedades aún está muy lejos de sobrepasar los 44.823 millones ingresados por España en 2007, hace 12 años. De hecho, este tributo acumula aún un desplome del 44,2%, de forma que los 19.819 millones de euros que las empresas no ingresarán respecto a 2007 conforman la segunda "grieta" más importante, después de la del fraude fiscal, por la que España pierde ingresos.

Reforma fiscal integral

En este contexto, Gestha urge a abrir un amplio debate para llevar adelante una propuesta de reforma integral de los impuestos que posibilite disponer de recursos suficientes para atender a los gastos públicos e inversiones, así como reducir el déficit y el endeudamiento.

A su juicio, la reforma debería plantear el reto de lograr una mayor redistribución de la renta y la riqueza entre los ciudadanos, al tiempo que insta a priorizar en la reducción de la elusión y la evasión fiscal y la mejora de la gestión de los fondos públicos son prioritarios para los Técnicos.

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Esto pasa, en su opinión, por una reorganización tanto de la Agencia Tributaria Estatal (AEAT), funcionando de forma independiente de las injerencias políticas o económicas, como de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para conseguir un más eficaz control del gasto público para contener el déficit sin necesidad de aumentos impositivos generalizados.

En este sentido, Gestha propone, entre otras medidas, establecer un nuevo régimen de exigencia de responsabilidad administrativa, y en su caso, patrimonial, al gestor del gasto, que corrija la actual impunidad de muchas actuaciones que, aun no constituyendo delito o incumplimiento contable, supongan una "irresponsable disposición de los fondos públicos en infraestructuras con escaso o nulo aprovechamiento o con costes exagerados".

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