Glovo, Amazon, Deliveroo y Uber deben más de 25 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social, que acaba de ganar un juicio a Deliveroo

Un repartidor de Deliveroo, en Barcelona.
Un repartidor de Deliveroo, en Barcelona.

REUTERS/Albert Gea

  • Las cuatro principales plataformas que emplean a riders, Glovo, Amazon, Deliveroo y Uber acumulan más de 25 millones de euros en cuotas no pagadas a la Seguridad Social, según El País.
  • Deliveroo perdió este martes un juicio en Barcelona contra la Seguridad Social por una reclamación de las cotizaciones sociales de 741 trabajadores, el segundo varapalo judicial contra la plataforma, que ya fue condenada en un tribunal madrileño por una demanda de 532 repartidores.
  • La sentencia del Tribunal Supremo en septiembre, que consideró que la relación entre Glovo y sus riders tiene "naturaleza laboral", ha puesto sobre la mesa la necesidad de clarificar el sector, pendiente de la Ley de Riders que prepara el Gobierno.
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Las cuatro principales plataformas de reparto a domicilio que emplean a riders acumulan desde 2017 unos 25 millones de euros en cotizaciones no pagadas a la Seguridad Social por no haber dado de alta a sus repartidores, según los cálculos de la Inspección de Trabajo, que en estos cuatro años ha dado de alta de manera forzosa como asalariados a casi 18.000 trabajadores autónomos de Glovo, Amazon, Deliveroo y Uber, informa El País.

Los 25.987.401 euros que Trabajo reclama a estas plataformas —una cantidad que no se sabe si las empresas han pagado, aunque sea en parte, admite El País— se conocen justo después de que una sentencia ratifique los 1,3 millones que tendría que abonar Deliveroo tras perder este martes un juicio contra la Seguridad Social, que reclamó a la firma esta cantidad en concepto de cotizaciones sociales no abonadas por 741 repartidores en el Juzgado Social número 24 de  Barcelona. Se trata del segundo varapalo judicial para la plataforma británica, que ya fue condenada en julio de 2019 por un juzgado de Madrid en una demanda de 532 trabajadores.

A las sentencias contra Deliveroo se suma la decisión del Tribunal Supremo del pasado mes de septiembre en la que reconoció tras una reclamación de un repartidor de Glovo que "la relación existente entre un repartidor (rider) y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral", abriendo la puerta a la consideración de los repartidores como falsos autónomos. La sentencia madrileña contra Deliveroo también ha sido reclamada ante el Alto Tribunal, según La información.

El Supremo falla contra Glovo y sentencia que los riders son falsos autónomos

Entre las plataformas, Glovo tiene la mayor factura a pagar, con más de 6,1 millones de euros y la obligación de dar de alta a más de 11.000 repartidores; a continuación figura Amazon, que tiene parte de sus servicios de reparto distribuidos a través de la plataforma Amazon Flex de repartidores autónomos, a la que la Inspección reclama otros 6,1 millones, correspondientes a algo más de 4.000 trabajadores. Deliveroo debe pagar 2,8 millones por 1.450 riders y Uber, unos 817.000 euros por 1.428 conductores.

Estas cantidades proceden tanto de sentencias judiciales como de la actuación de la Inspección de Trabajo, que está investigando a estas compañías tanto por denuncias de las organizaciones sindicales como de oficio y ya confirmó los 16 millones de euros que reclama a Glovo por los 11.013 repartidores que ha identificado como falsos autónomos.

A la espera de la 'Ley de Riders'

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Europa Press

Más allá de las actuaciones de la Inspección, repartidores y empresas están a la espera de conocer el contenido de la 'Ley de Riders' que prepara el Gobierno y que según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, irá en el sentido de considerarlos asalariados y no autónomos. "Una persona que va en bicicleta no es un emprendedor, es un simple trabajador", llegó a decir Díaz tras el Consejo de Ministros del 29 de septiembre.

Tanto la patronal tecnológica Adigital como los sindicatos coinciden en que la situación de los riders es apenas una muestra de la "inseguridad jurídica" que vive el sector de las plataformas digitales. "Esto es la punta del iceberg, no me cabe duda de que debería regularse sobre las plataformas y su impacto en el trabajo", señaló el director general de la patronal, José Luis Zimermann, durante un foro de debate junto a sindicatos y una de las organizaciones de repartidores, organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) en octubre.

De esta futura ley apenas se han conocido algunos borradores, como uno revelado por La información en noviembre, según el cual Trabajo obligaría a las plataformas a poner a disposición de sus trabajadores los equipos de trabajo. Esto incluirá tanto las bicicletas, motos y coches que utilizan para desplazarse por las ciudades, como los teléfonos móviles desde los cuales reciben los pedidos. También les obligaría a inscribirse en un registro público y a desvelar algunas de las claves de sus algoritmos, de los que depende el reparto del trabajo o los sistemas de reputación de los trabajadores, un elemento fundamental para que se les distribuyan pedidos que entregar.

La polémica de los 'riders' es solo "la punta del iceberg" del sector de las plataformas digitales que hay que regular, según patronal y trabajadores

Aunque la negociación parece que entró en un compás de espera en Navidades, según algunas informaciones como esta de eldiario.es por petición de la patronal, con la tensión entre los empresarios sobre si esta nueva regulación debería aplicarse a todos los trabajadores de plataformas digitales o reducirse solo al ámbito de los riders, según La Vanguardia. El Ministerio de Trabajo, junto con patronal y sindicatos, volverían a reunirse este miércoles, según los abogados del Colectivo Ronda, el despacho que ha asesorado en la denuncia que ha acabado con la decisión judicial contra Deliveroo en Barcelona.

Los países del entorno europeo han reaccionado a la situación de los repartidores de maneras diferentes: Italia ha propuesto un modelo flexible, en el que si la relación es permanente se considera un contrato laboral y si no, un autónomo con derechos reforzados; mientras que Francia ha generado una figura intermedia, la del "autoemprendedor", cercano a una relación clásica pero sin exclusividad.

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