Glovo, Amazon y Uber Eats ceden ilegalmente 'riders' a empresas de trabajo temporal, según la denuncia de UGT ante la Inspección de Trabajo por posible fraude en la contratación

Riders de Glovo, Deliveroo y Uber Eats esperan pedidos en un banco en Barcelona

Reuters

  • UGT denuncia a Glovo, Amazon y Uber Eats ante la Inspección de Trabajo por posible fraude en la cesión de sus riders a ETT y por aplicarles un convenio incorrecto, según El País.
  • Cuando se apruebe por decreto la llamada ley rider, las plataformas tendrán un plazo de 3 meses antes de que comience a aplicárseles la obligación de prescindir de trabajadores autónomos.
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El octavo acuerdo del diálogo social de esta legislatura, el que incluye el pacto entre el Ministerio de Trabajo, las patronales y los sindicatos respecto a la llamada ley de riders, no ha supuesto el punto final a la conflictividad laboral en el sector de las plataformas digitales de reparto de comida a domicilio, a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe próximamente esta medida.

La norma sobre repartidores sigue la doctrina establecida por la sentencia del Tribunal Supremo sobre los repartidores de Glovo y reconoce la presunción de laboralidad a los riders de las plataformas digitales, además del derecho de sus representantes a conocer las reglas de los algoritmos que incidan en sus condiciones laborales, lo que supone poner fin al uso de falsos autónomos y a los abusos laborales en el sector delivery.

'Riders' asalariados, autónomos y falsos autónomos: así son sus condiciones laborales, según los propios repartidores

Sin embargo, aprovechando que la nueva ley aún no se ha aprobado y que se anunció que ofrecería a las plataformas 3 meses para adaptar su plantilla de repartidores a las nuevas condiciones, algunas de ellas podrían estar vulnerando los derechos laborales de estos trabajadores para intentar reducir su vinculación contractural con los riders y los costes que esa vinculación lleva aparejados, según una denuncia sindical desvelada por El País.

Así, UGT denunció el pasado viernes a Glovo, Amazon y Uber Eats ante la Inspección de Trabajo por haber cedido supuestamente de forma ilegal a parte de sus repartidores a empresas de trabajo temporal (ETT) externas y por aplicar a estos trabajadores un convenio incorrecto, según el diario del Grupo Prisa, que señala que el sindicato ha acusado a las plataformas de contratación fraudulenta para eludir sus responsabilidades y sus costes laborales.

La denuncia expone que las 3 plataformas de comida a domicilio han externalizado sus flotas de repartidores en ETT, en el caso de Glovo, y compañías logísticas, para Amazon y Uber Eats, aunque son las aplicaciones y algoritmos de las plataformas las que rigen las tareas de los riders, mientras que las ETT solo aportan la mano de obra, lo que según UGT supone incumplir el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.

Por otra parte, el sindicato señala que las plataformas están aplicando a los repartidores el convenio de mensajería, lo que implica empeorar sus condiciones laborales y de salario respecto al convenio de logística, aunque lo atribuye a la ambigüedad de la normativa. Además, UGT critica que la ley ofrezca 3 meses a las plataformas para adaptarse al nuevo modelo, que están aprovechando para buscar formas para abaratar sus costes laborales.

Las plataformas, en cambio, aseguran que la organización no les corresponde en exclusiva, según El País. Así, Glovo asegura que cuenta con distintos proyectos piloto de reparto en los que la organización puede correr a su cargo o a través de una empresa, como AliExpress, a la que han contratado el reparto de última milla desde hace meses, o Amazon, que recalca que son las empresas externas las que rigen el trabajo de los repartidores. 

No obstante, la ley de riders permite la subcontratación de empleados a empresas de flotas de repartidores, aunque especifica que serán esas empresas que ostenten la titularidad de la subcontrata las que organicen cómo se trabaja y no las plataformas, como sucede en el caso de Just Eat, dado que si la ejerciesen las plataformas supondría una cesión ilegal de trabajadores, según aseguraba en marzo Cinco Días.

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