Glovo paga 21 millones a la Seguridad Social para avalar los procesos judiciales sobre los falsos autónomos detectados entre sus 'riders' por la Inspección de Trabajo

Un rider de Glovo

Glovo

  • La plataforma Glovo pagó en diciembre 21 millones de euros a la Seguridad Social como aval para los procesos judiciales abiertos respecto a los falsos autónomos detectados entre sus 'riders' por la Inspección de Trabajo.
  • Las inspecciones han obligado a Glovo a dar de alta a más de 11.000 trabajadores por cuenta propia en 2019 y 2020.
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Mientras las plataformas digitales de reparto de comida a domicilio se preparan para la aprobación de la llamada ley de riders después del principio de acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal para considerar asalariados a los repartidores, la Seguridad Social sigue ajustando cuentas por el uso de falsos autónomos en estas empresas.

De este modo, Glovo ha abonado a la tesorería de la Seguridad Social 20,8 millones de euros como aval para los procesos judiciales abiertos contra la compañía por los falsos autónomos detectados por la Inspección de Trabajo entre los riders que trabajan para la plataforma, según El País, que asegura que el pago se produjo el 28 de diciembre después de que la Seguridad Social rechazase la última petición de aplazamiento de la empresa de reparto.

De hecho, la Seguridad Social había iniciado el procedimiento de apremio para reclamar el cobro de cotizaciones impagadas a Glovo dentro del plazo voluntario de pago. La plataforma digital, por su parte, habría intentado retrasar el pago, según el periódico del Grupo Prisa, que afirma que Glovo realizó en octubre una nueva petición de aplazamiento de estos pagos.

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Los procesos judiciales avalados por Glovo a la Seguridad Social proceden de los expedientes presentados por la Inspección de Trabajo entre 2018 y 2020, en los que se dictaminó que los repartidores de las plataformas digitales de reparto de comida a domicilio deberían ser considerados trabajadores asalariados y no autónomos, por lo que Glovo debía hacer frente a las cotizaciones sociales que no pagó por ellos en su momento.

Esas actuaciones han provocado que la inspección haya dado de alta como asalariados por cuenta ajena a más de 11.000 repartidores de Glovo entre 2019 y octubre de 2020, que en su momento generó una reclamación de 16,2 millones de euros en cotizaciones impagadas a la Seguridad Social, después de las denuncias de varios sindicatos al uso de falsos autónomos en Glovo en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Baleares, Asturias, Zaragoza o Murcia, entre otras.

El criterio de la Inspección parte de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado septiembre, en la que dictaminaba que "la relación existente entre un repartidor y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral", destacando que se trataba de "una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio" y no de una mera intermediaria, como defendía la plataforma.

Glovo, por su parte, ha asegurado a El País que siguen defendiendo su modelo de negocio en España y se ofrecen a un "diálogo fluido para abordar y aclarar cualquier asunto administrativo". Mientras, fuentes de la plataforma destacan a Business Insider España que los avales solicitados por la Seguridad Social son un proceso habitual para cubrir la deuda estimada mientras se cierran los juicios pendientes, de los que ninguno ha concluido todavía.

Sin embargo, tras el consenso en el diálogo social para laboralizar a los riders, la plataforma podría verse abocada a contratar a todos sus repartidores.

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