El Gobierno abre la puerta a que las empresas puedan desplegar redes 5G privadas al margen de las telecos, que temen perder contratos millonarios

Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

  • El Gobierno decide destinar un bloque de frecuencias radioeléctricas a empresas privadas para que puedan desarrollar sus propias redes 5G con el objetivo de autoprestarse servicios. 
  • Se trata de un movimiento que busca acelerar la implementación del 5G más allá de las conexiones móviles o de banda fija, sobre todo orientado al terreno industrial. 
  • Las operadoras se oponen a la decisión al entender que pueden perder contratos con grandes empresas o incluso puede dar pie a nuevos competidores, según Expansión.
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El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, dirigido por la ministra Nadia Calviño, ha reservado un paquete de frecuencias radioeléctricas para que las empresas privadas puedan desarrollar sus propias redes de conexión móvil con tecnología 5G, tal y como explica este miércoles Expansión.

Desde el Ministerio explican que el movimiento tiene como objetivo implementar la nueva tecnología 5G en ámbitos que van mucho más allá de los servicios de telefonía móvil o de banda ancha fija que prestan las operadoras de telecomunicaciones. Es decir, las empresas privadas no podrán crear infraestructura ni desplegar redes para comercializar al público, sino que únicamente podrán autoprestarse servicios.

¿Quién podría desplegar este tipo de redes? En principio puede ser cualquier tipo de compañía, pero parece que la normativa iría enfocada sobre todo al desarrollo de la automatización industrial, por lo que se apunta directamente a compañías de distribución de electricidad, gas o agua. Actualmente este tipo de compañías ya han hecho despliegues similares con las redes de fibra óptica para prestarse servicios y poner en el mercado la capacidad excedentaria.

En España, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) es el órgano encargado de reservar y atribuir cada una de las bandas de frecuencia en las que se divide el espectro radioeléctrico disponible, que va entre 8,3 kHz y 3000 GHz, para hacer posible las comunicaciones. Cada banda del espectro radioeléctrico está destinada al uso de una tecnología. Por ejemplo, Europa establece la banda entre 3,4 GHz y 3,8 GHz (3.400 y 3.800 MHz) como la banda principal para la introducción de la tecnología 5G. 

Lo que ha hecho ahora el Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, es destinar la banda de 2,3 GHz para el despliegue de estas redes privadas al margen de las telecos en el proyecto de orden ministerial para modificar el CNAF. Dentro de esa banda, que supone un bloque total de 100 MHz, 20 MHz serán destinados al desarrollo de redes privadas, lo que se corresponde con un 20% del total de banda. En Alemania, por ejemplo, el porcentaje de las bandas entre 3,4 GHz y 3,8 GHz destinado a redes privadas es del 25%. 

La CNMC cree que es poco espectro reservado y las operadoras se oponen

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha valorado “muy positivamente” la actualización del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) que impulsa el Gobierno. Sin embargo, a su vez destaca que “el volumen de espectro reservado podría resultar insuficiente para cubrir los distintos casos de uso que, en el ámbito de la industria 4.0, la tecnología 5G permitirá desarrollar”. 

La implementación del 5G en el tejido industrial es sin duda el reto de las próximas décadas. Esta tecnología permitirá el desarrollo del Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés) que supondrá una revolución en procesos de automatización y optimización en el sector industrial. 

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Por otro lado, la decisión parece contar con la oposición frontal de las operadoras, según explica Expansión, que hace solo unas semanas acudían a la subasta de la red 5G para repartirse la banda de 700 MHz y se dejaban 1.010 millones de euros Vodafone y Orange 350 millones cada una, y Telefónica 310 millones—. 

Las 3 operadoras se habían quejado los meses previos a la subasta del alto precio de salida, ya que actualmente viven asfixiadas por la alta competitividad de su mercado y la caída de los ingresos. En este sentido, las grandes operadoras ven esta decisión como una amenaza para su sector, ya que entienden que peligran algunos contratos con grandes empresas si deciden desplegar sus propias redes e, incluso, denuncian que la normativa podría dar pie a la aparición de nuevos competidores. 

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