El Gobierno envía a Bruselas las 30 iniciativas a las que destinará las ayudas europeas, que incluyen derogar la reforma laboral y mantener el cálculo de la pensión en 25 años

El Gobierno inició este martes el trámite para recibir las ayudas europeas del plan de recuperación del coronavirus, con el que España prevé recibir 140.000 millones de euros en los próximos 6 años, más de un 11% de su PIB, de los que 72.700 millones se entregarán como ayudas a fondo perdido. Para ello, la Comisión Europea deberá revisar la documentación enviada por los Ejecutivos de los 27 en la que detallan a qué destinarán esos fondos.

En el caso de España, Bruselas ya había recibido en las últimas semanas 28 de los 30 proyectos de reforma o de inversión que el Gobierno español ha priorizado ante el reparto de ayudas europeas y con las que elaborará su proyecto final para el reparto de esos fondos, que la Comisión Europea debe recibir antes del 30 de abril y en el que debe constar el desglose de gastos e inversiones a realizar y las metas a alcanzar con cada proyecto.

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El cumplimiento de ese calendario es crucial para que España pueda comenzar a recibir cuanto antes los 27.000 millones de euros en fondos comunitarios contra la crisis provocada por el coronavirus que corresponden al país en 2021. Sin embargo, 2 de las propuestas enviadas a Bruselas, sobre la reforma laboral y la de las pensiones, están todavía en fase de negociación en el seno del Gobierno, por lo que su proyecto definitivo podría demorarse.

Pese a ello, el Ejecutivo ha remitido los proyectos para estas 2 reformas, que han estado pendientes de realizarse durante las 3 últimas legislaturas, ciñéndose a lo estipulado en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos en diciembre de 2019 en lo que respecta a la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral aprobada por el anterior Gobierno del PP en 2012.

La derogación parcial de la reforma laboral ha sido motivo de polémica durante el último año. Así, solo 2 puntos de la reforma laboral aprobada en 2012 han sido derogados durante los primeros 12 meses de legislatura, el despido por bajas médicas justificadas en febrero y el despido objetivo por absentismo en abril. Sin embargo, tanto el PSOE como el Ministerio de Trabajo han reiterado que la modificación de la reforma laboral seguía siendo una de sus prioridades.

Las pensiones no ampliarán el cálculo a 35 años

No obstante, el Gobierno llegó a tener cerrado en junio un acuerdo con EH Bildu para iniciar el desmontaje legal de la reforma laboral a cambio del apoyo de la formación abertzale a la prórroga del estado de alarma durante la primera oleada de la pandemia, pero el PSOE se retractó a las pocas horas ante la polémica suscitada y apostó desde entonces por derogar la reforma laboral a través del acuerdo con patronal y sindicatos.

CEOE, en cambio, se opone a cualquier cambio en la reforma laboral y su presidente, Antonio Garamendi, ha llegado a afirmar que modificarla sería "una hecatombe". Por su parte, los sindicatos han reclamado derogar la reforma de 2012 al completo y han anunciado movilizaciones el próximo 11 de febrero para reclamar al Gobierno que actúe para cumplir su acuerdo de coalición en esta materia.

Por otra parte, en lo que respecta a la reforma de las pensiones, el Gobierno no ha incluido en la propuesta enviada a Bruselas la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 35 años, como habrían propuesto los ministerios de Economía y de Seguridad Social, según avanzó en su momento El Confidencial, pese a que Seguridad Social reconocía que esta medida supondría rebajar de media hasta un 5,5% la cuantía de la primera pensión.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha negado este miércoles en Onda Cero que esa propuesta haya partido de su departamento, ha descartado que se aplique y ha defendido una reforma de las pensiones basada en las recomendaciones del Pacto de Toledo, acordadas por el Gobierno, los sindicatos, las patronales, los partidos y varios organismos como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) tras 4 años de negociaciones.

Con estas 2 reformas y las otras 28 que completan las propuestas españolas, el Gobierno prevé cumplir los requisitos de la Comisión Europea para presentar planes de reformas que estén alineadas con las recomendaciones que Bruselas haya emitido para cada país y que cumplan con las metas del fondo europeo contra el coronavirus, que busca fomentar la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.