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El Gobierno creará nuevos impuestos por valor de 2.100 millones para afrontar la subida de las pensiones

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno
Flickr / European People's Party

El Gobierno ha remitido a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021, en el que le comunica la previsión de subir las pensiones un 1,6% este año y un 1,5% el próximo y que para sufragar el incremento planteará en el Pacto de Toledo la adopción de "nuevas figuras tributarias", como el nuevo tributo a las grandes tecnológicas, que permitirá incrementar la recaudación prevista en 600 millones de euros en 2018 y en 1.500 millones adicionales en 2019.

Así figura en el nuevo Programa de Estabilidad remitido por el Ejecutivo a la Comisión Europea este lunes a última hora, en el que informa a Bruselas de que si finalmente se aprueban los Presupuestos Generales del Estado (PGE) entrarán en vigor las medidas del acuerdo en materia salarial y de empleo público alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para el periodo 2018-2020 ─que contempla un alza de entre el 6,1% y el 8,79%─, la rebaja del IRPF en los tramos de renta más bajos y el incremento de las pensiones.

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Éste pasa por una subida de las pensiones mínimas de en torno al 3% en 2018, un incremento de cuatro puntos porcentuales de la base reguladora de las pensiones de viudedad y la revalorización en 2018 y 2019 de todas las pensiones, un 1,6% y un 1,5%, respectivamente. El incremento de las pensiones por encima de lo previsto en el proyecto de Presupuestos supone un coste adicional de 1.522 millones de euros, según cuantifica el Gobierno en el documento remitido a Bruselas.

"Nuevas figuras tributarias"

Para sufragar esta subida adicional el Ejecutivo planteará, en el marco del Pacto de Toledo, la adopción de "nuevas figuras tributarias" en línea con las iniciativas encuadradas en la cooperación y coordinación tributaria europea, que permitirán incrementar la recaudación prevista en 600 millones de euros en 2018 y en 1.500 millones adicionales en 2019.

En particular, plantea la creación este mismo año de un nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales que seguirá los principios recogidos en la propuesta de directiva presentada por la Comisión Europea el pasado 21 de marzo, anticipando su aplicación en España. Según explica el Ejecutivo, el objetivo de este impuesto es "superar las deficiencias" de los sistemas fiscales actuales y lograr que las grandes empresas de la economía digital tributen allí donde se crea el valor añadido.

Por ello, el nuevo gravamen se aplicará únicamente a empresas con un elevado importe de ingresos anuales, de forma que no grave a las pymes, y sólo gravará por los ingresos derivados de la prestación de determinados servicios digitales, que son los más difíciles de capturar por los sistemas tributarios vigentes. Estima que esta nueva figura tendrá un impacto recaudatorio de unos 600 millones de euros este año.

Las nuevas figuras tributarias aportarán un importe adicional de en torno a 2.100 millones de euros, inferior a los alrededor de 3.300 millones de euros que supondrá el coste de la subida, y se sumará al nuevo crédito del Estado superior a los 15.000 millones de euros.

El margen "adicional" en el rescate de las autopistas

En todo caso, tal y como ya avanzó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, las nuevas medidas para las pensiones, con un alza ligado al IPC y acordado con el PNV, se compensarán con una mayor recaudación fruto de nuevas figuras tributarias, así como por menor gasto de intereses, que se ha revisado a la baja en base a la evolución reciente de la prima de riesgo y de los tipos de interés, y por la mejor calificación crediticia otorgada por diversas agencias de rating a España.

Además, las nuevas estimaciones del coste de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje, permiten un margen de ahorro adicional, a lo que se sumará que el gasto en prestaciones por desempleo experimenta una ligera reducción a lo largo del periodo de proyección, a medida que aumenta el empleo y se reduce la tasa de paro.

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Para este año contempla 1.800 millones de euros para atender la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje que se encuentran en concurso de acreedores, lo que supone una revisión a la baja de este gasto contingente en base a la última información disponible por la IGAE, órgano responsable de auditar la citada RPA.

No obstante, explica que está trabajando para poder llevar a cabo la relicitación de dichas autopistas en 2018, lo que compensará parcialmente dicho gasto, estimándose los posibles ingresos cerca de 1.000 millones de euros.

Los ingresos adicionales derivados de la relicitación de estas infraestructuras no están incorporados en la previsión de la evolución de la formación bruta de capital de 2018, por lo que suponen un "margen adicional para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit".

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