El Gobierno reivindica su plan contra los efectos de la guerra como uno de los "más ambiciosos" de la historia de España: así se movilizarán los 16.000 millones de euros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que contempla varias de las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas que ha supuesto para todo el mundo la invasión de Ucrania. Muchas de estas propuestas ya las avanzó el presidente del Gobierno este lunes, pero esta vez han sido las tres vicepresidentas las que han pormenorizado algunos detalles.

"Una de las normas con mayor ambición desplegadas en la historia de España a pesar de que ya hemos gestionado una pandemia", ha reivindicado la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. "Lo vamos a volver a hacer, de esta crisis vamos a salir juntos".

Ha sido la propia vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que ha destacado la "satisfacción" que tiene el Gobierno de España ante las conclusiones del Consejo Europeo de la semana pasada. En ese Consejo, Sánchez logró sonsacar la "excepción ibérica" con la que se podrá topar los precios del gas en los mercados mayoristas.

Ribera ha recordado que la propuesta concreta para responder a esa excepción ibérica se está trabajando conjuntamente con las autoridades portuguesas, pero la intención del Gobierno es elevar una primera iniciativa "a lo largo de esta semana". Desde el Ejecutivo español se espera que una vez se eleve, la Comisión Europea sea ágil y en tres o cuatro semanas se tenga una respuesta, con lo que cabe entender que hasta finales del mes que viene no se podrá ver esta propuesta materializada.

También ha intervenido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha destacado que, ante la prohibición de despidos que ya se implementó durante los peores momentos de la crisis que desató la pandemia, ahora se impone una doble prohibición.

"Incorporamos dos prohibiciones para despedir. La nueva: será injustificado el despido cuando se produzca por causas que tengan que ver con el incremento de los precios de la energía". 

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La segunda, la antigua, que vuelve a estar vigente, es la prohibición de despedir "porque tenemos desplegados todos los mecanismos de protección social", ha enfatizado la ministra Díaz dirigiendo un "mensaje claro" a los empresarios del país. Esos mecanismos contemplan los ERTE, así como todas las ayudas sectoriales y directas que el Gobierno está presentando esta semana.

El plan, tal y como confirmó este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha corroborado este martes su vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, moviliza 16.000 millones de euros. 6.000 millones serán en ayudas directas y rebajas fiscales, mientras que 10.000 millones serán mediante nuevos avales del ICO.

La propia Calviño ha especificado que esa nueva línea de avales se podrán conceder hasta el 31 de diciembre de 2022 con un período de carencia de 12 meses. Además, ha anunciado una mayor flexibilidad en todos los avales. Quienes necesiten extender su vencimiento no tendrán que demostrar que su negocio en 2020 se redujo más de un 30% con respecto a 2019.

En los 6.000 millones de euros de ayudas directas se contempla el mínimo de 15 céntimos subvencionados por el Estado en el precio de cada litro de carburante. Las petroleras tendrán que aportar otros 5 céntimos, salvo excepciones muy concretas. Se trata de una propuesta que viene a paliar las dificultades del sector del transporte, pero también beneficiará al resto de consumidores.

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La ministra Calviño también ha destacado ayudas directas de 362 millones para el sector agrícola y ganadero, de 68 millones para el pesquero, de 500 millones para los grandes consumidores de electricidad, de 125 millones para la industria intensiva del gas, y de 450 millones para empresas de transporte de mercancías y pasajeros.

Entre las medidas para el transporte, el propio Sánchez también señaló este lunes que se contemplarían ayudas directas por camión, bus o vehículo ligero a las empresas y autónomos propietarios de sus flotas.

En palabras de la propia Calviño, este nuevo plan de choque para mitigar los efectos económicos de la invasión de Ucrania permitirá "contener los precios de la energía protegiendo los sectores más afectados y los colectivos vulnerables". "El Gobierno responde como venimos haciendo desde que nos golpeó la pandemia. Con intensidad, empatía, escuchando y dialogando".

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Los pilares de este plan (familias y personas, empresas y tejido productivo, mercado energético, ciberseguridad) atajan así varios objetivos, como "bajar el precio del gas, la electricidad y los carburantes", "apoyar sectores y empresas afectadas", "reforzar la estabilidad de precios", "garantizar suministros", o "acelerar el despliegue del Plan de Recuperación".

También hay medidas en materia de ciberseguridad, como un nuevo plan nacional con una inversión superior a los 1.000 millones de euros.

El conjunto de medidas que se ha detallado en el real decreto ley (que se conocerá una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado) no es lo único que conforma este plan de choque presentado hoy por el Gobierno. La ministra Calviño ha abundado en que hay otros mecanismos normativos que se adoptarán más adelante, y otros mecanismos no normativos que ya están desplegándose.

Yolanda Díaz también ha avanzado mejoras en el ingreso mínimo vital, así como un nuevo mecanismo armonizado para ayudar a las víctimas de la trata, ante la llegada de miles de refugiados procedentes de Ucrania. Sobre la actualización de los alquileres durante los próximos meses, la ministra de Trabajo ha reivindicado que el Gobierno "tiene el mandato de proteger a las personas que viven de alquiler".

Ese mensaje "a los que viven de alquiler y a los propietarios" lo ha lanzado la propia ministra al recordar que hay "personas que necesitan de un derecho fundamental como es la vivienda" y para las que en muchos casos "ahora mismo pagar su renta de arrendamiento no solo es un obstáculo, sino que resulta verdaderamente imposible".

Por su parte, y a expensas de conocer la totalidad del real decreto que se conocerá en las próximas horas, la propia ministra Ribera también ha destacado la prórroga del bono eléctrico, las reducciones fiscales en la factura de la luz, y una modificación extraordinaria que permitirá contar con procesos superacelerados en los proyectos para instalar 75 megavatios de eólica o 150 megavatios de fotovoltaica.

También en los próximos días se aprobará una reforma de la Ley de Aguas que permita el despliegue de fotovoltaica flotante en masas de agua de dominio público que estén gestionadas por las confederaciones hidrográficas.