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El Gobierno inhabilitará a las comercializadoras de gas fraudulentas y garantizará el suministro al cliente

Iñigo Méndez de Vigo, tras un Consejo de Ministros
Gobierno de España

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que contiene una batería de medidas destinadas a impulsar la utilización de las infraestructuras gasistas, así como a mejorar el funcionamiento del mercado y adoptar medidas en la lucha contra el fraude en la comercialización de gas natural.

En concreto, se revisan varias regulaciones relativas a la contratación y estructura de peajes del sistema gasista para ofrecer nuevos servicios y lograr una mayor eficiencia, señaló el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

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Así, las medidas adoptadas por el Ejecutivo se articulan mediante la modificación del Real Decreto 949/2001 (acceso y régimen económico del sistema), del Real Decreto 1434/2002 (regulación de actividades) y del Real Decreto 984/2015 (mercado organizado), entre otras normas.

De esta manera, se recogen medidas relativas al 'bunkering' (suministro de combustible de barco a barco), que son particularmente importantes para dar un mayor uso a las plantas de gas natural licuado (GNL) y para permitir que los puertos españoles puedan facilitar el suministro de GNL para navegación.

Asimismo, el real decreto establece la estructura del peaje de inyección de biogás/biometano desde las plantas de tratamiento de residuos, adaptando así el marco normativo actual a las necesidades de avanzar en la descarbonización de nuestra economía.

Inhabilitación de comercializadoras

El real decreto aprobado también establece un procedimiento más ágil para inhabilitar a las comercializadoras fraudulentas, a la vez que se protege a los consumidores afectados que seguirán manteniendo su suministro a través de una comercializadora de último recurso, sin perjuicio de que puedan cambiarse a otra comercializadora de su elección.

Además, se regula el procedimiento de baja de instalaciones de la red básica de gas y se regulan las obligaciones de desmantelamiento de las infraestructuras del sistema para garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente.

Por último, se reestablece la tramitación de las instalaciones afectadas por el Real Decreto-ley 13/2012, lo que les permitirá obtener la autorización administrativa y se determina un procedimiento para evaluar si su puesta en operación comercial es necesaria para el adecuado funcionamiento del sistema gasista.

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