El Gobierno retoma la negociación para aprobar la Ley de Vivienda antes de julio mientras se mantienen los desacuerdos sobre los límite al precio del alquiler

El Gobierno dispone de poco más de un mes para alcanzar un acuerdo sobre una de las normativas que más polémica ha generado en el seno de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Así, ambos partidos deben consensuar un borrador de la Ley de Vivienda y enviarlo al Congreso de los Diputados antes del mes de julio para cumplir con el calendario comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Así, el Ejecutivo ha retomado las negociaciones para aprobar la Ley de Vivienda para intentar alcanzar un acuerdo antes de julio, un plazo que el Ministerio de Transportes ha señalado que será suficiente para consensuar esta normativa, segúnEl País, que destaca que las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos se mantienen respecto a los límites al precio del alquiler mientras se han alcanzado avances respecto a los desahucios y la penalización a las viviendas vacías.

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De este modo, el Ministerio de Transportes, dirigido por el socialista José Luis Ábalos, y el de Derechos Sociales, liderado por la candidata a liderar Unidas Podemos Ione Belarra, han dejado atrás la confrontación respecto a esta medida en la que se enzarzaron meses atrás para centrarse en negociar, según el diario del Grupo Prisa, que asegura que en los últimos meses las reuniones semanales han dado paso a cruces de llamadas y mensajes para encauzar el acuerdo.

No obstante, persiste el principal punto de desencuentro entre ambos ministerios, el mecanismo para regular los precios del alquiler. Ábalos, que propuso bonificaciones de hasta el 90% para los caseros que rebajen el alquiler en zonas tensionadas y que fueron criticadas por el sindicato de técnicos de Hacienda al señalar que no ayudarían a abaratar el alquiler, ha ofrecido complementar esta medida con prórrogas obligatorias de los precios del arrendamiento, según El País.

Por su parte, Belarra ha insistido en la necesidad de poner límite a las subidas abusivas del precio del alquiler, como ambos partidos pactaron en su acuerdo de coalición al comienzo de esta legislatura y como reclamó la Eurocámara el pasado mes de enero, respaldando la puesta en marcha de límites al precios del alquiler como los aprobados en Cataluña para proteger el derecho a una vivienda digna y asequible de la inversión especulativa.

El Ministerio de Derechos Sociales ha propuesto que sean las comunidades autónomas las que fijen los topes de precio del alquiler para buscar el acuerdo con Transportes, que rechaza desprenderse de una competencia estatal como es la Ley de Arrendamientos Urbanos, que estipula que el precio del arrendamiento lo fijan libremente casero e inquilino, según El País, que augura que la medida generará debate y enmiendas en su trámite parlamentario.

Más allá de esta cuestión, PSOE y Unidas Podemos sí han acercado posturas respecto al mantenimiento de la potestad de los juzgados de paralizar temporalmente los desahucios que afecten a familias vulnerables si no existe una alternativa habitacional, tras el acuerdo entre ambos partidos para ampliar esta medida, que se aprobó al inicio de la pandemia junto a las moratorias de contratos de alquiler, hasta el mes de agosto.

Además, también se ha llegado a un consenso para la penalización de las viviendas vacías, para las que el Gobierno ha aprobado recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por cada vivienda vacía a partir del cuarto inmueble sin uso por propietario durante los últimos 2 años, con el fin de que los municipios recurran a esta medida de forma extraordinaria para hacer aflorar viviendas deshabitadas e incrementar la oferta inmobiliaria disponible.

Sin embargo, sigue habiendo disensiones sobre si la medida afectará a también a particulares o solo a empresas, sobre cuál será el número de viviendas a partir de las que se considera a un casero como gran propietario o sobre las penalizaciones a aplicar en el IBI, con el PSOE defendiendo un recargo del 75% por cada vivienda vacía y Unidas Podemos apostando por elevar ese porcentaje de penalización hasta el 200% para grandes tenedores de vivienda, como bancos y fondos de inversión.