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El Gobierno prohibirá que las instituciones tengan servidores fuera de la UE, pero no explica por qué lo ha hecho con "urgencia" en plena crisis independentista

Manifestantes en Cataluña tras la sentencia del procés.
Manifestantes en Cataluña tras la sentencia del procés. REUTERS/Jon Nazca
  • La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha abundado en el Real Decreto Ley que se publicará en el BOE el próximo martes.
  • Tendrá siete artículos, y varias disposiciones adicionales, transitorias y finales: prohibirá a las administraciones tener sus servidores fuera de la Unión Europea.
  • Sánchez, en una entrevista matinal en Onda Cero, ha asegurado que sería para combatir al independentismo en la red.
  • "No habrá independencia ni online ni offline", ha asegurado el presidente del Gobierno en funciones.
  • Calvo ha evitado explicar si el Gobierno tiene constancia de que haya intenciones por parte de la Generalitat de mover algunos servidores fuera.
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El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves por trámite de urgencia un Real Decreto-Ley para evitar que las administraciones públicas alojen sus datos y servicios digitales en servidores fuera de la Unión Europea. El documento será publicado en el BOE el próximo martes y tendrá que pasar por la Diputación Permanente de las Cortes, a fin de que la oposición vote el texto.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha sido la encargada de presentar este Real Decreto Ley, del que no ha aportado muchos detalles. En la rueda de prensa después del Consejo de Ministros de este jueves, Calvo ha recordado que el Gobierno, con esta nueva norma, concreta "estrategias de la seguridad nacional".

El nuevo Real Decreto-Ley llega justo en plena crisis independentistas, pocos días después de que la Audiencia Nacional bloquease la página web del movimiento Tsunami Democràtic.

Con esos mismos términos ha eludido en hasta cuatro ocasiones las preguntas de los periodistas, que inquirían a la ministra para saber si el Ejecutivo había detectado algún movimiento en Cataluña por parte de la Generalitat que le animase a aprobar en trámite de urgencia este Real Decreto-Ley.

Así, se ha negado a dar respuesta, y ha advertido que un Gobierno en funciones no debería "desvelar situaciones que corresponden a los cuerpos y fuerzas de seguridad o a la justicia".

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Solo se conoce la vertiente que afectará a los servidores de las administraciones públicas gracias a una entrevista del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante la mañana de este jueves.

Sánchez, en Onda Cero, aseguró a primera hora de este jueves que con este Real Decreto Ley el Gobierno busca "poner fin al proyecto del independentismo de la república digital", y que el texto legal impedirá que las administraciones públicas contraten servidores "en paraisos digitales". "No habrá independencia ni online ni offline".

A pesar de las insistencias de los periodistas para ver si la vicepresidenta Calvo confirmaba algún movimiento en Cataluña que hubiese forzado al Gobierno a tramitar este Real Decreto Ley con urgencia, la también ministra se ha mostrado inflexible. "El que se eleve un asunto al Consejo de Ministros es cotidiano, normal y legal", ha insistido, al tiempo que ha defendido que detrás del documento hay mucho trabajo y mucho tiempo.

Sobre la urgencia, Calvo ha señalado que "hay situaciones  en el orden cotidiano de nuestras vidas ante las cuales hay que reaccionar, y cuanto antes, mejor".

Cómo se dividirá el Real Decreto-Ley

Esta nueva norma, "compleja, enjundiosa" en palabras de la vicepresidenta, se dividirá en en cuatro capítulos, siete artículos, una disposición adicional, tres transitorias y tres finales.

El primero de estos capítulos contempla medidas para configurar el DNI como un documento identificador "exclusivo y excluyente", "como el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular".

Entre tanto, el segudo capítulo propone medidas en materia de identificación electrónica ante la administración, "y ubicación de determinadas bases de datos y datos cedidos a otras administraciones públicas". En otras palabras, el punto polémico de la norma.

El tercer y el cuarto capítulo están repletos de medidas para garantizar la ciberseguridad en la contratación pública y en materia de telecomunicaciones.

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