Unas 130.000 empresas pretenden presentar concurso de acreedores si no reciben ayudas

La crisis sanitaria ha vivido un respiro en los últimos días, pero la económica no cesa. Más de 300.000 empresas españolas siguen acogidas a un ERTE, en torno a 638.000 en total requieren más financiación para no echar el cierre y alrededor de 130.000 están a las puertas de presentar concurso de acreedores si no llegan las ayudas que les permitan solventar su situación ante la pandemia de coronavirus.

Estos son los datos que desprende el último barómetro publicado este viernes por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, llevado a cabo a través de una encuesta realizada entre sus 6.000 colegiados.

En él queda reflejado que al menos el 60% de las compañías que están en ERTE deberán acogerse a la ampliación de plazos aprobados por el Gobierno. Y, además, el 50% de las que ya no están acogidas a estas ayudas solicitará una ampliación de plazos de los préstamos avalados por el ICO.

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Uno de los datos más reveladores de este informe es que todas las empresas que continúan en ERTE necesitan más financiación para sobrevivir. Y no solo esas compañías, sino también 124.000 pymes que cuentan con operaciones ICO y otras 214.000 que solicitaron este aval, pero no se lo concedieron. En total, pues, 638.000.

Así, y tal y como quedo reflejado en el barómetro del pasado mes de noviembre, el 6% de las empresas no puede atender a sus compromisos de pago.

Los Gestores Administrativos temen los concursos de acreedores

En cuanto a las 130.000 empresas que pretenden presentarse a concurso de acreedores si no reciben ayudas, los Gestores Administrativos han mostrado su preocupación.  “Esperemos no llegar a esta situación”, ha señalado el presidente del organismo, Fernando Santiago, a través de un comunicado.

Santiago ha reconocido que el dato no les ha sorprendido. No obstante, ha indicado que entiende que esta cifra responderá tanto a concursos como a desapariciones directas. “Las empresas están esperando una decisión que les permita sobrevivir y por eso aguantan más de lo que pueden”, ha lamentado.

Y ha añadido: “Los empresarios y autónomos no quieren que sus negocios desaparezcan, pero no es de recibo mantener esta incertidumbre tanto tiempo, el Gobierno ha de tomar medidas, directas, ya”.

Las empresas piden aplicar ayudas directas como principal medida

En concreto, las medidas que los colegiados creen que el Ejecutivo debería llevar a cabo para aliviar los problemas pasan por implementar ayudas directas (según el 56% de los encuestados), rebajar los seguros sociales (52%) y facilitar el pago de los impuestos, con más plazo, mayor importe para aplazamientos y eliminación del tipo de interés (50%).

También han mencionado la prórroga de los ICO, la implantación de nuevas líneas de financiación y una mejora en los ERTE.

En cuanto a qué empresas deben considerarse viables, en el caso de que esta sea la condición para ser rescatada por el Estado, el 55% de los Gestores Administrativos afirman que no será fácil definir quién es o no viable.

Un 39% ha considerado que deben ser consideradas viables aquellas que lo eran antes de comenzar la pandemia, mientras que un 32% ha apuntado que serán viables aquellas que cuenten con un reducido endeudamiento.

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“El Ejecutivo tiene mucho trabajo y poco tiempo, por lo que le pedimos que no demore más las medidas que permitan salvar a nuestros negocios”, ha solicitado. Y ha continuado: “Por favor, actúen con ayudas directas, no enmascaren el problema, resuélvanlo. No se olviden que no solo salvamos negocios, sino que salvamos familias”.

Más de 200.000 empresas reclamarán indemnizaciones por el Estado de alarma

Finalmente, este Barómetro muestra que más de 200.000 empresas tienen intención de reclamar al Estado indemnizaciones por el estado de alarma y más de 150.000 negocios reclamarán a sus seguros.

 “Es cuestión de días que, con la publicidad necesaria, muchas empresas se adhieran a demandas colectivas o presenten la misma de forma individual. El Gobierno debería ser ágil para responder con ayudas directas y evitar que el sistema judicial se colapse también por estas demandas”, ha concluido el presidente de los Gestores Administrativos.

 Artículo original deEconomía Digital