La ley de vivienda ahora sí que es inminente: el Gobierno alcanza un acuerdo contrarreloj a 44 días de las elecciones con congelación de alquileres en áreas tensionadas y un límite del 3% en 2024

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Reuters

  • El Gobierno llega a un acuerdo con ERC y Bildu para aprobar la nueva ley de vivienda antes de las elecciones del 28 de mayo.
  • El límite del 3% a las subidas de los alquileres en vigor ha sido clave para desbloquear las negociaciones, pero la nueva norma incluye muchas más medidas.

La aprobación de la ley de vivienda lleva siendo inminente desde hace más de 2 años, y el hype ya empezaba a agotarse. 

Ahora sí, después de más de 2 años de negociaciones, con un texto que avanzaba a trompicones y sufría tantos cambios que parecía estar vivo, hay un acuerdo para la ley de vivienda que parece convencer al Gobierno de coalición y a sus socios en el Congreso, y que podrá aprobarse justo antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

El Gobierno ha llegado a un pacto con ERC y Bildu, a los que necesitaba para poder aprobar la norma con holgura, y donde el límite del 3% a la revalorización de los alquileres en vigor ha tenido un papel clave. 

Esta vez, el Ejecutivo ha cedido el protagonismo a sus socios de Gobierno: han sido la diputada Pilar Vallugera (ERC), y el portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, los que han explicado los detalles del acuerdo:

Además del tope del 3% a los alquileres (que afectará a todos los contratos de alquiler en vigor, independientemente de si están o no en áreas tensionadas), la nueva ley incorpora una batería de medidas estrella que han generado mucha polémica en el sector privado:

El control de alquileres será una realidad: la ley de vivienda congelará precios en áreas tensionadas, que serán declaradas por las comunidades y ayuntamientos; se establecerá la definición de piso vacío, que habilitará a los ayuntamientos a aplicar un recargo de hasta el 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles; y la obligación de destinar un 30% de las nuevas promociones a vivienda social.

Además, los honorarios de la agencia inmobiliaria en caso de alquileres correrán siempre a cuenta del propietario, y habrá nuevas prórrogas para los desahucios y la paralización en caso de colectivos vulnerables.

Pareja de jóvenes, de mudanza en alquiler de vivienda

Gasolina para la campaña electoral

Lo cierto es que la mecha que ha ido prendiendo y haciendo avanzar las conversaciones no ha sido tanto la necesidad imperiosa de poner fin al drama habitacional de muchos colectivos y mejorar su acceso a la vivienda, sino la proximidad de fechas clave para la continuidad política del Gobierno, como la aprobación de presupuestos, o unas elecciones.

En este caso, el Gobierno se ha puesto las pilas para asegurarse la aprobación de la norma antes de los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo, fecha clave para ERC y Bildu, los 2 partidos cuyo apoyo resultaba esencial en el Congreso.

La aprobación de una ley de vivienda era una de las grandes promesas del Gobierno de coalición y, precisamente por ello, las pequeñas (y no tan pequeñas) discrepancias entre socialistas y morados abrieron un abismo en las negociaciones

En el tiempo que han durado las conversaciones, España ha vivido una pandemia, la erupción de un volcán, la inflación más alta de los últimos 40 años y 5 subidas históricas de tipos para controlarla. 

El tira y afloja entre PSOE y sus socios de Unidas Podemos se remonta a 2020, cuando comenzaron las negociaciones. Hizo falta año y medio para definir los detalles de la norma. No fue hasta principios de febrero de 2022 el texto recibió luz verde del Consejo de Ministros. Pero entonces comenzó la siguiente travesía por el desierto: la del Congreso.

Hubo momentos en los que la aprobación parecía inminente (como cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a la norma e inició los trámites en el Congreso, hace más de un año), y gran parte del inmobiliario se echaba a temblar; y meses de estancamiento, en los que muchas voces del sector confiaban en que el texto no viera la luz antes de las elecciones generales.

Un grupo de personas en una ilustración

El Gobierno necesitaba aprobar sí o sí la ley de vivienda si quería recibir 10.000 millones de euros de Bruselas. El acuerdo estaba vinculado al desembolso del cuarto pago de los fondos europeos, que España todavía no ha solicitado.

Una vez convalidado en el Congreso, el proyecto de Ley pasa al Senado, donde también se tiene que debatir y votar. Saldrá adelante si recibe el apoyo de una mayoría simple. Sólo cuando las Cortes le den su bendición, la ley se publicará en el BOE para su entrada en vigor.

Vivienda jovenes

Qué cambia la nueva ley de vivienda

Aunque el tema central de las negociaciones en las últimas semanas ha sido si incluir o no un tope de precios para los contratos de alquiler en vigor, la nueva ley de vivienda incluye muchas otras medidas, entre ellas el polémico control de precios en áreas tensionadas.

El acuerdo incluye una batería de incentivos fiscales para propietarios que hagan descuentos o alquilen sus viviendas en determinadas condiciones (con descuentos, o si lo alquilan a jóvenes o colectivos vulnerables), una penalización para pisos vacíos, y la definición de áreas tensionadas. También modifica el concepto de grandes propietarios en zonas tensionadas.

Además, la nueva norma obligará a destinar un porcentaje mínimo de alquiler social en las nuevas promociones de vivienda, regulará los desahucios, incentivará la promoción de pisos de alquiler asequible en el sector privado y la creación de programas con los ayuntamientos para construir vivienda social en parque público.

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